El PSOE propone crear un impuesto europeo a los ricos y a la banca por sus beneficios extraordinarios

El PSOE propone exportar el modelo tributario de España e implantar en la UE el impuesto a las grandes fortunas y a la banca por sus beneficios extraordinarios frente a las recetas neoliberales de la derecha tradicional y la ultraderecha, cuyos pactos potenciales en Bruselas consideran en Ferraz y La Moncloa un “caballo de Troya” y una “amenaza real” al proyecto comunitario. Los socialistas consideran también que es prioritario incrementar los recursos de Bruselas con un sistema tributario más progresivo que permita financiar la adaptación al cambio climático y la lucha contra la desigualdad. El principal partido del Gobierno recoge en su programa para las elecciones europeas del 9 de junio que se consideren como nuevas fuentes de ingresos “los impuestos de solidaridad que gravan beneficios extraordinarios, la imposición de sectores como el bancario cuyo valor añadido está infragravado, los impuestos sobre las transacciones financieras y la tributación de las grandes fortunas y de las ganancias de capital, incluidas las recompras de acciones”.

La candidatura de Teresa Ribera destaca que el 1% más rico en la UE acapara el 25% de toda la riqueza, “lo que socava la cohesión social y económica”, y por eso propone implementar un impuesto a las grandes fortunas “a nivel europeo, trasladable a escala global”, para de esta forma “allanar el camino hacia una sociedad más solidaria, justa y equitativa”. Los impuestos sobre sucesiones y donaciones deberían contar con unas bases mínimas comunitarias en toda la UE “que minimicen la competencia fiscal”. En cuanto a las grandes multinacionales, el PSOE observa que “deben pagar la parte que les corresponde” y con ese propósito concibe una “tributación mínima adecuada” en el impuesto sobre Sociedades a nivel internacional y dentro de la UE: el resultado sería una mayor armonización del impuesto “a la vez que se evita una carrera a la baja, con una distribución más equitativa de los ingresos fiscales entre los países donde operan las corporaciones transnacionales”.

La prevención de la elusión y evasión fiscal por parte de multinacionales y grandes patrimonios y proseguir con la fiscalidad verde, con un paquete de impuestos medioambientales progresivos “que tenga en cuenta la protección para la clase trabajadora” es otra de las premisas en el documento, que consta de 104 páginas. El PSOE urge a “avanzar en la armonización de los sistemas tributarios” y abordar las “disparidades” en las leyes fiscales de los países de la UE, “que permiten la elusión fiscal y la concentración de riqueza”. Y a que las políticas tributarias incorporen “de forma firme” la perspectiva de género para contribuir a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, “fomentando la igualdad de oportunidades en el mercado laboral e impulsando la autonomía económica de las mujeres”. Para combatir los paraísos fiscales, los socialistas instan a “incorporar algún tipo de sanciones más allá de los costes reputacionales”.

Esa “agenda verde con corazón rojo”, según el PSOE, introduce instrumentos de fiscalidad ambiental que, bajo el principio de “quien contamina paga”, pretende promover un modelo económico más sostenible y aumentar la capacidad fiscal para hacer frente a los desafíos que suponen el cambio climático, teniendo muy en cuenta “un equilibrio más justo de los gravámenes a las rentas procedentes del trabajo de la clase media y trabajadora” por los impuestos ambientales.

La adaptación al cambio climático, mediante la apuesta por las energías renovables y un nuevo modelo productivo es un imperativo para el PSOE. “No es posible poner en pausa la agenda verde”, sentencia en su programa. “Cualquier retraso es asumir daños y costes que suponen una catástrofe en la vida diaria de muchos ciudadanos y para las generaciones venideras. Retrasar la agenda verde u optar por la política del sálvese quien pueda, no son la solución”, alerta. Y por esta razón considera “imprescindible” impulsar una Ley de Adaptación al Cambio Climático “que debe ser una realidad a nivel europeo, al ser el continente con mayor aumento de las temperaturas en el mundo”. La sucesión de años cada vez más calurosos pondrá en peligro “la seguridad hídrica, energética y alimentaria” de la UE y sus “ecosistemas, infraestructuras, estabilidad financiera y salud pública”, se advierte en el documento. “Es prioritario conseguir una economía circular y climáticamente neutra en 2050″, zanja el PSOE, que hace hincapié en que “los impactos climáticos no serán los mismos” en la UE y se deberán “desarrollar mecanismos de solidaridad”.

La lista que encabeza la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica se contrapone como abanderada del discurso medioambientalista en su batalla ideológica con la derecha. “Nos enfrentamos a fuerzas retardistas -en alusión al PP-, que siempre encuentran excusas para ralentizar los cambios que necesitamos en nuestra economía y nuestra sociedad”, recoge el programa del PSOE. “También nos enfrentamos a corrientes directamente negacionistas, que rechazan la realidad del cambio climático y torpedean las políticas de mitigación y de adaptación”, abunda sobre Vox. Los socialistas se comprometen con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, denostada por el partido de Santiago Abascal. “No es casual que la Agenda 2030 se haya convertido en una de las dianas principales de los ataques de la extrema derecha dentro y fuera de España: se trata de la hoja de ruta más progresista existente a escala internacional, asumida como tal por las instituciones europeas”, defienden el plan impulsado por Naciones Unidas ante unas elecciones cruciales en las que las formaciones euroescépticas de la ultraderecha aumentarán su presencia, y por tanto su influencia, en el Parlamento Europeo.

El PSOE está resuelto a revisar la legislación europea sobre calidad del aire para que las zonas de bajas emisiones, que el PP y Vox se resisten a aplicar en las administraciones donde gobiernan, “incluyan de modo explícito la obligación de los Estados de incluir sanciones por incumplimiento”. El Gobierno movilizó 1.500 millones de euros de los fondos europeos en dos convocatorias (2022 y 2023) para impulsar el desarrollo de estas zonas de bajas emisiones y otras actuaciones en movilidad sostenible urbana. Sin embargo, las alianzas de PP y Vox tras las elecciones municipales y autonómicas del 28-M se estrenaron en muchas alcaldías eliminando carriles bici en ciudades como Valencia, Elche, Valladolid, Gijón o Palma y anunciando que sus futuras zonas de bajas emisiones reducirían sus proyectos iniciales. El Ministerio de Transportes avisó a finales del año pasado a las 200 localidades receptoras que les retirarían las subvenciones si no realizaban los proyectos comprometidos.

Creación de un fondo europeo de inversión

La primera condición para mejorar la vida de los europeos y, por tanto, de los españoles es conseguir una “economía europea fuerte en el mundo” en un contexto geopolítico marcado por la guerra ilegal de Putin sobre Ucrania -a la que el PSOE mantendrá su “apoyo inquebrantable” y defenderá “la continuidad de la asistencia política, humanitaria, financiera y militar el tiempo que sea necesario y recurriendo a la emisión de deuda europea para financiarla”- y otros focos de incertidumbre y altamente volátiles como el conflicto palestinoisraelí y la inestabilidad en África. “El presupuesto de la Unión debe ganar peso y capacidad (...) Es imperativo un aumento significativo. La emisión de deuda mancomunada debe encontrar continuidad más allá de 2026 como elemento clave de la solidaridad y la cohesión territorial europea”, es uno de los objetivos, al igual que “promover la autonomía industrial europea” y hacer de la transición verde “una oportunidad de crecimiento y empleo sostenible”.

El PSOE insiste en la creación de un gran Fondo Europeo de Inversiones, financiado con deuda mancomunada emitida por la UE, “que dé continuidad a los esfuerzos compartidos para acometer las transiciones verde y digital, así como a todas las inversiones necesarias para garantizar nuestra seguridad y competitividad”. Los socialistas proponen además un gran Fondo de Inversiones en Bienes Públicos Europeos y que contribuya a “cerrar las brechas de desigualdad existentes” y a “crear un entorno que genere nuevos puestos de trabajo de calidad”. También se incide en “mejorar las capacidades de la UE en ciberseguridad, tecnología y necesidades estratégicas”, lo que conllevaría más recursos para “infraestructuras críticas”.

La autonomía estratégica de la UE para “reforzar la soberanía” de Europa y lograr “una mayor independencia de terceros países, preservando y ampliando al mismo tiempo unos vínculos fiables con los socios internacionales” también es perentorio. Lo mismo que la supervisión común de los mercados de telecomunicaciones, energía y servicios financieros para fortalecer un mercado único que integran 450 millones de personas. Otra premisa es culminar la unión bancaria mediante de un seguro europeo de depósitos bancarios que homogenice la seguridad de todos los depósitos en el conjunto de la UE.

“Soluciones realistas” y contra la “externalización” de la gestión de las fronteras

El PSOE ha publicado su programa el mismo día que EL PAÍS ha adelantado que Marruecos, Túnez y Mauritania usan fondos de la UE para detener a migrantes y dejarlos en el desierto. Los socialistas defienden que las fronteras exteriores de la UE “se gestionen y controlen de forma eficaz, al tiempo que se protegen los derechos de las personas”. “Nos seguiremos oponiendo a toda forma de externalización de la gestión de las fronteras de la UE que solo genera situaciones de vulnerabilidad, desprotección y vulneración de derechos y al uso de los fondos de la UE para ese fin”, sostienen. Fuentes de Ferraz explican que el PSOE respalda la política de control de fronteras en origen iniciada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero siempre que se respeten los derechos humanos y lamentan el uso dado a los fondos europeos por los países del Magreb citados en la información publicada por este diario.

Los socialistas propugnan “reforzar” el papel de las agencias de la UE como Frontex y la Agencia Europea de Asilo con “soluciones realistas que no impliquen sustitución, sino complementariedad respecto a la labor de los Estados miembros, y que respeten plenamente los derechos humanos”. “En ese sentido, seguiremos fortaleciendo la buena gobernanza, la transparencia en su acción y la rendición de cuentas de Frontex, que debe disponer de medios y presupuesto adecuados para realizar su labor”, remarcan.

Los fondos comunitarios de asilo y migración “deben repartirse adecuadamente en función de las contribuciones a la solidaridad de los Estados Miembros, limitándose su aplicación a los países que no cumplan los acuerdos o no defiendan los valores de la UE y la perspectiva de derechos humanos”, insiste el PSOE. Otro compromiso es “la aprobación de un instrumento a nivel europeo para dar la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas y consulados en el exterior, así como los expedientes de visado humanitario”. Sin embargo, el Gobierno está demorando la orden de la Audiencia Nacional de traer a España a un sudanés que sobrevivió a la tragedia de Melilla de junio de 2002, fue expulsado en caliente a Marruecos y pidió asilo en la Embajada de España en Rabat.

En materia de vivienda, el PSOE plantea como “objetivo vinculante” que al menos el 30% de las construcciones nuevas sean viviendas asequibles para los grupos de bajos ingresos -sin especificar la cuantía-, y que otro 30% sea para los grupos de ingresos medios. E insiste en seguir adelante con las inversiones públicas para la rehabilitación de edificios que prioricen la eficiencia energética, la sostenibilidad y la accesibilidad. Para contener la profusión de alquileres vacacionales irregulares, el PSOE es partidario de “profundizar y consolidar el control de las operaciones y evolución de las plataformas de alquiler de corta duración” para garantizar su ajuste a la normativa aplicable en materia de alquileres turísticos” en la lucha contra la oferta turística ilegal.

La puesta en marcha de una Estrategia Europea de lucha contra la Despoblación es otra política fundamental para el PSOE: el 30% del territorio español concentra el 90% de la población. Los socialistas mantienen una de sus promesas de las elecciones generales del 23-J: “garantizar la calidad de vida en cualquier lugar, con una cartera de servicios básicos, públicos y privados a una distancia máxima de 30 minutos de cualquier núcleo de población”. El fin es frenar el abandono de las zonas rurales “proporcionando servicios básicos, públicos y privados, y conectividad” y facilitar el relevo generacional en el sector primario con nuevas generaciones de agricultores.