El Gobierno demora la orden de la Audiencia Nacional de traer a España al sudanés que pidió asilo en Rabat

Hace 42 días la Audiencia Nacional dictó un auto que ordenaba a la Administración que efectuase las “actuaciones oportunas” para que un joven sudanés que pidió protección en la Embajada de España en Rabat hace ya más de un año pueda trasladarse a territorio español. Se trata de una medida cautelar de ejecución inmediata, pero el Ministerio de Exteriores y el de Interior la están dilatando. Preguntado por qué no se da cumplimiento al auto, el departamento de Fernando Grande-Marlaska alega que su competencia comienza cuando el solicitante esté en España; el de José Manuel Albares no responde por “confidencialidad”. Fuentes conocedoras del caso confirman que la Audiencia Nacional envió este miércoles sendos oficios a los dos ministerios y a la embajada, dándoles cinco días para que informen de lo que han hecho para acatar la decisión. La Abogacía del Estado tiene hasta el próximo martes para recurrir, pero el recurso no exime del cumplimiento del auto.

La historia de este sudanés, que podría ser uno más entre tantos refugiados que intentan dar el salto a España desde Marruecos, se coló en los despachos de las autoridades españolas el 13 de diciembre de 2022. Asistido por DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, Basir (nombre ficticio) se planta en la Embajada española en Rabat y pide que se le aplique el artículo 38 de la Ley de Asilo. Este permite pedir en una delegación diplomática el traslado a territorio español para formalizar la solicitud de protección internacional, siempre que haya riesgo para su integridad física.

Basir, de 25 años, lleva huyendo desde que es un adolescente, cuando perdió a su padre y uno de sus hermanos en una matanza en su aldea. El joven es cristiano y alega persecución religiosa en un país en guerra que ya tiene el mayor número de desplazados internos del mundo, más de siete millones de personas. Basir, además, fue uno de los supervivientes de la tragedia de Melilla, en junio de 2022, y aunque logró entrar en territorio español, fue expulsado en caliente. Si hubiese podido pedir asilo se lo habrían concedido con seguridad: España resuelve favorablemente el 100% de los expedientes de sudaneses, según datos de Interior.

La iniciativa del joven sudanés acabó poniendo frente al espejo al Gobierno, que ha accedido a las peticiones de cientos de afganos en Pakistán, pero las ignora sistemáticamente en otros casos, especialmente el de subsaharianos.

Basir puso a prueba el cumplimiento de la legislación y cuánto hay de verdad en la afirmación de que quien salta la valla o se sube a una patera es porque quiere, porque es posible pedir protección en delegaciones diplomáticas. Es lo que defendió España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se juzgaba la legalidad de las devoluciones en caliente. En su defensa, la Abogacía del Estado argumentó contra los demandantes que estos “habrían podido entrar en España legalmente si hubieran presentado las solicitudes de asilo en Marruecos, en la Embajada, en los consulados de España en Marruecos o en el resto de Estados por los que pasaron”. Este argumento, que fue clave para la sentencia absolutoria, también lo ha defendido el ministro Grande-Marlaska en varias ocasiones.

Su abogado, Arsenio G. Cores, lamenta que el Gobierno “ignore” la resolución de la Audiencia Nacional. “Es una demostración más de que no existen vías efectivas de acceso al derecho de asilo para las personas africanas negras, como ha afirmado el ministro Grande-Marlaska en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo”.

La angustiosa espera de Basir, que malvive en las calles de una capital marroquí con miedo a ser detenido, maltratado y expulsado por las fuerzas de seguridad, también llegó al Congreso el 9 de febrero de 2023. En el mismo texto con el que una mayoría de diputados reprobó al ministro del Interior por su actuación ante la tragedia de Melilla, se incluyó la petición del traslado inmediato a España de Basir. La impulsó el PP y hasta Vox votó a favor.

Las instrucciones dadas ante un caso como el de Basir dictan que el embajador tiene la facultad para que, si considera que “la integridad física de esa persona corre peligro”, facilite el traslado del solicitante a territorio nacional. El de Marruecos no decidió ni a favor ni en contra y, ante la inactividad administrativa, los abogados de Basir interpusieron un recurso ante la Audiencia Nacional el 1 de septiembre de 2023. Y tres meses después solicitaron la medida cautelar para que Basir pudiese viajar a España. La Audiencia se la denegó el pasado 15 de enero porque no consideró que existiese ningún riesgo para la vida e integridad del solicitante, pero ante un nuevo recurso [y una nueva sentencia] cambió de parecer.

El nuevo auto toma en consideración una sentencia del Supremo de febrero de 2024 que marca jurisprudencia en escenarios como este. En este caso, liderado por la Fundación Profesor Uría, el tribunal concede una medida cautelar a unos ciudadanos de Afganistán y pide al embajador su “traslado urgente”.

La clave que aporta esta sentencia para el caso de Basir (y los que puedan venir después) es que se discute si el “peligro para la integridad física” que se requiere para el traslado a España debe ocurrir en el país de origen o en el que se realiza la solicitud. Y el Supremo deja claro que debe analizarse “no la situación de riesgo en el país de la solicitud donde está ubicada la Embajada [en el caso de Basir, Marruecos], sino la existente en al país de origen [Sudán]”. La Audiencia Nacional reconoce en su auto que el criterio que siguió en un principio para rechazar el peligro al que está expuesto Basir en Marruecos ha quedado “desautorizado” y le concede la medida cautelar por los riesgos claros y demostrados a los que se enfrentaría en Sudán.

La situación del joven es límite. Basir cuenta a EL PAÍS que no aguanta más. En este tiempo, los campamentos de migrantes en la ciudad donde vive han sido desmantelados y varios de sus amigos, expulsados a zonas remotas y agredidos por las fuerzas de seguridad. Ha enfermado varias veces, tiene fuertes jaquecas, pero no acude al médico por miedo a ser capturado. En circunstancias normales, Basir llevaría más de un año intentando saltar la valla una y otra vez o arriesgando su vida para llegar a las Canarias o a Italia a través de Túnez. No lo ha hecho confiando en que tendría una respuesta de España, pero no quiere esperar más. “No sé por qué lo demoran todo este tiempo, solo espero que respeten la ley y mis derechos”, explica.