El PP desborda la investigación judicial del ‘caso Koldo’ para estirar la comisión en el Senado

El choque institucional que viven el Congreso (donde el PSOE y sus socios controlan los tiempos) y el Senado (donde el PP hace y deshace gracias a su mayoría absoluta) se ha trasladado a las dos comisiones de investigación que se han impulsado en paralelo en sendas Cámaras por las irregularidades en las compras de material sanitario en la pandemia. Como si se tratase de una partida de ajedrez, socialistas y populares se miran de reojo ante cualquier movimiento. Se vigilan, se contraprograman, se fiscalizan... Los dos partidos mueven sus piezas para no perder una compleja partida, convencidos de que esta influirá en los próximos meses de legislatura y con la que la oposición intentará debilitar al Gobierno desde este lunes, cuando comienzan las comparecencias en ambas sedes.

Al PP le ha surgido un problema de última hora en el Senado. Su lista de comparecientes y sus peticiones de información desbordan la instrucción judicial del caso Koldo y amplían la diana a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El letrado de la comisión advirtió de que una parte del plan de trabajo de los populares, relativa a una “presunta organización criminal directamente vinculada con el Gobierno que dirige Sánchez” y a una “red de tráfico de influencias” relacionada con su “entorno político y familiar”, excedía el ámbito de la comisión tal y como llegó redactada para su debate en pleno. Esto obligó al partido conservador a presentar un escrito para “actualizar” el objeto de la comisión en un nuevo pleno a celebrar el próximo miércoles. “Para que no quede nada sin investigar”, dijo Alicia García, portavoz del PP.

Pero el juez y el fiscal del caso Koldo han descartado esta misma semana la implicación de Begoña Gómez en la trama y su declaración como testigo, como proponía una acusación popular. “A día de la fecha, sin perjuicio de lo que resulte en el devenir de la investigación, no se infiere que [Gómez] ha tenido conocimiento o relación con los hechos objeto de las presentes diligencias”, escribió el magistrado Ismael Moreno. En el mismo sentido se manifestó la Fiscalía al referirse a “determinados artículos periodísticos que relacionan a la esposa del presidente con alguno de los investigados, [el empresario] Víctor de Aldama, con quien podría haber tenido alguna reunión”. “La supuesta existencia de tales contactos o reuniones no es, en principio, indicativa o reveladora de que Gómez pudiera haber tenido conocimiento o alguna relación con los hechos objeto de las presentes diligencias”, apuntó el ministerio público.

Pero los populares no desisten. “El caso Koldo y el caso Delcy son el caso PSOE”, insistió García, en referencia también al aterrizaje en España de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. El portavoz del PP nacional, Borja Sémper, advirtió ya el lunes de que la comisión pondrá la lupa igualmente en ese episodio sucedido en el aeropuerto de Barajas (Madrid) en enero de 2020.

Primeras comparecencias

El PP pretende estirar al máximo su comisión del caso Koldo, que salió adelante por unanimidad del pleno (con los votos del PSOE incluidos) y que arrancará este lunes con un plato fuerte: el interrogatorio a Koldo García, el asesor del exministro socialista José Luis Ábalos e imputado en la Audiencia Nacional. La idea de los populares pasa por “desgastar” al Gobierno desde su fortín, donde mantendrán vivo el ruido en torno a la supuesta trama de compraventa de mascarillas. En principio, la comisión se alargará hasta mayo del año que viene, pero la formación de Alberto Núñez Feijóo no descarta ampliar el plazo.

Los socialistas, por su lado, se preparan para contrarrestar los ataques. En febrero, cuando el PP comenzaba a barajar en público la idea de constituir la comisión del caso Koldo, el PSOE lanzó la propuesta de crear otra en el Congreso con un objeto mucho más amplio: “Sobre los hechos, responsabilidades y enseñanzas en torno a los procesos de contratación para la adquisición de material sanitario por parte de las Administraciones públicas durante la crisis pandémica ocasionada por la covid-19”, la han titulado. Con esta estrategia, el partido del Gobierno diluye la actuación de Koldo García entre otros escándalos y, a su vez, insiste en el mensaje de que el PSOE actúa ante los casos de corrupción que surgen dentro de sus propias filas. En el Congreso, si se retira finalmente la citación de los tres fiscales propuestos, que ha provocado la protesta del ministerio público, la lista final ascenderá a 131 comparecientes, incluyendo a dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Juan Manuel Moreno Bonilla.

La pelea entre ambos partidos se reproduce también entre el Congreso y el Senado. El último ejemplo se ha vivido en la carrera por fijar el calendario de las comparecencias. El PSOE y sus socios anunciaron esta semana que Salvador Illa, exministro de Sanidad y candidato socialista en las próximas elecciones catalanas, acudirá a la comisión de la Cámara baja este mismo lunes, contraprogramando y anticipándose a los planes del PP, que había fijado para ese día la de Koldo García en el Senado y que había previsto que el dirigente del PSC fuese dos días después (este próximo miércoles). “Está muy claro que la comisión del Congreso es un ventilador e intenta boicotear la de aquí”, se quejan fuentes populares. La comisión ha anunciado más fechas esta semana: Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, está citado el 30 de abril; y José Luis Ábalos, el 6 de mayo. Ambos en plena campaña catalana. En el PP reconocen la oportunidad de colar las comparecencias a pocos días de los comicios, algo que no suele ocurrir, según los usos de cortesía parlamentaria.

El precedente de 2017

El PP desplegó una estrategia similar en 2017, cuando también disponía de mayoría absoluta en el Senado, pero la había perdido en el Congreso. Aunque los roles estaban algo cambiados. Entonces eran los conservadores quienes se encontraban acorralados por la celebración del juicio principal del caso Gürtel, que acabaría con la condena de la formación por beneficiarse de la trama y que desencadenaría después la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa a mediados de 2018. Así que los populares, al ver que sus oponentes aprobaban una comisión de investigación en la Cámara baja sobre la “presunta financiación ilegal del PP”, pusieron en marcha otra paralela en el Senado con el título genérico de “sobre la financiación de los partidos políticos”.

El PP aprovechó esa segunda comisión para arremeter contra el resto de fuerzas políticas —todas, a excepción de una parte del Grupo Mixto, se negaron a participar en un plan de trabajo “sectario, manipulador y viciado”, según lo definió el senador Francisco Javier Alegre (Ciudadanos)—. Entre julio de 2017 y febrero de 2019, el grupo popular impuso 57 comparecencias. No llamó a ni un solo cargo del PP; pese a que en mayo de 2018, a mitad de su desarrollo, la Audiencia Nacional dio por probado que la formación contó durante lustros con una caja b y que la usó para financiarse irregularmente.

En cambio, los populares hicieron desfilar por el Senado a los responsables de las cuentas y altos cargos de sus principales oponentes. Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, tuvo que comparecer: “Fue un fraude. Nos convocaban para ver si nos podían humillar o hacer escarnio con nosotros”, rememora. “Cuando el PP pierde la mayoría en el Congreso, siempre te lanzan a la cara el Senado”, prosigue Monedero, al que preguntaron por las acusaciones de que Podemos había sido financiado irregularmente por Venezuela e Irán, algo descartado de forma reiterada por los tribunales. “Eran unas preguntas de colegio. Así que yo respondía con cierta ironía”, recuerda. “Mi sensación general es que el PP hizo el ridículo y que degradó un poco más el Senado”.

Los populares también acompasaron aquella comisión a los ritmos electorales —al igual que han hecho ahora—. En septiembre de 2018, cuando ya era vox populi que la entonces presidenta de Andalucía, Susana Díaz, iba a adelantar los comicios; los populares anunciaron que debía comparecer. Los conservadores registraron la propuesta el 10 de octubre, solo dos días después de que se firmara el decreto de convocatoria de la cita con las urnas. Y Díaz acudió a la comisión el 8 de noviembre, menos de un mes antes de que los andaluces votaran el 2 de diciembre, cuando el PP consiguió sumar mayoría con Ciudadanos y Vox para arrebatar al PSOE el poder en la comunidad autónoma.

Aquella circunstancia lo marcó todo. “Yo considero que estoy aquí, no como presidenta de Andalucía, sino como candidata a las elecciones andaluzas. Son estas elecciones las que condicionan mi presencia en el día de hoy aquí”, recalcó la dirigente socialista nada más sentarse en la comisión del Senado, donde añadió: “No hay ninguna causa abierta en Andalucía que vincule ningún caso de corrupción con financiación ilegal de los partidos políticos”. En esta comparecencia, Luis Aznar, senador del PP, centró una parte de sus preguntas en el caso de los ERE —que no tiene que ver con un delito de financiación irregular de un partido, sino con un fraude de subvenciones para repartir sin control fondos a empresas en crisis—. Días después, en plena precampaña y campaña, el PP citó igualmente a declarar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de la Junta y encausados por el caso de los ERE. “Nosotros no somos quienes hemos convocado las elecciones de Andalucía ni podíamos evitar esa circunstancia a la hora de elaborar nuestro calendario”, dijo Aznar para defenderse.