PSOE y Junts rozan el acuerdo en la amnistía y avanzan en los Presupuestos

El Gobierno tiene por fin una certeza a la que aferrarse en una legislatura incierta y plagada de vericuetos, donde el estallido y la gravedad del caso Koldo han convertido en un revés secundario el batacazo del PSOE y Sumar en las elecciones gallegas. La amnistía, la clave de bóveda de la que depende la longevidad del Ejecutivo, entra en la semana decisiva. El jueves expira el plazo para que la Comisión de Justicia del Congreso se reúna y apruebe la proposición de ley de amnistía, que se debatiría una semana después en el hemiciclo. Y, aunque resulte paradójico y dispongan de 72 horas de plazo límite, por primera vez desde que Pedro Sánchez fue investido presidente el 16 de noviembre ―la sensación entre los ministros y altos cargos del Gobierno y del PSOE es como si hubieran transcurrido varios años en vez de 12 semanas―, en La Moncloa y en Ferraz confían en salvar con éxito y sin contratiempos de última hora las negociaciones con Junts y proseguir con la tramitación de la medida de gracia. Y no solo eso: las últimas semanas han servido para avanzar en las conversaciones a múltiples bandas para garantizarse el respaldo a los Presupuestos Generales, cuya aprobación exige del respaldo de los socios nacionalistas e independentistas del Gobierno. Sin excepción. Las fuentes consultadas son claras: los Presupuestos no se presentarán “hasta que estén atados” y “dependen de la aprobación de la amnistía”.

Los socialistas quieren tratar de salir cuanto antes de la crisis tremenda que les ha ocasionado el escándalo de corrupción, aprovechando la relajación de los controles en los contratos públicos durante la pandemia, que habría anidado en el corazón del Gobierno durante los años en que Koldo García fue el hombre de confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. La amnistía, que durante meses ha sido el principal quebradero de cabeza del PSOE, se ha convertido en el asidero del Ejecutivo en medio de una tormenta perfecta. Cerrar la amnistía es la única forma de apuntalar la legislatura. La sensación que han transmitido durante las últimas horas desde la sala de máquinas del Gobierno y de su principal partido es de optimismo, según corroboran distintas fuentes, que apuntan que el acuerdo es inminente y la amnistía saldrá sin la más mínima duda. “La presión de los jueces está causando el efecto contrario. No hay otra alternativa. Nadie ganaría. Todos perderíamos”, resume un dirigente socialista sobre la causa penal que el Tribunal Supremo abrió el jueves contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg por delito de terrorismo en el caso Tsunami.

El PSOE se muestra, aun así, precavido tras sus experiencias anteriores con Junts y por los efectos de las decisiones de la órbita judicial. La imputación por terrorismo de Puigdemont, huido de la justicia española desde 2017, abre un largo camino repleto de incógnitas a expensas del Parlamento Europeo, de la justicia belga y del alcance de la amnistía. Nadie contaba con la nueva causa del Supremo cuando la medida de gracia empezó a negociarse. Por eso mismo, Sánchez, que sabe que esta semana se juega los próximos cuatro años de Gobierno, ha dado la orden de guardar silencio. Nadie emite los pormenores de los flecos del acuerdo, ni desde la parte socialista ni desde la neoconvergente.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE, ultiman el pacto con Junts en medio de una discreción absoluta. Lo mismo sucede con el partido de Puigdemont, donde Jordi Turull desempeña un papel crucial. Por eso entre los socialistas cundió el pánico cuando el secretario general de Junts sufrió un infarto hace una semana. Su reincorporación a las negociaciones, que se han intensificado conforme se aproxima la fecha límite del 7 de marzo, el último día que se podría celebrar la Comisión de Justicia ―la previsión es que se convoque para el miércoles o el mismo jueves―, se recibió con alivio. Un indicio de lo encaminadas que están las conversaciones es que el PSOE no ha pedido una nueva prórroga para negociar con Junts un nuevo dictamen sobre la amnistía.

En el PSOE se muestran seguros de que no revivirán el déjà vu del 30 de enero, cuando Junts propició la primera gran derrota parlamentaria de Sánchez con una decisión inédita: votó en contra del mismo texto que había apoyado en la Comisión de Justicia, después de que el Gobierno se negase a incluir nuevas enmiendas que dieran cobertura dentro de la medida de gracia a todos los delitos de terrorismo. Esto es, un blindaje pensado para Puigdemont. Las fuentes consultadas subrayan que el PSOE parece haber aceptado cambios en la ley, pero de ningún modo incluirá bajo la cobertura de la ley de amnistía todos los delitos de terrorismo. Los socialistas han dejado muy claro, en público y en privado, que no es una opción. El Tribunal Constitucional y la justicia europea podrían tumbar la norma, alegan. Y tampoco pueden volver a desdecirse después de la resistencia que mostraron a finales de enero a aceptar las últimas condiciones de Junts. “Nos plantamos”, zanjaron entonces.

El contexto, además, no es el mismo. Al último movimiento del Supremo le sucedió el borrador del dictamen de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía. Elaborado a petición del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, sobre la versión inicial de la proposición de ley, el borrador avala la “reconciliación política” como impulsor de la normativa, pero es crítico con la tramitación de urgencia. En este escenario, las últimas palabras de Puigdemont se han interpretado como el preludio de un pacto que al PSOE se le resiste desde otoño. El expresident auguró el sábado una “nueva etapa” que dejaría atrás “la losa de la represión”. Fue el colofón de una semana de intercambio de gestos sobre el encarrilamiento de las negociaciones para la amnistía. Sin embargo, al mismo tiempo alertó de que la represión sigue “más viva que nunca”, en una referencia indirecta a la decisión del Supremo de abrirle una causa por un supuesto delito de terrorismo. Y otro detalle: Junts señala a la judicatura y exime al Gobierno de la última acusación contra su líder.

Las novedades desde la justicia han servido casi de catalizador del acuerdo pendiente de cerrar. Incluso han provocado que ERC rebaje los reproches a Junts en su pulso perpetuo por la hegemonía en el independentismo. Ambas formaciones comparten que el Supremo ha bajado a la arena política y ha buscado inmiscuirse en la labor del legislativo.

El borrador de la Comisión de Venecia ha sido recibido con alegría no solo por el Gobierno. También por los independentistas. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, hizo un llamamiento a la responsabilidad durante el consejo nacional de los republicanos. “Nos sentimos con el deber de recordar a todo el mundo que, más allá de la táctica del cortoplacismo, hay grandes objetivos y nobles aspiraciones que este país se merece que se concreten”, manifestó en un mensaje teledirigido a Junts.

Pero donde se han producido los mayores roces ha sido entre Junts y los comunes. Unas declaraciones de Jaume Asens vaticinando un pacto inmediato sobre la amnistía soliviantaron a los independentistas. “El PSOE no votará contra las enmiendas de Junts y Junts no votará en contra de la ley. Todo el mundo ha flexibilizado las posiciones de partida y se ha encontrado un punto intermedio”, aseguró quien fuera el encargado de Yolanda Díaz para negociar con Puigdemont. Turull salió a corregirle más en las formas que en el fondo: “Si hay alguna novedad se informará desde Junts”, escribió en X.

Asens volvió a dar por hecho este domingo el pacto, confiado en que no se repetirá “la ruleta rusa” de la votación fallida de la ley de amnistía en el Congreso. “Creo que la ley de amnistía blindará sus casos; de hecho, creo que ya los blindaba en su momento, pero ahora creo que quedarán más blindados aún”, abundó Asens en un acto de presentación de sus avales para optar a la candidatura a las elecciones europeas. La cita del 9 de junio examinará el estado de forma del PSOE tras la última sucesión de infortunios. La ironía es que, si la amnistía sigue su curso en el Congreso, el PP dilatará dos meses su tramitación en el Senado, antes de que regrese al Parlamento para su aprobación definitiva a finales de mayo o principios de junio. Es decir, coincidiría con la campaña de las elecciones europeas. Y eso, sobre el papel, no contribuirá a la movilización del electorado progresista contrario a la medida de gracia.