El Congreso fija para el jueves la reunión de la Comisión de Justicia que abordará la ley de amnistía

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se reunirá este próximo jueves, 7 de marzo, a las 11.00, y en esa sesión votará y presumiblemente aprobará la proposición de ley de amnistía para los encausados del procés independentista catalán —los ya condenados, los procesados pendientes de juicio y los fugados—, según confirman fuentes parlamentarias. Si el texto sale adelante en comisión, pasará después al pleno del Congreso, que todavía no está fijado, y de ahí al Senado, donde el PP (con mayoría absoluta) tiene previsto ralentizar el proyecto al menos dos meses antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor. La ley de la amnistía, que los partidos independentistas pusieron el pasado noviembre como condición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, es presentada ahora por el Gobierno como su proyecto estrella para intentar la reconciliación en Cataluña. Y se ha convertido además, en pleno escándalo del caso Koldo de presunta corrupción, en una válvula de escape para el PSOE en su negociación de los Presupuestos para dar algo de estabilidad a esta compleja legislatura.

La amnistía quedó truncada el pasado 30 de enero, cuando Junts —temiendo que su líder, Carles Puigdemont, quedara fuera de la medida de gracia— decidió votar en contra de la ley que ese partido había pactado con los socialistas, y la devolvió así a la Comisión de Justicia. El origen del choque fue la negativa del PSOE a incluir las nuevas enmiendas que Junts exigía para que la amnistía amparase expresamente todos los delitos de terrorismo. Era su forma de garantizar el blindaje de Puigdemont y Marta Rovira (ERC) ante la investigación del juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Tsunami, que veía en la actuación de ambos dirigentes en 2019 indicios de un delito de terrorismo con “violaciones graves de los derechos humanos”, lo que les habría dejado fuera de la amnistía. Junts exigió entonces una nueva redacción de la ley, pero el PSOE se opuso, argumentando que, en su opinión, tanto Puigdemont como Rovira quedaban incluidos. En medio de ese rifirrafe, el Tribunal Supremo abrió la semana pasada una causa penal por terrorismo a Puigdemont.

“La última votación ha abierto un periodo de reflexión que nos atañe a todos. Espero que fruto de esa reflexión el próximo jueves podamos ser capaces de sacar una ley de reconciliación”, ha dicho este lunes Esther Peña, portavoz de la dirección federal del PSOE. Peña ha asegurado que los socialistas no cambiarán los apartados de la ley que tienen que ver con los delitos de terrorismo: “El PSOE ha tomado una posición firme y clara, no tenemos previsto hacer ninguna modificación. Nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con seis grupos parlamentarios, y entendemos que el jueves puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en la Comisión de Justicia”, ha zanjado. Fuentes del partido remarcan que la ley podría peligrar si aceptasen las exigencias de Junts, porque el Tribunal Constitucional y la justicia europea podrían tumbarla. Lo que el PSOE no aclara es si ha aceptado otro tipo de cambios en la ley respecto al texto que se debatió y no fue aprobado hace un mes.

Calendario

En principio, y salvo sorpresas de última hora, el proyecto debería prosperar este jueves en la comisión porque cuenta con el apoyo del PSOE, Sumar, Podemos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu y BNG, la mayoría parlamentaria que respaldó también la investidura de Sánchez (que contó además con el voto a favor de Coalición Canaria). Se da por descontado el voto en contra de PP, Vox, UPN y los nacionalistas canarios. El siguiente peldaño en el proceloso calendario de la iniciativa no está claro, porque tropieza de entrada con algunos escollos parlamentarios que esos grupos intentarán solventar en los próximos días. El Gobierno y el PSOE querrían que la ley, tras su paso obligado por la comisión, llegara cuanto antes al pleno del Congreso. El objetivo es que sea el jueves de la próxima semana, 14 de marzo, pero para eso debe figurar en el orden del día. Un orden del día que a día de hoy ya está programado y en el que, por ahora, esa proposición de ley no está.

Los martes, normalmente, la Junta de Portavoces aprueba y da el visto bueno a los asuntos que se incluyen en la agenda del pleno de la semana siguiente, pero este martes 5 de marzo no está previsto celebrar esa reunión, por lo que se especula con dos opciones: que el pleno de la amnistía se retrase hasta la semana siguiente (19, 20 y 21 de marzo) o que la presidenta, la socialista Francina Armengol, haga uso de sus prerrogativas y fije una sesión especial y extraordinaria, como ha sucedido en anteriores ocasiones, y anticipe ese pleno para algún día de la semana que viene. Todo ese enredo está por resolver.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ultiman en este contexto y contra el reloj el pacto con Junts en medio de una discreción absoluta. Lo mismo sucede con el partido de Puigdemont, donde Jordi Turull, hospitalizado hace una semana tras sufrir una insuficiencia cardíaca, desempeña un papel crucial.

Los socialistas quieren tratar de salir cuanto antes de la crisis que les ha ocasionado el escándalo de corrupción del caso Koldo, la supuesta recepción de comisiones ilegales por contratos de compra de mascarillas aprovechando la relajación de los controles en los contratos públicos durante la pandemia y en el que se encuentra implicado Koldo García, que fue el hombre de confianza de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes.