Sánchez critica a quienes “en pleno siglo XXI” plantean ilegalizar partidos políticos, en alusión al PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este miércoles, sin citarlos, al PP y a Vox, por proponer la ilegalización de fuerzas políticas en sus enmiendas a la proposición de ley de amnistía. Sánchez ha defendido, ante los embajadores españoles en todo el mundo, “una España segura de sí misma, que se acepta tal y como es, en toda su pluralidad, que no se deja arrastrar por ese pensamiento reaccionario que plantea censurar manifestaciones culturales”, algo que, según ha manifestado el líder socialista, “estamos viendo por desgracia también en nuestro país”. El presidente ha contrapuesto esta visión con la de “perseguir al diferente o, nada más y nada menos que en pleno siglo XXI, plantear la ilegalización de partidos políticos, la ilegalización de quien piensa distinto”.

Sánchez ha inaugurado en la sede de Exteriores la VIII Conferencia de Embajadores, que reúne a 129 jefes de misiones diplomáticas españolas en el mundo; todos menos el embajador en Guatemala, país en el que este domingo tomará posesión el nuevo presidente, Bernardo Arévalo, con la asistencia de Felipe VI.

En una defensa velada de su política hacia Cataluña, el jefe del Gobierno ha recordado cómo “hace una década”, los diplomáticos españoles tuvieron que volcarse en explicar en los países donde estaban acreditados “por qué se quebraba la convivencia” en España, en alusión al referéndum ilegal del 1-O; mientras que hoy “se abre paso la convivencia en medio de las diferencias y los intensos debates normales en una democracia como la española”, ha añadido, quitando hierro a la polémica por los pactos del Gobierno con fuerzas independentistas.

Tras subrayar que en lo que va de siglo han aumentado en un 20% los regímenes autocráticos en el mundo, Sánchez ha asegurado que “lo que está en juego es la supervivencia de la democracia”, ante el “auge de formaciones ultras dispuestas a romper consensos básicos con los que hemos construido nuestros modelos de convivencia y progreso en las últimas décadas”. Se trata, ha insistido Sánchez, de fuerzas que intentan “desestabilizar nuestras sociedades, cuestionan la democracia y los derechos humanos, descalifican la ciencia, niegan la emergencia climática, desprecian la cultura y al diferente y atacan causas tan justas como el feminismo y, en consecuencia, la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres”. También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha alertado de la presencia en Europa y en España de “fuerzas extremistas que desafían los valores europeos” y ha subrayado el reto que suponen las elecciones al Parlamento europeo de julio, en las que la UE se enfrenta a “las peligrosas voces de la extrema derecha y sus aliados”.

Consciente de que la controversia causada por su posición ante la guerra de Gaza ―Tel Aviv retiró a finales de noviembre a su embajadora, Rodica Radian-Gordon, de vuelta esta semana en Madrid―, Sánchez ha defendido la “coherencia” de su política tanto en Oriente Próximo como en Ucrania, pues en ambos casos hay que defender un orden internacional basado en reglas. España, ha explicado el presidente del Gobierno a los diplomáticos, reconoce a Israel el derecho a defenderse, pero “la población palestina no puede pagar por los actos terroristas de Hamás”, ha añadido. Tras destacar que la ofensiva del Ejército israelí sobre la Franja está causando un “enorme sufrimiento” y un “número insoportable de víctimas civiles”, ha vuelto a reclamar “un alto el fuego inmediato y permanente” y una solución basada en la existencia de dos Estados, uno israelí y otro palestino, al que, ha apostillado, “deben reconocer de una vez por todas los países occidentales”.

Por su parte, Albares ha pedido a los diplomáticos que trabajen para que el catalán, el gallego y el euskera, “lenguas cooficiales en España”, sean incluidas como lenguas oficiales en la UE. “España tiene una riqueza lingüística que merece ser acogida y recogida en la Unión Europea porque es nuestra identidad y nuestro interés nacional”, ha alegado. La oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias fue una de las exigencias de Junts para votar la Mesa del Congreso, en agosto pasado. Albares planteó entonces la petición a sus homólogos europeos, pero aún no ha conseguido vencer las reticencias de algunos socios.

Tanto Albares como Sánchez han mostrado su preocupación por la escalada de violencia en Ecuador –donde en noviembre está previsto celebrar la próxima cumbre iberoamericana― y el primero ha expresado su apoyo a “la institucionalidad democrática, como no podía ser de otra manera” y su confianza en que “pronto se restablezca la normalidad” en el país.