La derecha despliega todas sus redes para deslegitimar a Sánchez

La democracia española parecía haberlo vivido todo sobre enfrentamientos brutales entre Gobierno y oposición. En los últimos años de Felipe González, asediado por la corrupción y el terrorismo de Estado, se introdujo en el vocabulario político el término crispación, con la campaña del PP y algunos medios en la que “se rozó la estabilidad del Estado”, según confesaría uno de sus protagonistas, Luis María Anson, director de Abc. La izquierda se movilizó en la segunda legislatura de José María Aznar, cuando las calles hirvieron por la guerra de Irak y el desastre del Prestige. Con José Luis Rodríguez Zapatero hasta los obispos se sumaron a la algarabía, mientras la derecha agitaba la teoría de la conspiración sobre la matanza de Atocha y acusaba al presidente de rendirse ante ETA. Y a pesar de todos esos estruendosos antecedentes, lo vivido en los últimos días —y lo que parece que viene por delante—, tras el anuncio de la amnistía a los encausados por el procés independentista, lo supera todo.

Nunca como ahora tantos actores se habían alistado con tanta agresividad contra un Gobierno aún en funciones, incluidos prominentes sectores judiciales o los sindicatos y asociaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, con declaraciones tan exaltadas como el llamamiento “a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía” nacional. Nunca se habían vivido días y días de protestas continuas contra las sedes de un partido. Y nunca se habían colocado en primer plano las apologías desacomplejadas del franquismo. “Bienvenidos al 36, Vol. II”, rezaba una pancarta portada por una joven ante la sede del PSOE.

Es cierto que en democracia tampoco se abordó nunca una amnistía como tal, aunque sí numerosos indultos. Lo que sucede es que esta protesta va más allá de la amnistía y ha derivado en una rebelión para negar a Pedro Sánchez el derecho a formar Gobierno. No es la primera vez que la derecha juega con la idea de deslegitimar un Ejecutivo, pero nunca cuatro meses después de unas elecciones y de una forma tan evidente. El PP sostiene que fue el ganador el 23-J y le corresponde gobernar, aun con la mayoría parlamentaria en contra. Sus dirigentes, empezando por Alberto Núñez Feijóo, hablan de “fraude electoral” o hasta de “dictadura”, palabra empleada por su secretaria general, Cuca Gamarra, o la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y los jueces conservadores remachan proclamando “el principio del fin de la democracia” o “la abolición del Estado de derecho”.

Ayuso ha llegado a apelar al Rey y al Ejército como dos de las instituciones de las que espera una reacción. Son prácticamente los únicos de aquello que en la Transición se llamó “poderes fácticos” que guardan silencio. El resto ha acudido a la cita, desde algunos obispos (“los pilares de la convivencia están en entredicho”, clamó el de Valladolid, Luis Argüello) hasta la patronal (su presidente, Antonio Garamendi, apeló también al Estado de derecho y la Monarquía parlamentaria); pasando por asociaciones de cualificados funcionarios como los inspectores de Hacienda o algunos de los bufetes de abogados más elitistas del país. Este es un resumen de la multiplicidad de frentes abiertos.

“No vamos a vaciar las calles”. En el PP se dicen sorprendidos por cómo la amnistía ha echado a sus bases a las calles, y no pretenden aflojar. Por eso, cuando las protestas derivaron en incidentes violentos, arrastró los pies para condenarlos, informa Elsa García de Blas. “No vamos a ser el partido que le incendie las calles al PSOE, pero tampoco el que se las vacíe”, afirman en el equipo de Feijóo. “Que no nos pida el PSOE que rebajemos la tensión emocional de sus decisiones”, se zafa un estrecho colaborador del líder del PP, mientras tacha a la izquierda de hipócrita por “amnistiar incidentes peores que los de Ferraz”. La agitación social es solo una de las patas de la ofensiva, cuyo objetivo es también la investidura de Sánchez, aunque nadie confía en frustrarla.

El PP espera este domingo una movilización multitudinaria en todo el país, con concentraciones a mediodía en las 52 capitales de provincia. En una decisión sin precedentes, Vox se ha sumado a las protestas organizadas por el partido de Feijóo. La estrategia de agitar la calle no va a terminar este fin de semana. Feijóo y su dirección volverán a salir el próximo sábado en una protesta convocada por asociaciones de la sociedad civil vinculadas a la derecha. Por el camino, aunque no estén patrocinadas por el PP, nadie duda de que los grupos radicales van a seguir acosando Ferraz y algunos dirigentes sospechan que los ultras intentarán, como en su día la extrema izquierda, rodear el Congreso durante la investidura.

FAES, la fundación de Aznar, ha instado a ir más lejos. “La indignación, además de su expresión legítima y pacífica, no puede llenarlo todo”, dice. Aznar fue el primero que tocó a rebato (“El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. Y el que se pueda mover, que se mueva”), y su fundación apela a la “responsabilidad histórica” del PP para apretar a fondo y “afrontar lo que empieza por ser un desafío al pacto constitucional y se transforma en una amenaza a la integridad nacional”.

La ofensiva tiene su vertiente institucional. El PP cuenta para ello con su ejército de poder territorial, sus diez presidentes autonómicos, para dar la batalla. Ya han anunciado recursos en los tribunales contra la amnistía y la condonación de parte de la deuda de Cataluña, y pretenden forzar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. El PP usará su mayoría absoluta en el Senado para torpedear la ley de amnistía, con una reforma del reglamento que retrasará su aprobación al menos un mes, y prepara un pronunciamiento de la Federación de Municipios y Provincias.

Y aún queda la carta de Europa. “Este comisario belga, [Didier] Reynders, ha cogido el tema con ganas”, se felicita un barón. El comisario de Justicia, liberal y con buena relación con el PP, ha pedido explicaciones al Gobierno en una insólita carta que ha provocado un hondo malestar en La Moncloa. Feijóo estuvo reunido con él en octubre en Bruselas.

Los populares preparan una batería de recursos jurídicos, primero en el Congreso y luego en el Tribunal Constitucional. Sobre este último, con mayoría progresista, ha empezado ya otra campaña de deslegitimación. “Es un tribunal de parte porque Sánchez y su Gobierno lo han invadido todo”, sentenció el viernes el vicesecretario Miguel Tellado en la SER.

En la parte discursiva, los populares han inflamado al máximo la retórica. Su propio líder equipara los pactos del PSOE con los independentistas al 23-F o el terrorismo de ETA. La mayoría de los dirigentes sostienen que está genuinamente preocupado por la gravedad en términos democráticos de lo pactado por el PSOE. Los más moderados, aunque reconocen que sería “un profundísimo error” llevar al país a una tensión que se fuera de madre, apuntan como descargo: “Hay que quitarle espacio a Vox”. Algunas voces advierten de que no se puede mantener la tensión durante mucho tiempo. “En la primera legislatura de Zapatero también se celebraron muchas manifestaciones y en 2008 volvió a ganar. Hay que canalizar el cabreo, pero, a efectos electorales, las manifestaciones no influyen”, admite un presidente autonómico.

El odio a Sánchez. Cada vez que una bandera franquista ondea sobre las cabezas de los manifestantes, algunos de ellos gritan: “Esa bandera no nos representa”. También silban y abuchean cuando los falangistas entonan el Cara al Sol o los embozados lanzan un petardo o encienden una bengala. “Ya están los de siempre. Esto acabará mal”, se lamenta un hombre bien trajeado. Es noche cerrada a unos 200 metros de la sede federal del PSOE, y su pronóstico se cumplirá una vez más, informa Miguel González.

Entre los que han acudido a la convocatoria contra la “traición” de Sánchez hay pandillas de jóvenes varones que parecen salidos de un colegio mayor, familias enteras abrigadas con banderas de España a modo de capa, profesionales liberales, funcionarios y tenderos, ultras del fútbol y cruzados del Sagrado Corazón. Todos ellos, incluso los más templados, comparten el mismo sentimiento: la inquina al líder socialista. “Pedro Sánchez, hijo de puta”, es el lema que se corea con más vehemencia. No se trata solo de que Sánchez deje el poder. Piden que sea detenido porque “no es un presidente, es un delincuente”.

Si ya es chocante oír a personas afables insultar a voz en grito al presidente con lenguaje tabernario, aún lo es más ver cómo hacen suyos eslóganes racistas (“con los moros no tenéis cojones”, reprochaban a los policías) o guerracivilistas (“puto rojo el que no vote, eh”). Dicen los expertos que la masa es autónoma de los individuos que la componen y esta se mueve al ritmo de Vox. “El Ejército debería intervenir”, le comenta una joven a su amiga, subida sobre un banco. “El Ejército no se puede meter en política”, le contesta la otra. “Pues que den un golpe de Estado. Lo que están haciendo ellos es un puñetero golpe, ¿no?”, zanja la primera.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, esperó a que Feijóo condenase el jueves el pacto entre el PSOE y Junts antes de pronunciarse. Lo calificó de “golpe de Estado” y tildó a Sánchez de “dictador”. Vox, el partido que tomó vuelo con el procés y que había perdido fuelle a medida que este se desinflaba, ha hallado un balón de oxígeno. Los ultras han ganado la calle a los populares. Feijóo congregó a 40.000 personas en Madrid el 24 de septiembre y Abascal a 100.000 el 29 de octubre. Al contrario que el PP, Vox no convocó en su nombre, sino que lo hizo a través de marcas blancas como la fundación Denaes o la supuesta asociación juvenil Revuelta, promotora de las protestas ante las sedes del PSOE.

Pese al riesgo que suponían estas manifestaciones, por la infiltración de elementos violentos, Abascal se dio un baño de multitudes en las del martes y el jueves, aunque se marchó antes de que empezaran los altercados. Algunos diputados populares como Cayetana Álvarez de Toledo o Alfonso Serra acudieron a otra concentración ante la sede de la delegación de la UE en Madrid.

Vox aprovecha los titubeos de Génova para intentar arrastrar a los populares. Quiere que los ayuntamientos y comunidades donde gobiernan juntos convoquen “manifestaciones institucionales”. Y presiona para que el Senado no solo demore la tramitación de la ley de amnistía, sino que se niegue a admitirla cuando le llegue del Congreso, provocando un choque inédito entre las dos cámaras legislativas. El siguiente es la ruptura de relaciones institucionales entre los gobiernos autonómicos donde está Vox (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Murcia) y el Ejecutivo de Sánchez. Abascal ha pedido coherencia al PP, “si de verdad”, afirmó, “nos creemos lo que decimos”. Y él ya ha dicho que el futuro Gobierno de Sánchez será “ilegal”.

Los jueces exhiben sus armas. El rechazo a la amnistía de los sectores conservadores de los jueces se ha traducido en declaraciones institucionales y comunicados, pero todos los operadores jurídicos dan por hecho que, una vez que la norma esté aprobada, la mayoría de los tribunales que tienen que aplicarla llevarán su oposición al Constitucional o acudirán al Tribunal de Justicia de la UE. Estos recursos, informa Reyes Rincón, no paralizarían la aplicación de la ley, pero sí la dejarían en suspenso para el procedimiento concreto en el que se presenten. En el caso de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra Carles Puigdemont y el resto de fugados, se da por hecho que la Sala Penal acudirá a alguno de los dos estamentos, lo que, en principio, no evitaría que el expresident pudiera volver a España mientras tanto. Por esta vía, el Supremo podría frenar la rehabilitación de Oriol Junqueras y el resto de inhabilitados por el tribunal. La posibilidad de frenar la tramitación de la ley en el Congreso acudiendo al Constitucional, una vía que el PP ya ha avanzado que intentará, tiene escaso recorrido, según distintas fuentes.

Mientras, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a Puigdemont y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por un supuesto delito de terrorismo alegando la muerte por infarto de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat, el día que estaba bloqueado por las protestas contra la sentencia del procés. El magistrado admite que no tiene pruebas sólidas de la existencia de terrorismo ni de la vinculación de la muerte con los hechos investigados, pero ha señalado a los dos líderes independentistas, lo que podría abrir la puerta a dejarlos fuera de la amnistía si, como parece, esta excluye los delitos de terrorismo.

El ala más conservadora del poder judicial ha amplificado esta semana su oposición a la amnistía, a través de declaraciones suscritas por jueces, fiscales y el CGPJ. Este último, cuyo mandato caducó hace cinco años, comanda las movilizaciones, para lo que ha activado todas sus armas: pleno extraordinario para repudiar la mera intención de aprobar la medida, una declaración conjunta en la que se afirma que la amnistía “supone degradar y convertir” el Estado de derecho “en objeto de mercadeo al servicio del interés personal” del presidente en funciones, reunión urgente de su comisión permanente y nueva declaración horas después de que el PSOE y Junts firmaran su acuerdo. Han remitido además sus declaraciones a las principales autoridades de la Comisión Europea.

Aunque la protesta se había ceñido a los sectores conservadores, los progresistas suscribieron el viernes un comunicado de rechazo porque el acuerdo entre PSOE y Junts alude a la posibilidad de que el Parlamento investigue supuestos casos de lawfare o uso abusivo de la justicia contra miembros del independentismo.

Policías en pie de guerra. El pacto entre PSOE y Junts ha terminado de soliviantar a los sindicatos de la policía y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que en las últimas semanas ya habían mostrado su oposición a la amnistía, informa Óscar López-Fonseca. La práctica totalidad de las organizaciones de agentes se ha sumado a la ofensiva. Cinco asociaciones de guardias civiles —entre ellas Jucil, la mayoritaria, que ya días atrás publicó un tuit acusando a Sánchez de “felonía”— suscribieron este sábado una declaración para denunciar que la amnistía “quebranta la separación de poderes, el pilar básico de un Estado de derecho”. El día anterior, una sexta, la Asociación Pro Guardia Civil (minoritaria, pero con implantación en la escala de mandos) hablaba incluso de “derramar” su sangre “en defensa de la soberanía e independencia de España”. El viernes, el SUP y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), hasta hace unos años próximos al PSOE, se manifestaban en Barcelona junto a dirigentes de PP, Vox y Ciudadanos.