Interior investiga a una asociación de guardias civiles por un comunicado contra la amnistía: “Estamos dispuestos a derramar nuestra sangre”

El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado que se identifique a los responsables del comunicado que la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc, minoritaria, pero con implantación en la escala de mando del instituto armado) ha difundido este viernes contra el reciente acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, que incluye una ley de amnistía. En el texto, sus autores recalcan que por el “juramento ante la bandera como militares” están dispuestos a esto: “A derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional”.

Una vez identificados sus autores, el Ministerio del Interior les abrirá una investigación interna y la asesoría legal del instituto armado estudiará si el texto incurre en algún tipo de responsabilidad disciplinaria o, incluso, penal, según han informado fuentes de la Guardia Civil. La Dirección General considera que el comunicado quebranta el principio de neutralidad política que obliga a todos los miembros de la Guardia Civil y que está recogido en el preámbulo y el artículo 5 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 1986. Francisco Pajuelo, portavoz de Aprogc, niega estas acusaciones y ha asegurado a EL PAÍS que se ha “malinterpretado” el comunicado.

Aprogc es la segunda asociación contra la que Interior ha anunciado en las últimas semanas acciones legales por un comunicado. El pasado 29 de octubre abrió expediente a Justicia para la Guardia Civil (Jucil, mayoritaria entre los agentes) por un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter) en la que se tildaba de “felonía” la defensa que Sánchez había hecho el día anterior ante el comité federal del PSOE de la amnistía a los encausados del procés. El ministerio consideró entonces que ese mensaje también quebraba el principio de neutralidad política de los agentes.

Aprogc ―una asociación que defiende el carácter militar de la institución y que en las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, de octubre de 2021, perdió el único representante que tenía tras lograr solo 865 votos entre los más de 82.000 agentes― remitió poco después del mediodía de este viernes el comunicado bajo el título La última barrera ante la derrota del imperio de la ley. En él, la asociación justificaba su difusión en la “profunda preocupación” que les había provocado el pacto firmado el día anterior por los socialistas con el partido del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. “Hoy tenemos que hablar alto y claro. Nos lo exigen un mandado constitucional, moral y con el ciudadano”, añaden.

El texto considera que, con el acuerdo de los socialistas con los independentistas, los dirigentes políticos han vaciado de contenido “la misión constitucional” que tienen las fuerzas de seguridad al permitir la “impunidad” de los líderes del procés. “¿De qué ha valido tanto sacrificio durante décadas en cumplimiento de nuestra misión constitucional si al final nuestros jefes políticos traicionan toda la sangre derramada y todo el esfuerzo realizado por los guardias civiles, por los policías y por los jueces y fiscales en los últimos 40 años?”, se preguntan sus autores. Aprogc recalca que “sobre cualquier otra instrucción, prevalecerá siempre el cumplimiento de los mandamientos y las resoluciones judiciales”.

A lo largo de algo más de dos folios, Aprogc critica duramente otras actuaciones del Gobierno, al que acusa de haber emprendido “purgas políticas” dentro del instituto armado para infundir “miedo a hablar” que se han traducido en el cese de “al menos seis coroneles y dos tenientes coroneles con manifiesto desprecio de la legalidad y la tradición”, en implícita referencia a, entre otros, los coroneles Manuel Sánchez Corbí y Diego Pérez de los Cobos, destituidos con polémica por el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Sobre la amnistía, el texto recuerda que la anterior, de 1977, no impidió que ETA siguiera asesinando, pese a que supuso el olvido de numerosos atentados cometidos por la organización terrorista. “Los antecedentes en ciencia policial no animan precisamente a descartar una nueva crisis de convivencia y quiebra del Código Penal en todas sus posibilidades en Cataluña”, auguran.

Aprogc aplaude también la salida en tromba de las diferentes asociaciones judiciales contra la futura ley de amnistía: “Contemplamos con fe y optimismo la defensa del Estado de Derecho exteriorizada por los representantes de la carrera judicial, como barrera frente a inspiraciones totalitaristas”. Y recuerdan que las fuerzas de seguridad, como tenedoras de “los instrumentos para ejercer el monopolio de la fuerza”, estarán ante lo que disponga la administración de justicia. “Con enorme tristeza y desolación, los guardias civiles nos preguntamos cuándo volveremos a tener jefes que se sometan al imperio de la Ley en lugar de estudiar sus fisuras”, concluyen.