PSOE y Sumar acercan posturas para pactar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y cerrar un acuerdo de Gobierno

El PSOE y Sumar negociaban este lunes los últimos flecos de su acuerdo de gobierno para la próxima legislatura con un tema estrella encima de la mesa: la reducción de la jornada laboral. La falta de acuerdo sobre los detalles de la redacción de este punto, bandera de la plataforma de Yolanda Díaz, trastocó el propósito inicial de La Moncloa de anunciar el pacto este mismo lunes antes del siguiente paso: la presentación por parte de Pedro Sánchez y de Díaz del contenido del programa este martes, tras el Consejo de Ministros. Sánchez y Díaz se reunieron en La Moncloa, según fuentes de la negociación, en un encuentro en el que se avanzó mucho, aunque en la noche de este lunes se seguía negociando la letra pequeña. En cualquier caso, el acuerdo es inminente. Los plazos, si se quiere cerrar esta semana, que es la intención de ambos grupos, no dan mucho más margen: la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones tiene por la tarde de este martes un acto de Sumar en Bruselas. El presidente del Gobierno en funciones viajará el miércoles a la capital comunitaria, que celebrará un Consejo Europeo marcado por el conflicto entre Israel y Hamás.

La reducción de la jornada laboral es desde hace semanas el escollo principal entre el PSOE y Sumar, aunque el pacto se dé por seguro en las dos partes. Sumar lo considera una línea roja de sus demandas e insiste en que se incluya en el programa del futuro Gobierno de coalición progresista que se formará si después de este acuerdo Sánchez logra asegurar los votos de los nacionalistas e independentistas, en particular de Junts, el más complejo de todos. Aunque la legislatura sigue dependiendo de los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez, el PSOE y Sumar necesitan finiquitar cuanto antes una negociación que se ha alargado tres meses. La previsión no ha cambiado y será “inminente” según fuentes de la negociación.

El pacto programático entre el PSOE y Sumar recogerá, a falta de conocer los pormenores, la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en 2024, medida estrella de la formación de Díaz, y principal punto de fricción en las conversaciones de las últimas semanas. Pero no es lo mismo hacerlo por decreto, como quiere Sumar para aplicarlo ya este año, que condicionarlo al acuerdo entre los agentes sociales, que implicaría dar derecho de veto a la patronal en un asunto que no ven con buenos ojos. Este acuerdo de bajar a 37,5 horas, de concretarse, supondría reducir media hora al día la jornada laboral sobre el máximo actual de ocho horas al día, con la intención de seguir bajando hasta las 35 horas a lo largo de la legislatura a través, esta vez sí, de una negociación con patronal y sindicatos. La medida afectaría de forma directa a más de 12 millones de personas asalariadas del sector privado (de un total de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social) con jornadas superiores a las 37,5 horas semanales. En la actualidad, más de 1,6 millones del sector privado tienen una jornada pactada en su convenio colectivo inferior, lo que supone uno de cada siete trabajadores de este sector. También la tienen los empleados públicos. La medida afectaría a todos los demás.

La idea de Ferraz y La Moncloa es secuenciar los acuerdos con las distintas fuerzas que Sánchez necesita para ser investido por el Congreso antes del 27 de noviembre, la fecha límite para que sea elegido o de lo contrario España se verá abocada el 14 de enero a una nueva repetición electoral. Resuelto el acuerdo con Sumar, en las próximas semanas se deberían cerrar los acuerdos con todos los demás: PNV, EH Bildu —que ya ha dicho que votará a favor—, BNG y puede que con Coalición Canaria. Pero antes, para avanzar en todos esos, es imprescindible desbloquear el pacto más complejo de todos, con ERC y Junts, que gira alrededor de la amnistía a los encausados del procés, que Sánchez se ha comprometido a explicar “con transparencia”. Es el asunto principal, pero hay otros importantes en la negociación, como la financiación autonómica o la gestión de las competencias de Rodalies, los cercanías de Cataluña.

Las negociaciones entre los dos socios de la coalición se habían acelerado este lunes, después de que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, se mostrara a favor de abordar el debate sobre el recorte de la jornada de trabajo en plenas conversaciones de los socialistas con Sumar, que propone la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales al final de la legislatura. La vicepresidenta primera en funciones ha remitido el “debate” sobre la reducción de la jornada laboral al ámbito de la negociación colectiva, es decir con la patronal y sindicatos, aunque en las cúpulas del PSOE y Sumar a nadie se le ha escapado que Calviño —que en la legislatura pasada ha tenido sus diferencias con Díaz en cuestiones como la subida del salario mínimo— se abría de este modo a la rebaja de la jornada de trabajo. Aún así, el detalle de dejarlo en manos de la negociación colectiva y por tanto de darle a la patronal la posibilidad de vedarlo es decisivo. Las palabras con las que se redacte finalmente el acuerdo son por tanto muy importantes para saber en qué quedará esta propuesta, que en cualquier caso necesitará el apoyo de toda la nueva mayoría que se está formando para la investidura de Sánchez.

“La reducción de la jornada es uno de los asuntos fundamentales del acuerdo de gobierno. Nos comprometimos con la sociedad y lo llevamos en las negociaciones”, reiteró por la mañana Ernest Urtasun, el portavoz de Sumar. La jornada laboral de ocho horas al día se aplica en España desde hace más de un siglo, cuando se consiguió tras la huelga de La Canadiense en 1919. Entonces eran seis los días de trabajo a la semana, por tanto se aprobaron las 48 horas semanales tras la huelga, y no fue hasta 1983 cuando se aprobó la jornada de 40 horas semanales, ocho cada día laborable con dos de descanso. El proyecto de ley fue aprobado hace cuatro decenios en el Congreso para reducir de 43 horas a 40 horas la jornada semanal máxima. Entonces, la medida afectó a cinco millones de trabajadores de los 11 millones que había registrados. Desde entonces se ha mejorado la jornada anual con vacaciones y festivos, pero nunca se tocó la semanal de 40 horas. Hasta ahora.

El PSOE y Sumar llevan casi tres meses trabajando en el acuerdo, desde que el pasado 28 de julio se produjo el primer intercambio de papeles. Las negociaciones las han encabezado por parte del PSOE su vicesecretaria general y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y por parte de Sumar el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. En esas reuniones han participado otros perfiles muy próximos a Díaz, como su número dos en Trabajo, Joaquín Pérez Rey o la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop. Lo que al principio no iba a ser un pacto tan detallado como lo fue en 2019 el que se cerró con Unidas Podemos, poco a poco ha ido ganando en contenido hasta convertirse en un amplio documento que abarca multitud de áreas y supone un contrato de la coalición con un programa progresista.