El juez del ‘caso Neurona’ desimputa a Juan Carlos Monedero

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, desinfla aún más la causa abierta contra Podemos en verano de 2020, donde se ha investigado la relación del partido con la consultora mexicana Neurona. A través de varias resoluciones dictadas este 6 de septiembre, a las que tuvo acceso EL PAÍS, el magistrado ha desimputado a Juan Carlos Monedero, cofundador de la fuerza política, y ha descartado definitivamente el delito de financiación ilegal. El proceso, que llegó a convertirse en una macrocausa con más de media docena de líneas de investigación, se queda así limitado exclusivamente a un posible delito electoral por haber pagado presuntamente de más a Neurona por unos trabajos que se realizaron, según reconoce el propio juez.

Con esta decisión, el magistrado Escalonilla reactiva una causa que había permanecido prácticamente dormida durante meses, a la espera de encontrar un perito que elaborara el informe final sobre los trabajos de Neurona, que aún no se ha entregado —en febrero de este año se designó al consultor Aleix Sanmartín para esa labor, después de que otros técnicos hubieran rechazado el encargo—. Además, el juez insufla en sus valoraciones más aire a Podemos, al que ha mantenido imputado como persona jurídica desde hace más de tres años y que siempre ha defendido que la contratación con Neurona se ejecutó correctamente.

En este sentido, el juez levanta todas las sospechas sobre Monedero, al que había imputado tras señalarlo por intervenir presuntamente como comisionista para que se contratara por 363.000 euros a Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. Para actuar contra el cofundador del partido, Escalonilla hizo suyas las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y aseguró que el político había percibido supuestamente 26.200,31 euros por intermediar a favor de la consultora. Para sustentar su teoría, los agentes aseguraban que, para justificar ese ingreso, Monedero fabricó ad hoc una factura fechada el 30 de diciembre de 2018 bajo el concepto de “300 horas de consultoría presencial en Buenos Aires, Colombia y México”. “[Es] habitual emitir facturas falsas bajo el amparo de la presunta realización de servicios de asesoría, al tratarse de un servicio de difícil comprobación”, apostilló el juez en uno de sus escritos incluidos en el sumario.

Sin embargo, después de que Monedero presentara una batería de correos electrónicos y documentos para defenderse, el juez descarta ahora cualquier reproche penal contra él. De forma contundente, el magistrado incide en que “no existen indicios de que intermediara ni tuviera participación alguna en la contratación llevada a cabo por Unidas Podemos en fecha 27 de febrero de 2019 con la mercantil Neurona”. Además, afirma que el exdirigente de la formación ha demostrado la “autenticidad de la factura” que la Policía había considerado falsa, “en cuanto a los conceptos a los que va referida dicha factura”: “La transferencia de dinero recibida, [los 26.200 euros], se correspondía con el pago de unos servicios de consultoría realizados [por Monedero] durante 2018 a dicha sociedad mexicana”.

Inexistencia de financiación ilegal

En otro auto fechado el 6 de septiembre, el juez también da carpetazo definitivamente a otras de las grandes imputaciones a Podemos: el presunto delito de financiación ilegal. El juez llegó a poner sobre la mesa la posibilidad de que la fuerza política hubiese utilizado a Neurona como una vía para financiarse ilegalmente, para financiar a partidos extranjeros o, incluso, para compensar a agentes externos que ayudaron a la creación de la formación en 2014. Pero, según afirma el juez ahora, ese delito ha quedado descartado y la causa se “ciñe actualmente” solo a la “presunta comisión de un delito electoral”, “respecto del cual no está prevista la posible responsabilidad penal de dicho partido político”, al que “aparta” del procedimiento.

El juez, que abrió el caso Neurona en el verano de 2020 tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de Podemos —José Manuel Calvente, enfrentado con la cúpula—, ha investigado la relación del partido con dicha consultora mexicana. En un primer momento, Escalonilla sospechaba que la formación abonó a la empresa 363.000 euros por unos servicios que nunca prestó. Pero, tras acreditar la existencia de trabajos hechos por la consultora, el magistrado dio un giro a las pesquisas y ahora ha limitado sus indagaciones a si se infló el precio que se abonó a Neurona.

Para ello, Escalonilla quiere que se confeccione ese informe pericial, que calcule cuál debía ser el coste. Podemos y la Fiscalía ya han cuestionado que ese documento vaya a tener mucho valor, ya que la empresa puede fijar el precio que quiera (basándose en la libertad de mercado). Sin embargo, antes de decidir si archiva finalmente la causa, el magistrado insiste en que no le importa si hay “mínimas divergencias” entre el coste estimado por el experto y los 363.000 euros abonados. Lo que quiere saber es si existe, “en su caso”, una “disfunción” que sea “excesiva, no real y no concorde con los servicios realmente prestados”.

La burbuja pinchada

Además de la relación con Neurona, el juez Escalonilla aprovechó la declaración de Calvente para impulsar unas macropesquisas y llegó a abrir hasta 10 líneas de investigación, de las que ha dado carpetazo a nueve. Entre otras, descartó que se pagaran sobresueldos a la gerente y al tesorero de Podemos; que se inflaran los costes de la obra de la sede; o que se desviara dinero de la caja de solidaridad de la formación, un fondo al que los cargos donan parte del sueldo para fines sociales y que la derecha calificó como caja b. También se archivó el caso Niñera, una derivada que se centró en la supuesta utilización de trabajadores de Podemos para el cuidado de la hija de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, y del exvicepresidente del Gobierno y exlíder del partido, Pablo Iglesias.

El 27 de julio de 2022, el juez ya dio por cerrado el plazo de instrucción de la causa, pero aún no ha decidido si la archiva o procesa a alguien. Según indicó, no lo hará hasta que reciba el informe pericial para decidir sobre el presunto delito electoral.