Podemos toma más oxígeno en el ‘caso Neurona’

La última línea de investigación que queda abierta del caso Neurona —las pesquisas judiciales iniciadas a mediados de 2020 para investigar la relación de Podemos con la consultora mexicana Neurona— se desinfla un poco más. La Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha concluido que Juan Carlos Monedero, fundador del partido, no manipuló un correo electrónico que envió a la compañía latinoamericana y que el magistrado Juan José Escalonilla había puesto bajo sospecha. La formación otorga un enorme valor a este informe policial ya que, según sostiene la fuerza política, demuestra que Monedero no intervino como comisionista para que se contratara a Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. Podemos vuelve así a tomar oxígeno en una causa que en estos más de dos años ha ido debilitándose progresivamente.

“Al tratarse de un portal web de un tercero, como es este caso Google-gmail, el usuario de la misma (titular de la cuenta de correo electrónico) no tiene capacidad de modificación de un correo ya enviado. Se podrá eliminar, no alterar ni manipular; puesto que todos estos datos se almacenan en servidores gestionados por Google a los que los usuarios no tienen acceso de modificación, más allá de poder enviar o recibir correos electrónicos desde esta plataforma web”, expone la Unidad de Ciberdelincuencia en un informe de dos páginas fechado el pasado 2 de febrero, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El caso Neurona nació como un macroproceso que se ha ido desinflando. Tras recibir una denuncia de un antiguo abogado del partido —José Manuel Calvente, enfrentado con la cúpula—, el juez Escalonilla llegó a abrir hasta diez líneas de investigación, de las que ha dado carpetazo ya a nueve. Entre otros puntos, se ha descartado que se pagaran sobresueldos a la gerente y al tesorero de Podemos; que se inflaran los costes de la obra de la sede; o que se desviara dinero de la caja de solidaridad de la formación, un fondo al que los cargos donan parte del sueldo para fines sociales y que la derecha calificó como caja b. También se archivó el caso Niñera, la derivada de las pesquisas que se centró en un presunto delito de administración desleal por la supuesta utilización de trabajadores de Podemos para el cuidado de la hija de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, y del exvicepresidente del Gobierno y ex líder del partido, Pablo Iglesias.

A día de hoy, solo queda una línea de investigación abierta: la contratación de Neurona por parte de Podemos para las elecciones generales de abril de 2019. En un primer momento, el juez sospechaba que la formación pagó a la consultora 363.000 euros por unos servicios que nunca prestó. Pero, tras acreditar la existencia de trabajos hechos por la empresa latinoamericana, el magistrado Escalonilla dio un giro a las pesquisas y ahora indaga si se infló el precio que se abonó a Neurona. Para ello, ha encargado un informe pericial que calcule cuál debía ser el coste, aunque no encuentra quién se lo haga: una docena de empresas y profesionales han rechazado ya asumir esa tarea.

En este contexto, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llegó a elaborar en noviembre de 2020 un informe en el que señalaba directamente a Monedero, y el juez lo imputó. Según señaló el magistrado, recogiendo así la tesis de los agentes, el fundador de Podemos había percibido supuestamente 26.200,31 euros por intermediar a favor de Neurona para que el partido la contratara para los comicios nacionales de abril de 2019. Para sustentar su teoría, la UDEF aseguraba que, para justificar ese ingreso, el político había fabricado ad hoc una factura por valor de 26.200 euros, fechada el 30 de diciembre de 2018 bajo el concepto de “300 horas de consultoría presencial en Buenos Aires, Colombia y México”. “[Es] habitual emitir facturas falsas bajo el amparo de la presunta realización de servicios de asesoría, al tratarse de un servicio de difícil comprobación”, apostilló el juez en un escrito.

Sin embargo, desde un principio, Monedero y Podemos han negado cualquier ilegalidad. El cofundador del partido siempre ha reconocido que trabajó hace años para Neurona, pero insiste en que no tuvo nada que ver con la contratación de la compañía mexicana para las elecciones generales. Además, en su defensa expuso que esa factura la envió a la consultora por email (el correo electrónico que, según ha concluido ahora la Unidad de Ciberdelincuencia, no puede manipularse) el 13 de enero de 2019, es decir, antes de que se convocaran esas elecciones de abril de 2019. “De modo que las insinuaciones sobre el supuesto vínculo entre el pago que recibió y las elecciones posteriores carecen de cualquier fundamento”, subrayan fuentes de la fuerza política.

En esa misma línea, el responsable de aquella campaña, Juan Manuel del Olmo, aseguró al juez que fue él quien decidió por iniciativa propia encargar a Neurona los trabajos para dichos comicios, después de que contactara con él meses antes el responsable de la consultora y tras convocarse por sorpresa los comicios en febrero de 2019.

El juez Escalonilla decidió dar por finalizado el plazo de instrucción del caso Neurona el pasado 27 de julio, pero aún no ha decidido si archiva la causa o procesa a alguien —se encuentra pendiente de recibir ese informe pericial sobre el coste de los trabajos de Neurona—. Por su parte, la Fiscalía cree que esas indagaciones tienen escaso futuro. El ministerio público no solo considera ya acreditado que la consultora desplazó a empleados a España para ayudar con la campaña y que ejecutó trabajos encargados por Podemos, sino que apuntó en un escrito enviado al instructor: “Entendemos que la formación puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste”.