El comisionista Luceño calla ante el juez por su supuesto delito fiscal

A la tercera, Alberto Luceño ha decidido callar. El comisionista, socio de Luis Medina e investigado junto a él por la supuesta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid con la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia, ha vuelto este viernes a los madrileños Juzgados de Plaza de Castilla. El magistrado Adolfo Carretero lo había citado de nuevo para interrogarlo, después de que las pesquisas ampliasen el foco sobre su figura, imputándole un nuevo delito de fraude fiscal y atribuyéndole numerosas falsificaciones documentales. Pero Luceño, que sí declaró ante la Fiscalía Anticorrupción (en abril de 2021) y en su primera cita ante el instructor (en abril de 2022), ha optado en esta ocasión por guardar silencio y acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de los investigadores.

El empresario, que se embolsó junto a Medina casi seis millones de euros en comisiones, cambia así de estrategia de defensa. Una decisión que ha tomado después de que se estrechase el cerco sobre él a raíz del registro que la Policía ejecutó en su casa y en la sede de su empresa, Tamaka Invest Sociedad Limitada. Los agentes hallaron numerosos documentos falsificados —incluida una placa del CNI y hasta 78 versiones de una supuesta carta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Ameida—; que se suman ahora como indicios a un contundente informe de la Agencia Tributaria, que ha concluido que Luceño creó esa compañía ad hoc con el único objetivo de defraudar a Hacienda.

Una tesis que este mismo viernes ha ratificado la jefa del equipo de Inspección que analizó las cuentas del imputado. La técnico ha comparecido ante el juez Carretero, antes de que Luceño se negase a declarar, y ha confirmado todos los extremos del informe que ya enviaron al magistrado. Según recalcan fuentes jurídicas, la experta ha explicado con gran detalle cómo el comisionista creó en mayo de 2020 la empresa Takamaka para poner en marcha un mecanismo de “elusión fiscal”.

En el documento que la Agencia Tributaria envió el magistrado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, ya se destaca que Luceño fundó esta compañía meses después de las operaciones de venta al Consistorio para “simular” que, en lugar de él, fue dicha sociedad quien prestó sus servicios a Leno, la empresa asiática que suministró presuntamente el material sanitario (mascarillas, guantes y test anticovid) que acabaría en el Ayuntamiento de la capital. Esto le permitió declarar los ingresos millonarios a través de Takamaka, pagando menos impuestos que si lo hubiera hecho a través del IRPF —como correspondía, según Hacienda—.

“Constituye [esa compañía] con una finalidad muy clara: interponerla en la relación comercial, aparentando que es aquella quien presta los servicios de intermediación, con el objetivo de conseguir una reducción en la tributación”, subrayó la Agencia Tributaria en su análisis. En este sentido, en base a los cálculos de Hacienda, el juez destaca que Luceño “dejó de ingresar en las arcas públicas” más de 1,3 millones de euros, “en relación con el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) de 2020” que él debía declarar.

Nuria Zapico, abogada de Más Madrid, partido personado como acusación popular, ha afirmado tras la ronda de interrogatorios de este viernes: “Por una parte, es significativo que Luceño no haya querido responder a nadie, cuando al principio sí respondió al juez y a sus abogados. Por otro lado, la inspectora de Hacienda ha sido muy tajante, y ha afirmado que ellos perciben que, en ningún momento, hay una intención de Luceño de pagar a Hacienda”. En una carta remitida a la Agencia Tributaria, el comisionista llegó a justificar que ya regularizaría su situación fiscal cuando acabara la investigación judicial contra él por la presunta estafa al Ayuntamiento de la capital.

El juez mantiene imputados a Medina y Luceño por estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental —al primero, además, le atribuye alzamiento de bienes; y al segundo, fraude fiscal—. La Fiscalía denunció que los dos empresarios se embolsaron casi seis millones de euros al engañar al Ayuntamiento con tres operaciones de compra de mascarillas, guantes y pruebas en la primera fase de la pandemia. “Luceño, en connivencia total con Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento que el precio de las mascarillas se había elevado un 60%, el de los guantes en un 81% y el de los test en un 71%, como consecuencia de las comisiones que habían pactado”, argumentó el magistrado en una resolución.

Roberto Sotomayor, candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, ha cargado también este viernes contra el actual regidor: “Desde que el 22 diciembre de 2020 el Ayuntamiento tuviera conocimiento de que había una investigación por el caso mascarillas, ha habido por parte de Almeida un total de cero explicaciones, cero dimisiones, cero depuraciones de responsabilidades. Es inaudito que, lejos de tomar medidas para combatir la corrupción, lo que ha hecho el PP ha sido premiar a la alto cargo que firmó el acuerdo para este pelotazo”.