Anticorrupción respalda reabrir el ‘caso Kitchen’ para investigar la implicación de Cospedal
La Fiscalía se adhiere a los recursos de PSOE y Podemos, acusaciones populares, para retomar las pesquisas sobre el espionaje a Bárcenas
![J. J. Gálvez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fe1fe47bb-fbcf-41d9-8602-c7522ae705ee.jpg?auth=539b72e066731e3093d75ad47e0353d9c24168bc6de1a15cfcabbf3a0d5189d6&width=100&height=100&smart=true)
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La Fiscalía Anticorrupción se mueve para intentar reabrir la investigación sobre la Operación Kitchen, la trama parapolicial urdida en 2013 en el Ministerio del Interior para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas y arrebatarle documentación comprometedora para altos cargos del PP. El ministerio público ha respaldado los recursos de las acusaciones populares (PSOE y Podemos) para retomar las pesquisas e imputar a María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido entre 2008 y 2018. Las acusaciones solicitaron que se reabriera la causa tras la publicación, el pasado mayo, de una serie de audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo que la señalan.
La batalla de las acusaciones por reanudar esta causa continúa, pese a los reveses. El juez Manuel García-Castellón, instructor de la Audiencia Nacional, ya rechazó en septiembre reabrir la investigación sobre las maniobras contra Bárcenas y la presunta implicación de Cospedal, al considerar que las grabaciones de Villarejo no aportaban nada nuevo contra ella. “El sustento de la imputación se reduce casi de forma nuclear a unos minutos de un corte de audio del que se desconoce no solo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto”, expuso entonces el magistrado.
Tras conocerse esa resolución del juez García-Castellón, Anticorrupción renunció a recurrirla por iniciativa propia a la Sala de lo Penal. Sin embargo, dejó la puerta abierta a respaldar las alegaciones de las acusaciones populares si decidían acudir a una instancia superior. Y así lo ha hecho llegado el momento. “En relación con el recurso de apelación de Podemos contra el auto del 13 de septiembre de 2022 [del juez], que rechazó la reapertura de la presente pieza separada, [...] interesa la revocación del auto recurrido”, expone el ministerio público en un escrito de apenas dos párrafos presentado el 24 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS. La Abogacía del Estado ya había mostrado en octubre su apoyo a la iniciativa de Podemos.
Desde un principio, la Fiscalía ha defendido que Kitchen forma parte de un complot mucho más amplio urdido desde el PP a partir de 2009 para boicotear la investigación judicial del caso Gürtel, la red corrupta de Francisco Correa que anidó en el seno del partido. En opinión del ministerio público, entre otras maniobras, esta trama incluyó el chivatazo a la formación de información confidencial y, ya en 2013, la puesta en marcha de la operación de espionaje a Bárcenas. Una iniciativa en la que, según Anticorrupción, indiciariamente “intervino” Cospedal, a la que considera como la pieza clave que engarza con el corazón de la fuerza política, entonces en el Gobierno.
A lo largo de muchos escritos, los fiscales han descrito los hilos que conducen hasta la ex secretaria general del PP. Entre otros, Andrés Gómez Gordo, un comisario que supuestamente participó en los primeros contactos con Sergio Ríos, entonces chófer de Bárcenas, para captarlo como confidente. Gómez Gordo era un hombre muy cercano a Cospedal, ya que trabajó para ella como asesor durante la etapa de la dirigente popular como presidenta de Castilla-La Mancha. Además, la política y su marido —el empresario Ignacio López del Hierro— mantuvieron durante años una relación fluida con Villarejo, con el que despachaban a menudo.
Esos habituales contactos entre el matrimonio y el comisario no solo han quedado reflejados en las anotaciones de las agendas intervenidas a Villarejo, sino también en los registros telefónicos. En un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía se detallan más de 70 contactos telefónicos entre el policía y el entorno de la ex secretaria general del PP durante los meses de la operación de espionaje a Bárcenas. Esas comunicaciones coinciden con apuntes del comisario en sus cuadernos personales, donde escribía el contenido de las conversaciones y sus impresiones. Entre otras notas, justo el día en que se activa el despliegue parapolicial, según el juez, Cospedal llama personalmente al comisario y conversan durante 19 segundos. Villarejo plasma entonces en su agenda: “Cospe: Muy mosca con la citación. Le aconsejé que llamara a Chisco”. Chisco era Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, a quien la instrucción otorga el papel de coordinador de la Operación Kitchen.
Pese a todo, el magistrado García-Castellón dejó en julio de 2021 a Cospedal fuera de las pesquisas y circunscribió toda la responsabilidad de Kitchen al Ministerio del Interior. En una decisión avalada en mayo en 2022 por la Sala de lo Penal, el instructor procesó, entre otros, al entonces responsable político de aquella cartera, Jorge Fernández Díaz; a su ex número dos, Francisco Martínez; a seis comisarios, como Eugenio Pino (jefe de la Policía durante el Gobierno Rajoy) y José Manuel Villarejo; y al antiguo chófer de Bárcenas, Sergio Ríos.
Las acusaciones se resignaron entonces, pero vieron cómo se abría una nueva vía apenas unos días después. EL PAÍS publicó algunas conversaciones inéditas grabadas por el comisario Villarejo en el primer semestre de 2013 con Cospedal, donde hablan presuntamente sobre cómo obstaculizar la investigación sobre los papeles de Bárcenas (la contabilidad b del PP). “La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”, se escucha decir a la ex secretaria general. Basándose en esos nuevos audios, el PSOE pidió sin éxito al magistrado García-Castellón que reabriese la causa para volver a apuntar a la exdirigente popular. Ahora, la decisión queda en manos de la Sala de lo Penal.
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