La Audiencia ordena investigar supuestas presiones del PP al abogado de Bárcenas para evitar que siguiera tirando de la manta

La Audiencia Nacional ha ordenado investigar si el comisario jubilado José Manuel Villarejo lideró una trama para presionar a uno de los primeros abogados de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, para evitar que el extesorero del PP difundiera más información sobre la corrupción del partido, que se encontraba cercado entonces por la publicación de los papeles de Bárcenas por parte de EL PAÍS, que revelaban la caja b de la formación. Las pesquisas se basan en unos archivos de audio que apuntarían de forma “indiciaria” a la existencia de un presunto “encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir, mediante presiones a Bárcenas y a su letrado, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el partido vinculadas con el sumario” del caso Gürtel.

La Sala de lo Penal ha aceptado las alegaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió la decisión del juez instructor Manuel García-Castellón de archivar esta línea de investigación —bautizada como Pieza 36 del caso Villarejo—. El ministerio público consideró prematuro el carpetazo del magistrado, y defendió hacer más indagaciones (como interrogar a algunos sospechosos) antes de adoptar una medida de tal calibre.

La tesis de las presiones a Liaño, un antiguo juez de la Audiencia Nacional expulsado en 1999 de la carrera por prevaricación en el caso Sogecable, vuelve a poner el foco sobre las maniobras de miembros del PP para evitar que Bárcenas siguiera tirando de la manta. Precisamente, otra línea de investigación del caso Villarejo concluyó que la cúpula del Ministerio del Interior puso en marcha a mediados de 2013 la Operación Kitchen para espiar al extesorero y arrebatarle documentos comprometedores sobre dirigentes de la formación. Por esta trama se encuentran procesados, entre otros, el exministro Jorge Fernández Díaz, hombre de confianza del expresidente Mariano Rajoy; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; Eugenio Pino, entonces máximo responsable de la Policía; y otros comisarios e inspectores jefes del Cuerpo, como el propio Villarejo.

Pese a que la Sala de lo Penal reconoce que podrían existir conexiones entre ambas pesquisas, la Audiencia decidió crear la Pieza 36 del caso Villarejo debido a que la instrucción de Kitchen se encuentra muy avanzada. Esta última causa está finiquitada y a la espera de que la Fiscalía presente su escrito de acusación, paso previo para poder enviar el sumario a juicio.

El auto de la Sala de lo Penal, fechado el 1 de febrero, señala que Villarejo recopiló información sobre Gómez de Liaño y contactó con terceras personas que supuestamente habrían tenido relación con él anteriormente. El abogado había defendido al líder de la mafia rusa Zakhar Kalashov y, según la resolución, Villarejo buscaba comprobar si el letrado recibió pagos irregulares de su cliente. Todo ello, con el presunto objetivo de presionarle por encargo de miembros del PP para que evitara que Bárcenas siguiera tirando de la manta. Gómez de Liaño asumió la defensa del tesorero en julio de 2013, casi medio año después de la publicación de los papeles de Bárcenas.

En este sentido, el comisario apuntó en sus agendas que en abril de 2014 mantuvo una conversación con Halit Sahitaj, supuesto intermediario conectado con Kalashov. Y Villarejo anotó sobre él: “Sujeto interesante. Dice que pagó personalmente mucho dinero en efectivo a Liaño”, según recogió El Periódico de España.

Además, la Fiscalía señala que, a raíz de un registro del domicilio de Sahitaj —en el marco de una investigación de un Juzgado de Marbella—, se consiguió acceder a una dirección de correo electrónico que resultó clave. En ella constaban cuatro archivos de audio que, el 20 de octubre de 2014, se enviaron al email del despacho profesional de Gómez de Liaño. “Dichos archivos de audio […] pondrían de manifiesto, de manera indiciaria, un encargo realizado por terceras personas vinculadas al PP a fin de conseguir, mediante presiones a Luis Bárcenas y a su letrado, que no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales para el Partido Popular vinculadas con el sumario de Gürtel”, dice la Sala.