Podemos denuncia al juez del ‘caso Neurona’ un intento de suplantar la identidad de su responsable de Facebook

Podemos ha denunciado que alguien ha intentado suplantar la identidad de la trabajadora del partido responsable de su cuenta de Facebook. La formación ha enviado un escrito relatando el incidente al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, que mantiene imputada a la fuerza política por contratar presuntamente de forma irregular a la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. Podemos concede una enorme transcendencia a estos hechos, ya que parte de la causa versa sobre los vídeos que la empresa americana elaboró para su cuenta en dicha red social. Es más, el partido recalca que este intento de suplantación de identidad se produjo apenas un mes después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía le solicitara sus claves de acceso a su perfil de Facebook, a lo que se negó la formación.

En el escrito remitido al juez, al que tuvo acceso EL PAÍS, Podemos narra que el 11 de diciembre de 2021 una persona “desconocida acudió a la tienda de [la compañía telefónica] Yoigo situada en el centro comercial Gran Vía de Hortaleza y, exhibiendo documentación que la acreditaría [como su trabajadora], se hizo pasar por ella y solicitó un duplicado de la tarjeta SIM de su número de teléfono móvil”. El partido añade que, de seguido, alguien logró entrar a la cuenta de la empleada en la plataforma de mensajería Telegram; y que constataron que hubo un acceso desde una dirección de IP desconocida.

“No nos consta que se haya intentado con dicha operación realizar ningún tipo de operación de índole lucrativo (estafas, suplantación de identidad en cuentas corrientes, etc.), lo que a nuestro juicio es indicativo de que la operación de suplantación de identidad denunciada lo que buscaba era la obtención de información obrante en el teléfono móvil”, añade el documento enviado a Escalonilla, responsable del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

En este escrito, las insinuaciones contra la UDEF resultan contundentes: “Siendo [la afectada] la administradora del perfil de Podemos en Facebook y teniendo interés la UDEF en acceder al perfil privado de Podemos en dicha red social, es posible hacerlo mediante la opción de recuperación de contraseña a través del teléfono móvil [de la trabajadora]”.

Según la fuerza política, en diciembre de 2021, la empleada acudió dos veces a una comisaría de la Policía a denunciar lo ocurrido, y llegó a solicitar a los agentes que revisaran las cámaras de vídeo del centro comercial donde se encontraba la tienda de Yoigo. “Si bien parece no haber existido gestión alguna en relación con los hechos denunciados, o al menos no se le ha comunicado a ella”, lamenta la formación.

La cúpula del partido tiene muy presente en la memoria otro episodio sucedido en 2015, cuando una asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, denunció el robo de su móvil en un centro comercial. En su aparato guardaba archivos y material que fueron publicados por varios medios de comunicación; y una copia de su contenido se encontró en poder del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Podemos y la UDEF mantienen una larga batalla en el seno del caso Neurona. El partido ha acusado a esta unidad policial de extralimitarse en sus funciones, “desbordando” las órdenes que le ha dado el magistrado durante la instrucción. La formación llegó a pedir al juez que instase a los agentes a “comportarse con la debida neutralidad esperable de las instituciones públicas en un Estado de derecho”. Por su parte, la UDEF le afeó que no le facilitara sus claves de Facebook y le reprochó incluso que, para contrarrestar sus pesquisas, presentase informes periciales elaborados por un técnico próximo a la formación.

El juez Escalonilla cerró el plazo de instrucción el pasado 27 de julio, pero aún no ha decidido si archiva la causa o si decide procesar a alguien. El magistrado se encuentra pendiente de recibir un informe pericial que valore el precio de los trabajos prestados por Neurona al partido, para compararlo así con los 363.000 euros que se pagó a la consultora mexicana. Sin embargo, el instructor no encuentra quién le confeccione dicho documento y una docena de empresas y profesionales han rechazado ya asumir esa tarea.