Cospedal a Villarejo: “La libretita [de Bárcenas]... sería mejor poderlo parar”
Las conversaciones del comisario y la secretaria general del PP en los primeros meses de 2013 destapan los esfuerzos desde el Ministerio del Interior para ocultar el escándalo de la caja b que manejó el extesorero
Dolores de Cospedal, secretaria general del PP entre 2008 y 2018, se empleó a fondo en el primer semestre de 2013 para evitar el desmoronamiento de su partido y del Gobierno, acorralados ambos por una grave sospecha de corrupción tras la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, los documentos que acreditaban la existencia de una caja b en la formación conservadora.
Cuando leyó el 18 de enero de 2013 en El Mundo que Luis Bárcenas, gerente y tesorero entre 1990 y 2009, pagó sobresueldos en negro durante años a una parte de la cúpula del PP, Cospedal acudió a su principal aliado policial desde 2009, el comisario José Manuel Villarejo, quien le informaba desde entonces de la investigación abierta contra la trama Gürtel, vinculada a su partido.
La secretaria general del PP quería saber si el periódico tenía papeles —”una libretita” que “[Eduardo] Inda va contando que tiene”, dice Cospedal— para acreditar quiénes eran los beneficiarios de esos sobresueldos en negro y cuánto dinero se había llevado cada uno.
Villarejo grabó entonces a Cospedal, y ese material sonoro, que guardaba en su vivienda, fue requisado por orden judicial dentro de la Operación Tándem, que acabó con la detención del comisario.
Aquella conversación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y que también publica el diario digital Fuentes Informadas, refleja la preocupación de la secretaria general del PP ante la posibilidad de que la “libretita” de Bárcenas estuviera en manos de los periodistas. Este periódico se ha puesto en contacto con Cospedal, quien ha declinado responder sobre aquellas conversaciones con Villarejo.
EL PAÍS publicó el 31 de enero de 2013 los papeles manuscritos donde Bárcenas registró durante casi 20 años (1990-2009) una contabilidad paralela, nunca declarada al Tribunal de Cuentas, con las entradas —casi ocho millones de euros que aportaron numerosos empresarios— y salidas de dinero.
En esa documentación, Bárcenas registró pagos de sobresueldos a los principales dirigentes del PP, entre los que se encontraba el expresidente Mariano Rajoy y quienes fueron secretarios generales y vicesecretarios generales durante aquel tiempo, como Javier Arenas, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja, Ángel Acebes, Francisco Álvarez Cascos y la propia Dolores de Cospedal. También apuntó los ingresos de fondos millonarios a través de donaciones de empresarios que tenían prohibido por ley financiar a los partidos políticos al tratarse de contratistas de la Administración.
Once días antes de que EL PAÍS publicase los papeles de Bárcenas, Villarejo tranquilizó a Cospedal y la asesoró sobre los próximos movimientos ante el escándalo que se avecinaba.
La mención de Cospedal a “lo de los catalanes” se refiere a la investigación abierta en la propia policía durante el Gobierno del PP por un informe sin sello, firma, fecha ni destinatario en el que se relataban una decena de graves corruptelas de los principales dirigentes independentistas catalanes (el expresidente Jordi Pujol, el presidente Artur Mas y varios consejeros de su Gobierno, periodistas, jueces y fiscales de Cataluña).
El Gobierno del PP puso en marcha en aquellas fechas una estrategia basada en la denuncia de diversas corruptelas atribuidas a los principales líderes independentistas, con la idea de que la publicación de esos escándalos neutralizaría el desafío rupturista del Ejecutivo catalán.
La amenaza de querella que sugirió Cospedal en su conversación con Villarejo se llevó a efecto cuando EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas. Los exsecretarios generales del PP —todos menos Mariano Rajoy— y algunas de las personas cuyos nombres aparecían en la contabilidad paralela del extesorero presentaron querellas contra este periódico. Todas ellas fueron archivadas o retiradas.
Aquel 20 de enero de 2013, la secretaria general del PP elucubró sobre las tres fuentes que supuestamente habían confirmado a El Mundo, sin pruebas documentales que lo avalaran, el pago de sobresueldos. Cospedal culpó de la filtración a Esperanza Aguirre; a su sucesor al frente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y al exministro y expresidente valenciano Eduardo Zaplana. El comisario Villarejo mostró su extrañeza sobre la expresidenta madrileña:
Alberto López Viejo fue viceconsejero de Presidencia y consejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Cuando estalló el caso Gürtel, fue uno de los primeros imputados, acusado de cobrar comisiones de la trama corrupta a cambio de adjudicar contratos de la Comunidad de Madrid. El tribunal lo condenó a 31 años de cárcel.
La secretaria general del PP acabó aquella conversación del 20 de enero de 2013 con un ruego a Villarejo.
EL PAÍS publicó por primera vez los papeles de Bárcenas el 31 de enero de 2013. Los principales dirigentes del PP que figuraban como beneficiarios de sobresueldos pagados con dinero de la caja B negaron los hechos. La Audiencia Nacional abrió una pieza separada en el sumario del caso Gürtel para investigar el caso. Y la policía, por encargo del juez, comenzó a elaborar informes sobre los documentos. Es en ese momento cuando Cospedal vuelve a recurrir a Villarejo para conocer los avances de la investigación. Es viernes, 26 de abril de 2013.
Villarejo y Cospedal hablan de los informes que salen del Ministerio del Interior hacia el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Bárcenas y de las dificultades que existen para conseguir cambiar los párrafos que más daño hacen al PP. El comisario comunica a Cospedal que parte de ese trabajo ya está hecho.
Los informes policiales sobre el caso Gürtel fueron elaborados por un equipo al frente del cual estaba el inspector Manuel Morocho, quien denunció al juez en 2021 —ocho años después de redactar esos informes— que sus jefes los habían manipulado antes de entregárselos al juzgado para borrar las referencias al PP o a sus principales dirigentes.
En la conversación con Cospedal, el comisario Villarejo le ofrece una solución para evitar en lo sucesivo informes duros contra el PP y el Gobierno de Mariano Rajoy, como los que redactaba el inspector Morocho.
La investigación judicial de los papeles de Bárcenas se abrió en 2013 y culminó ocho años después con un juicio en el que fue condenado el extesorero Luis Bárcenas. Solo se pudieron juzgar los pagos hechos en 2008 y 2009, dado que el resto de ejercicios estaba prescrito. Por eso, la sentencia solo analiza las obras de reforma en la sede nacional del PP, pagadas en parte con dinero de la caja b, y condena a penas de cárcel a Bárcenas, y al PP como responsable civil subsidiario.
La sentencia describe entre los hechos probados la financiación ilegal de la formación conservadora: “En el periodo en el que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero (1990-2009), gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia en la contabilidad oficial ni, por tanto, fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas”.
Las dos causas abiertas de los papeles de Bárcenas
La Audiencia Nacional abrió en 2013 una pieza separada del caso Gürtel para investigar la contabilidad paralela del PP publicada por EL PAÍS el 31 de enero de ese año. La instrucción judicial reunió decenas de pruebas de la veracidad de los denominados papeles de Bárcenas, con testimonios de algunos de los que recibieron los fondos opacos y de algunos de quienes los dieron; y con documentación que demostraba algunos gastos hechos con dinero negro (en las obras de reforma de la sede de Génova, 13; en el pago de sobresueldos a varios dirigentes del PP; en la compra de participaciones de Libertad Digital). El juicio en la Audiencia Nacional terminó con la condena al extesorero Luis Bárcenas y al PP como responsable civil subsidiario de lo ocurrido. Ahora la causa sigue abierta, pues el Tribunal Supremo deberá resolver los recursos presentados por las acusaciones populares, por el PP y por los condenados del bufete de arquitectura que hizo las obras en Génova,13.
Durante la investigación judicial del caso, el PP fue expulsado como acusación popular –sus iniciativas iban encaminadas a defender al extesorero en lugar de acusarlo– y destruyó los discos duros de dos ordenadores de Bárcenas, por lo que la formación conservadora fue encausada en un juzgado de la Plaza de Castilla, que acabó archivando el caso. A la vez, en el Ministerio del Interior se ejecutó un plan, a espaldas del juez que investigaba el caso, para espiar a la familia de Bárcenas e intentar sustraerle documentación que pudiera incriminar al Gobierno de Mariano Rajoy en la financiación ilegal del partido. Esa causa judicial está abierta, con el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, procesados junto a media docena de comisarios que participaron en el operativo. Entre ellos, el propio Villarejo.
