El juez acusa a los comisionistas Luceño y Medina de “ocultar con engaño y ánimo de lucro” los sobreprecios

El magistrado retira el pasaporte a los dos investigados por riesgo de fuga

Medina a su llegada al juzgado. En vídeo, su declaración ante el juez.Foto: VÍCTOR SAINZ

El juez Adolfo Carretero ha impuesto medidas cautelares a Alberto Luceño y Luis Medina, investigados por embolsarse casi seis millones de euros en comisiones con la venta de material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid en la peor fase de la pandemia. El magistrado ha aceptado la solicitud de las acusaciones populares —Podemos, PSOE y Más Madrid—, que habían pedido este lunes que se les retirase el pasaporte por riesgo de fuga, así como comparecencias cada 15 días. El instructor, que acusa a los empresarios de “ocultar con engaño y ánimo de lucro” los sobreprecios bajo sospecha, marca así perfil propio y se aleja de la línea de la Fiscalía Anticorrupción, que no planteó adoptar ningún tipo de iniciativa contra ellos.

Medina y Luceño han acudido este lunes a declarar por primera vez ante el juez. Tras escucharlos, Carretero ha dictado sendos escritos para retirarles el pasaporte. En esas resoluciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado relata cómo Medina contactó con Elena Collado, responsable de Compras del Ayuntamiento, gracias a su “influencia” y “aprovechando su condición de personaje público”. El comisionista accedió hasta Collado tras facilitar el camino el primo del propio alcalde, al que había conseguido acceder antes a través de una profesora de universidad, que le dio el teléfono del familiar de José Luis Martínez-Almeida.

Una vez en contacto, Medina facilitó a Luceño el teléfono de Collado. “Utilizando esa carta de presentación, Luceño (gracias a la inestimable ayuda de Medina, que hizo de facilitador), se presentó como agente exclusivo de Leno —lo que no consta documentado— e hizo de intermediario entre esta empresa, como vendedora, y el Ayuntamiento, que firmó con Leno tres contratos de un millón de mascarillas, 2,5 millones de guantes de nitrilo y 250.000 test de covid rápidos, por los que pagó el Ayuntamiento 11,9 millones de dólares”, escribe Carretero.

El relato del magistrado es muy contundente. “Luceño, en connivencia total con Medina, ocultó con engaño y ánimo de lucro al Ayuntamiento que el precio de las mascarillas se había elevado un 60%, el de los guantes en un 81% y el de los tests en un 71%, como consecuencia de las comisiones que los investigados habían pactado con Leno”. Medina se embolsó casi un millón de euros. Luceño, casi cinco millones.

“Estos tres contratos, en los que intervinieron Luceño y Medina, constituyen un negocio jurídico criminalizado o estafa agravada”, apostilla con dureza el instructor, que recuerda que este delito “lleva aparejada una pena de hasta ocho años de prisión”. El magistrado también considera que los documentos que los empresarios presentaron en sus bancos —donde exponían que actuaban como agentes de Leno, lo que les permitía justificar sus comisiones— “presentan indicios de falsedad”.

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La declaración de Alberto Luceño ante el juez, este lunes.

La resolución del juez subraya la “gravedad” de los delitos investigados. “No solo por su enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia, con miles de fallecimientos diarios, [sino también] por afectar a fondos públicos necesarios para conseguir materiales sanitarios de primera necesidad, que ofrecían los investigados con ánimo de lucro, aunque aparentaban altruismo”, apunta el escrito del magistrado, que incide en que pueden llegar a enfrentarse a penas de hasta 23 años de cárcel, sumando todos los delitos que se les atribuyen.

Gran expectación

Tras cerca de un año de investigación, la Fiscalía decidió presentar una querella contra ambos a principios de abril. A continuación, el magistrado Adolfo Carretero, responsable del Juzgado de Instrucción número 47 de la capital, la admitió a trámite y citó a los dos comisionistas para que fuesen interrogados. La causa se encuentra abierta por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y alzamiento de bienes. Medina y Luceño solo han respondido este lunes al juez, y se han negado a contestar al ministerio público y al resto de las partes.

La cita de este lunes ha levantado una gran expectación. Decenas de periodistas y curiosos se han apostado a las puertas de los madrileños juzgados de plaza de Castilla, adonde han llegado los investigados con mucha antelación. Alberto Luceño ha sido el más madrugador y ha aterrizado en el edificio casi tres horas antes de su interrogatorio. Su socio Luis Medina, un habitual de la prensa del corazón, ha apurado un poco más, y se ha plantado en el juzgado una hora antes.

Medina se ha presentado este lunes como “broker de materias primas: carne, alimentación, minería...”. “Hasta que empezó la covid no me he dedicado a temas sanitarios”, ha dicho al juez. Sobre la operación con el Ayuntamiento, el hermano del duque de Feria ha añadido: “No sé a quién se le ocurrió. [Luceño] me dice que tenía proveedores de materias en China y yo buscaba a gente a la que le pudiera interesar. Un poco se nos ocurrió a los dos”.

“Llamé a Carlos Martínez-Almeida [primo del alcalde de Madrid] y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar un contacto en el Ayuntamiento. Me dio un email, que creo que era de Elena Collado, como responsable de compras que estaba en ese momento”, ha apostillado Medina, según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Luceño tenía el contacto con Leno. No pactamos comisiones. Entendí que me iba a tocar un tercio”. “No he sido engañado por Luceño”, ha remachado el investigado, matizando así sus palabras ante la Fiscalía, cuando arremetió contra su socio.

El segundo imputado ha mantenido una estrategia distinta y ha cargado contra las pesquisas de Anticorrupción. “Esos datos no son reales, los del tanto por ciento que hemos cobrado. Luis [Medina] era un facilitador y yo soy un agente. No sabíamos qué íbamos a ganar hasta que se cierra la operación”, ha asegurado Luceño al magistrado. “Cuando Elena [Collado] me dijo que ‘nos estaban estafando’, me enfadé con ella”, ha añadido. “Mi intención era, en parte, ayudar al Ayuntamiento; y, por supuesto, cobrar por mi trabajo”.

Luceño ya trató de presentarse ante la Fiscalía Anticorrupción como un empresario exitoso y “profesional”, con vínculos en China y más de 15 años de experiencia en la exportación —sobre todo, de productos cárnicos—. Pero el ministerio público receló de sus palabras y, durante el interrogatorio al que le sometió en abril de 2021, puso sobre la mesa las inconsistencias de su testimonio. Según la Fiscalía, aunque contaba con diversas sociedades a su nombre con un capital de 3.000 euros, ninguna había presentado cuentas anuales. Es más, entre 2012 y 2015, el volumen de entrada en sus cuentas es de cero euros. En los años posteriores se registran ingresos más altos —90.000 euros en 2016; 91.000, en 2017; 129.000, en 2018; y 570.000, en 2019—, pero el fiscal matizó que casi todos se produjeron en sus cuentas personales, y no en las de las empresas.

Podemos pide imputar también a Luceño por alzamiento de bienes y delito fiscal

El partido político Podemos, personado como acusación popular en la causa, quiere ampliar el foco de la investigación. Según consta en un escrito presentado este lunes, la formación pide imputar también a Alberto Luceño por alzamiento de bienes, ya que "dispuso" y movió los bienes de lujo que compró con el dinero obtenido de las comisiones millonarias que se embolsó. El juez ya le imputó dicho delito a Luis Medina y, tras pedir opinión a las partes, ahora debe decidir si hace lo propio con su socio. Paralelamente, Podemos también ha solicitado que se impute a Takamaka Invest, la empresa de Luceño, al que también atribuye un delito fiscal por haber tributado los beneficios de la operación a través de la compañía, pagando un impuesto de sociedades del 15%, en lugar del 43% que le "habría correspondido en el IRPF".

Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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