15 de los 16 jueces del Supremo, tanto progresistas como conservadores, han rebajado penas en aplicación de la ‘ley del solo sí es sí’

Jueces que han tenido un papel activo en el ala progresista de la carrera, magistradas reconocidas entre los movimientos feministas, jueces galardonados por su lucha contra la violencia de género... Ya son más de 500 los delincuentes sexuales a los que se les ha reducido el castigo tras la entrada en vigor de la ley de libertad sexual, y en esas decisiones han participado jueces de todas las tendencias y territorios, en contra del argumento en el que insisten las responsables del Ministerio de Igualdad, quienes sostienen que las rebajas y excarcelaciones son obra de “una minoría” de jueces “machistas”. En el Tribunal Supremo, 15 de los 16 jueces que forman la Sala Penal han avalado ya alguna de las siete reducciones de condena decretadas por el alto tribunal, siempre por unanimidad. La mayoría de los magistrados de la Audiencia de Madrid ha dictado también rebajas de penas a agresores sexuales.

Desde que se conocieron las primeras rebajas de condena en aplicación de la ley del solo sí es sí, el Supremo se ha pronunciado ya sobre este asunto en 16 ocasiones. Siete a favor de bajar la pena y nueve a favor de mantenerla. La última, este mismo jueves, cuando ha confirmado la condena de 35 años de prisión a un profesor de una academia de Valencia por abusos sexuales continuados, con la agravante de prevalimiento, a ocho menores a las que realizó tocamientos durante las clases. La sala ha descartado cambiar el castigo porque el que le correspondería aplicando la nueva ley es exactamente el mismo que con la anterior (el mínimo legal, tanto en los seis delitos de abusos continuados a menores de 16 años por los que fue condenado —cinco años por cada uno—, como en los dos de abuso a mayores de edad —dos años y medio en cada caso—).

La ponente de esta sentencia es la magistrada Ana Ferrer, miembro de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia y uno de los rostros más reconocidos del alto tribunal en materia de feminismo e igualdad. Si bien en la última sentencia de la que ha sido ponente Ferrer ha optado por confirmar las penas impuestas con la antigua ley, la magistrada ha avalado en las últimas semanas reducciones de condena en tres ocasiones, en una de ellas también como ponente. En esa ocasión la sala redujo de 12 a 10 años la pena impuesta a un hombre que violó a una menor, al concluir que, así como el tribunal que juzgó el caso había fijado la pena mínima en ese momento (12 años), ahora había que imponer el nuevo mínimo legal (10). En el tribunal que tomó esa decisión había tres magistrados de reconocida tendencia progresista (Ferrer, Susana Polo y Javier Hernández), un moderado (Andrés Martínez Arrieta) y un conservador (Pablo Llarena).

Los 16 miembros de la Sala Penal se han pronunciado ya sobre el alcance de la ley del solo sí es sí en las penas de delincuentes sexuales antes de la reforma legal. Y de ellos, 15, han participado en alguna de las siete sentencias en las que se ha reducido el castigo al agresor. Conservadores y progresistas han coincidido en todos los casos examinados, en los que ninguno de los magistrados ha presentado un voto particular con una interpretación de la reforma penal distinta a la secundada por el resto de sus compañeros.

Solo no ha avalado ninguna rebaja el progresista Leopoldo Puente, que lleva semanas centrado en la ponencia del caso Pescanova y ha quedado temporalmente liberado de participar en otras deliberaciones. Puente sí participó en una de las primeras sentencias del Supremo tras la entrada en vigor de la nueva ley, en la que el alto tribunal acordó mantener la pena de 15 años de cárcel a un padre por un delito de agresión sexual continuada con violencia e intimidación y acceso carnal a su hija menor de edad, a la que dejó embarazada tras las relaciones sexuales no consentidas que mantuvo con ella. El tribunal explicó que este caso no se veía afectado por la reforma legal porque la pena impuesta fue la máxima legalmente prevista (15 años) en la anterior regulación, que no ha cambiado en la actual.

Rebajas en todas las comunidades

Las rebajas de penas a agresores sexuales tampoco se concentran en determinados territorios u órganos judiciales, sino que se suceden por todo el país. Tribunales de todas las comunidades autónomas (audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia) han concluido que, en determinados casos, la ley del solo sí es sí les obliga a reducir condenas al resultar la nueva norma más beneficiosa para los delincuentes.

Uno de los primeros en rebajar el castigo a un agresor aplicando la nueva ley fue la Audiencia Provincial de Madrid, que cubre una población de más de 6,5 millones de personas y que constituye “el órgano colegiado más numeroso” de toda España, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este tribunal cuenta con 15 secciones penales, integradas por un total de 75 magistrados —las audiencias se dividen en secciones para organizarse con el reparto de asuntos a abordar, cada una de ellas compuesta por un grupo de cinco jueces—. A fecha 20 de enero, 12 de las 15 secciones ya habían dictado rebajas de penas a agresores sexuales tras revisar sus condenas firmes de oficio o por petición del recluso.

Fuentes de la Audiencia Provincial repiten que sus resoluciones no hacen más que, tras analizar las circunstancias concretas de cada caso, poner en práctica de forma automática las horquillas de penas que modificó la nueva normativa que impulsó el Ministerio de Igualdad, respaldó el Gobierno y aprobaron las Cortes. Entre los que han firmado rebajas se encuentra, por ejemplo, Ignacio González Vega, miembro de la Sección 17 y antiguo portavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia.

Frente al argumento de la ministra de Igualdad, quien insiste en que las rebajas se deben a que hay jueces que “están incumpliendo la ley” por “machismo”, fuentes jurídicas destacan un dato: los jueces que están reduciendo penas en algunos casos son los mismos que rechazan hacerlo en otros. Según las cifras de este jueves de la Audiencia Provincial de Madrid, las secciones de este órgano han dictado 70 rebajas; y han desestimado más del doble (146).