El juez del ‘caso Neurona’ imputa a Juan Carlos Monedero

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha acordado imputar a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y actual director del Instituto 25 de Mayo, una fundación vinculada a la formación de izquierdas. Según consta en un escrito dictado este mismo martes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado ha acordado citarle a declarar el próximo 15 de marzo a las 11.30 en calidad de investigado. El instructor adopta esta iniciativa después de poner bajo sospecha un abono de 26.200 euros de la consultora mexicana Neurona al exdirigente del partido liderado por Pablo Iglesias. Monedero niega, por su parte, cualquier ilegalidad.

Esta decisión inflige un nuevo revés a Podemos, que había visto en las últimas semanas cómo adelgazaban varios de los frentes que tiene abiertos en los tribunales. El Tribunal Supremo, por ejemplo, rechazó a finales de enero abrir una causa por el caso Dina al propio Iglesias, a quien había pedido imputar el juez Manuel García-Castellón a raíz de su investigación sobre el supuesto robo del móvil a una antigua colaboradora del actual vicepresidente segundo del Gobierno. Además, Escalonilla ha reducido el alcance del caso Neurona, al archivar cuatro de las líneas de instrucción abiertas en un principio: entre ellas, las que versaban sobre los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede de la formación y el presunto desvío de dinero de su caja de solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición calificó como “caja b”.

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Las pesquisas que señalan a Monedero nacen de una denuncia presentada ante la Guardia Civil por José Manuel Calvente, un antiguo abogado del partido despedido y enfrentado con la actual cúpula. El letrado enumeró a los agentes toda una batería de presuntas irregularidades en la fuerza política y mencionó expresamente al cofundador, al que situó como “intermediario y comisionista” entre Neurona y Podemos. A raíz de su declaración, Escalonilla hizo un primer movimiento en verano: pidió un informe al Registro Mercantil sobre las sociedades en cuyos consejos de administración figurase el politólogo. A mediados de septiembre, abrió una pieza separada de investigación que ha mantenido secreta hasta hace dos semanas.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional elaboró entonces, en ese contexto, un informe donde apunta directamente a Monedero por un pago que recibió de Neurona por valor de 26.200,31 euros. Según señala el juez, que recoge la tesis de los agentes, ese dinero estaría vinculado con la posterior contratación de la empresa por parte del partido de cara a las elecciones generales de 2019. Es decir, según su teoría, se trataría de una supuesta contraprestación para que la formación se hiciera después con los servicios de la consultora.

El magistrado concreta sus sospechas en un auto del 17 de noviembre. El juez señala como indicio la factura emitida por esos 26.200 euros, fechada el 30 de diciembre de 2018 bajo el concepto de “300 horas de consultoría presencial en Buenos Aires, Colombia y México”. Según Escalonilla, ese documento es presuntamente “falso” y se fabricó “ad hoc” para justificar el pago. Según añade, la factura la emite la propia Neurona un domingo y es la primera de dicho ejercicio, pese a que se confecciona a finales de año. Es “habitual emitir facturas falsas bajo el amparo de la presunta realización de servicios de asesoría, al tratarse de un servicio de difícil comprobación”, apostilla el instructor.

Monedero mantiene que esa factura se hizo de forma legal y repite que está declarada a Hacienda. El cofundador de la formación siempre ha reconocido que trabajó hace años para Neurona e insiste en que no tuvo nada que ver con la contratación de la compañía mexicana por parte de Podemos. En esa línea, el responsable de la campaña electoral de 2019, Juan Manuel del Olmo, aseguró al juez que fue él quien decidió por iniciativa propia, después de que contactara con él meses antes el responsable de la empresa y tras convocarse por sorpresa los comicios en febrero de 2019, encargarles los trabajos para los comicios. Olmo añadió que esas labores se prestaron, frente a la creencia del juez de que nunca se llevaron a cabo y que se firmó un contrato “simulado” para abonarles 363.000 euros por no hacer nada.