El juez del ‘caso Neurona’ archiva por segunda vez las pesquisas sobre la caja de solidaridad de Podemos

El juez Juan José Escalonilla, instructor del caso Neurona, ha archivado por segunda vez la línea de investigación abierta por el supuesto desvío de dinero de la caja de solidaridad de Podemos, un fondo al que los cargos públicos del partido donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición llegó a calificar como “caja b”. El magistrado, que se vio obligado a reabrir estas pesquisas tras ordenárselo la Audiencia Provincial de Madrid, concluye de nuevo que “no existen indicios racionales de la presunta comisión de un delito de administración desleal”, según consta en un auto emitido este mismo viernes, al que tuvo acceso EL PAÍS.

Esta parte del macrosumario se basaba en la denuncia presentada por José Manuel Calvente, un antiguo abogado de la formación enfrentado con la cúpula. El letrado relató al juez —una declaración que la Fiscalía consideró plagada de “rumores” y a la que restó valor— que se habían utilizado 50.000 euros de la caja de solidaridad para pagar a miembros de Podemos a través de la asociación #404 Comunicación Popular. En concreto, señaló al diputado Rafael Mayoral, también portavoz del partido. Pero el magistrado Escalonilla vuelve a rechazarlo de lleno tras analizar los informes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), perteneciente a la Policía Nacional, en los que se rebaja en primer lugar a 30.000 euros la cantidad aportada a esta organización desde dicho fondo de la fuerza política de izquierdas.

El juez destaca que el dinero transferido a #404 Comunicación Popular se dedicó a “los fines propios de dicha asociación”, especializada en “comunicar iniciativas del movimiento popular y defensa de los derechos humanos”, y no acabó en el bolsillo de ningún integrante de Podemos. Esa cantidad, reflejada también en los cargos en las cuentas bancarias de la entidad, se destinó “estrictamente para el sufragio de gastos derivados de la realización de actividades correspondientes a los fines asociativos”, subraya el instructor, que enumera en su auto cómo se han comprobado los pagos, como los 6.800 euros abonados para el alquiler de un local; los 3.357 euros destinados al “diseño, editorial, maquetación y producción del anuario de actividades”; y los 2.635 euros empleados en comprar una cámara fotográfica.

El caso Neurona nació como una macrocausa que ha empequeñecido. Tras la denuncia de Calvente, el juez llegó a abrir siete grandes líneas de investigación. Cinco de ellas ya se han archivado: además de la referida al fondo de solidaridad, las que versaban sobre los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones del 28 de abril de 2019; los sobrecostes en la reforma de la sede nueva del partido; el presunto acceso de la cúpula sin permiso al disco duro de una empleada; y la de los supuestos sobresueldos a través de complementos a Rocío Esther Val, gerente de la formación, y Daniel de Frutos, su tesorero (a la que también se dio carpetazo en dos ocasiones).

En este momento, solo continúan abiertas dos: una, sobre la donación de la exsenadora Celia Cánovas de 5.500 euros a la caja de solidaridad para destinarse al Proyecto Impulsa, ante la sospecha de que no se dedicaron a ese fin “altruista”. Y otra, por los servicios contratados con la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, la única línea de investigación que el Ministerio Público ha respaldado desde el principio. De hecho, este mismo julio, el juez ha ampliado el plazo de investigación para otros seis meses más. En un principio, el magistrado centró sus pesquisas en averiguar si el acuerdo firmado con la empresa fue “simulado” y nunca se realizaron los trabajos que se pagaron. Pero ahora, después de que Podemos facilitase 1.400 archivos —incluido fotografías y vídeos— para justificarlos, Escalonilla asegura en un auto que falta encargar un “informe pericial sobre el precio de realización de dichos vídeos y diseños presuntamente llevados a cabo por trabajadores contratados por Neurona, en atención tanto a su cantidad como a su calidad”.

Además, el juez Escalonilla remitió a otros juzgados otras tres líneas de investigación derivadas del caso Neurona, después de que otra abogada de Podemos también enfrentada con la cúpula, Mónica Carmona, narrara más presuntas irregularidades. Dos de esas derivadas también se han archivado: sobre el presunto cobro por parte de Pablo Iglesias, exlíder del partido, de las costas de procedimientos judiciales en los que estuvo representado por abogados de la formación; y las donaciones supuestamente irregulares del partido a una entidad social y a la fundación Instituto 25-M, vinculada al partido. El magistrado José María Escribano mantiene viva, por su parte, la tercera: el bautizado caso niñera, sobre el presunto uso de una asesora por parte de Irene Montero, ministra de Igualdad, para cuidar a uno de sus hijos.

Podemos ha arremetido contra todas estas investigaciones, que califica como “montajes” para perseguir a los integrantes de la cuarta fuerza política del país. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha calificado todo como “basura fake [falsa]”: “La cantidad de barbaridades, bulos y calumnias que se dijeron desde la [ultra]derecha política y mediática sobre nuestra caja de solidaridad, llamándola caja B, como la de los delincuentes del PP. Pues archivado”, dijo, por ejemplo, sobre la línea de investigación ahora archivada por segunda vez.