El informe policial que complica el ‘caso Neurona’

El enmarañado caso Neurona, la causa que mantiene un juez de Madrid contra Podemos por la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones generales de abril de 2019, se ha convertido en una montaña rusa que se prolonga desde hace nueve meses. Tras la apertura y cierre de cinco líneas de investigación (una de las cuales se volvió a retomar por orden de la Audiencia Provincial), irrumpe ahora en el proceso un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que pone en duda por primera vez la autoría de los archivos aportados por el partido para justificar que la consultora hizo los trabajos que le encargaron. Este documento, de 94 páginas y fechado el 12 de marzo, se ha incorporado 17 días después de que otra unidad de la Policía elaborara otro informe que, al contrario que este, reforzaba la tesis de defensa de la formación.

Conclusiones. El nuevo informe, firmado por un inspector de la UDEF tras analizar algunos de los 1.400 archivos aportados por Podemos, se centra en aquellos documentos donde no le cuadra su fecha de creación o modificación, la autoría o el contenido. Sobre el resto que no menciona, según explica el propio agente, “se entenderá que podrían ajustarse con la finalidad del contrato” firmado entre el partido y Neurona. Aun así, destaca una de las acusaciones populares, este documento supone “un jarro de agua fría” para la formación y complica su posición.

Entre los puntos destacados, el informe subraya que “algunos” de los archivos analizados no se crearon o modificaron durante el periodo de precampaña o campaña previo a los comicios del 28-A. En total, suman una treintena, según se plasma en el documento. Este aspecto supone la principal controversia al compararlo con el documento policial elaborado anteriormente, rubricado el 23 de febrero por la Unidad Central de Ciberamenazas (UCC), que estudió 1.082 archivos (709 imágenes, 304 vídeos y 69 documentos) y que concluyó que “la mayoría se crearon entre marzo y abril de 2019”, justo antes de las elecciones.

Como segundo punto destacable, el nuevo informe de la UDEF también señala como sospecha que la “mayoría” de archivos analizados en su caso carecen de autor y que, en los que sí consta, la “mayor parte” son personas próximas a Podemos y sin relación con Neurona. A este respecto, la formación encabezada por Pablo Iglesias alegó que varios de los empleados de Podemos trabajaban con estos archivos y que, por ejemplo, aplicaban el filtro de estilo final a las grabaciones.

Eso sí, la UDEF matiza que, tras estudiar otros vídeos y documentos, se infiere que unos tales Alejandro N. y Waldemar A. B. serían también autores. A este respecto, el informe anterior de la Unidad de Ciberdelincuencia, que analizó los metadatos, ya aseguraba que el nombre del primero era el más repetido (68 veces en imágenes y cinco veces en vídeos) y que el segundo también era habitual (en 38 imágenes y 31 documentos). Podemos afirma que ambos son trabajadores de Neurona.

El tercer gran punto en el que hace hincapié el nuevo informe de la UDEF versa sobre el contenido de varias imágenes. Según esta unidad, tras visualizarlas, “una gran cantidad de archivos no se ajusta por el contenido a la finalidad del contrato firmado con Neurona”, que era para las elecciones generales, ya que muchas de ellas se centran en Isabel Serra, candidata de la formación a la Asamblea de Madrid en los comicios que se celebraron un mes después, en mayo de 2019. La precampaña de esta cita con las urnas se solapó con la anterior.

Línea principal. Este nuevo informe de la UDEF irrumpe con fuerza en la causa. Mientras Podemos le resta valor —”dice todo lo contrario que el informe que elaboró la policía científica hace unas semanas”—, las acusaciones populares lo consideran clave para avanzar en la línea principal de las pesquisas. En esta parte, la única donde la Fiscalía apoya investigar, el magistrado mantiene que existen indicios de que se fabricaron unos contratos para pagar 363.000 euros a Neurona y desviar así ese dinero. Según el instructor, Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, habría ejercido como intermediario. Podemos repite, en cambio, que los trabajos abonados se hicieron y aportó estos 1.400 archivos como prueba, parte de los cuales pone ahora en duda la UDEF.

Archivos. Además de esta línea de investigación, se llegaron a abrir otras cinco ramificaciones secundarias. Cuatro de ellas se encuentran cerradas por falta de indicios: las que versaban sobre el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora; los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones generales de abril de 2019; los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede del partido; y los supuestos “sobresueldos” a la gerente y al tesorero de Podemos.

Una quinta línea fue archivada el pasado octubre y reabierta después por orden de la Audiencia Provincial: esta trata sobre el supuesto desvío de dinero de la caja de solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales. En este punto, el ministerio público descarta cualquier indicio de delito. Pero una de las acusaciones, Celia Cánovas, exsenadora de Podemos, indica que tiene pensado pedir al juez que se analicen todas las donaciones gestionadas por el partido.

Causas paralelas. A su vez, el juez aprobó investigar por separado otros tres hechos: el presunto cobro por Pablo Iglesias de las costas de procedimientos judiciales en los que fue defendido por letrados del partido; el supuesto uso como niñera de una asesora por parte de Irene Montero; y las supuestas donaciones irregulares de la fuerza política a una entidad social.