El juez da luz verde a investigar por separado el supuesto uso como niñera de una asesora de Montero

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha dado luz verde a investigar por separado tres supuestas ilegalidades denunciadas por la abogada Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos. El magistrado ha acordado incoar “procedimientos independientes” sobre el presunto cobro por Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, de las costas de procedimientos judiciales donde fue defendido por letrados del partido; por el supuesto uso como niñera de una asesora por parte de Irene Montero, ministra de Igualdad; y por las supuestas donaciones irregulares de la fuerza política a una entidad social y a la fundación Instituto 25-M, vinculada a la formación.

El instructor acepta así tesis de la Fiscalía, que le había pedido que rechazara sumar estas nuevas acusaciones de Carmona a las pesquisas principales, donde se investiga la supuesta contratación fraudulenta por parte de la formación de la consultora mexicana Neurona y otras derivas de la denuncia inicial que originó el proceso, presentada ante la Guardia Civil por otro exabogado del partido, José Manuel Calvente. “Desde luego, lo que no procede es acumular la investigación, dando lugar a un procedimiento de auditoría de la actuación de un partido político que excede de lo que corresponde a una investigación penal”, señaló la acusación pública tras los nuevos hechos relatados por la exresponsable de Cumplimiento Normativo.

La fiscal apuntaba al juez que, en su caso, abriera una pieza separada dentro del propio caso Neurona para estudiar las presuntas irregularidades narradas ahora por la letrada Carmona. Pero el magistrado ha optado, en cambio, por poner en marcha “procedimientos independientes”. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, esta medida supone que se deberían iniciar nuevas causas que no tendría por qué instruir el propio Escalonilla.

Las líneas de investigación

El caso Neurona arrancó el verano pasado tras la denuncia de Calvente. Nació como una macrocausa con varias líneas de investigación. Tres de ellas ya se han cerrado por falta de indicios: las que versaban sobre el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora; los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones generales del 28 de abril de 2019; y los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede del partido. Una cuarta se ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial de Madrid después de que el juez le hubiera dado carpetazo: trata sobre un supuesto desvío de dinero de la caja de solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales.

Existen otras dos líneas de las pesquisas que siguen adelante. La primera versa sobre el contrato firmado con Neurona para los comicios de hace dos años, la única que respalda la Fiscalía y donde también se mantiene bajo sospecha un pago de 26.200 euros a Juan Carlos Monedero, cofundador del partido y reciente director del Instituto 25-M. Y la segunda, sobre el supuesto pago de “sobresueldos” a través de complementos a Rocío Esther Val, gerente de la formación, y a Daniel de Frutos, su tesorero. Unas acusaciones que ambos niegan y que el ministerio público pide archivar.

Por tanto, tras la decisión de Escalonilla conocida este lunes, tomada en un auto dictado el pasado 3 de marzo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el caso Neurona no crecerá más de momento. Y se deberá investigar aparte el relato de Carmona. Unas acusaciones que Podemos niega.