La Fiscalía pide investigar el supuesto uso como niñera de una asesora de Irene Montero

La Fiscalía de Madrid ha solicitado al juez del caso Neurona la apertura de una línea de investigación separada con la denuncia de una antigua letrada de Podemos, Mónica Carmona, que relató más supuestas irregularidades cometidas por la cúpula del partido. Entre otras, que Pablo Iglesias e Irene Montero usaban presuntamente como niñera a una asesora de la actual ministra de Igualdad. En un escrito enviado al magistrado, el ministerio público se opone a que estas acusaciones se sumen a las pesquisas principales de la causa, donde se investiga la supuesta contratación fraudulenta por parte de la formación de la consultora mexicana Neurona.

En el informe remitido al juez Juan José Escalonilla, fechado el 17 de febrero, la Fiscalía destaca que los hechos narrados por Carmona no guardan “ninguna relación” con este caso. “Desde luego, lo que no procede es acumular la investigación, dando lugar a un procedimiento de auditoría de la actuación de un partido político que excede de lo que corresponde a una investigación penal”, detalla el escrito. Por otro lado, la Fiscalía se opone a la petición de Podemos de que se anule directamente la decisión del juez, del pasado 3 de febrero, de investigar esta denuncia dentro de la causa principal. En su defecto, propone que se abran unas pesquisas aparte.

Carmona contó al juez una batería de presuntas nuevas irregularidades de la cúpula de Podemos. Entre otras, la abogada afirmó que varios de sus miembros estaban cobrando las costas de procedimientos judiciales donde habían sido defendidos por abogados del partido; que Montero e Iglesias usaban a una asesora como niñera; y que se habrían hecho donaciones “fraudulentas” al Instituto 25M, una fundación vinculada al partido y dirigida por Juan Carlos Monedero, que también se encuentra imputado en el caso.

El caso Neurona se abrió el verano pasado tras la denuncia de José Manuel Calvente, antiguo abogado de Podemos. Nació como una macrocausa con numerosas líneas de investigación. Tres de ellas ya se han cerrado por falta de indicios de delito: las que versaban sobre el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora; los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones generales del 28 de abril de 2019; y los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede del partido. Una cuarta se ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial de Madrid después de que el juez le diese carpetazo: trata del supuesto desvío de dinero de la caja de solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales.

Existen otras dos líneas de las pesquisas que siguen adelante. La primera versa sobre el contrato firmado con Neurona para los comicios de hace dos años, la única que respalda la Fiscalía y donde también se mantiene bajo sospecha un pago de 26.200 euros a Monedero. Y la segunda, sobre el supuesto pago de “sobresueldos” a través de complementos a Rocío Esther Val, gerente de la formación, y a Daniel de Frutos, su tesorero. Unas acusaciones que ambos niegan y que el ministerio público pide archivar.