El juez del ‘caso Neurona’ archiva la investigación sobre los supuestos sobresueldos en Podemos

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha decidido archivar otra de las líneas de investigación abiertas en esta macrocausa contra Podemos y varios miembros de su cúpula. El magistrado da carpetazo a las pesquisas sobre los supuestos “sobresueldos” que, según la denuncia que dio origen al proceso, habrían cobrado dos de los trabajadores del partido a través de complementos: Rocío Esther Val, gerente de la formación, y Daniel de Frutos, su tesorero. En un auto dictado el 11 de marzo, al que tuvo acceso EL PAÍS, el instructor descarta la comisión de un delito de administración desleal: “No cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna”, recalca.

Esta decisión supone el archivo de la quinta línea de investigación dentro del caso Neurona —aunque una de ellas se ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial— y contribuye a aligerar todavía más el panorama judicial que afronta Podemos en estas pesquisas, que se abrieron en el verano de 2020 tras la denuncia de José Manuel Calvente, un antiguo abogado del partido enfrentado con la cúpula. La fuerza política liderada por Pablo Iglesias, que se postuló esta semana como candidato al Gobierno de la Comunidad de Madrid, insiste desde entonces en su inocencia y asegura que todas las acusaciones se basan en “rumores”. Es más, el cofundador del partido y también imputado, Juan Carlos Monedero, enmarca esta investigación dentro de una “guerra jurídica” contra la formación: “Es muy injusta esta persecución”, dijo este lunes a la salida del juzgado, tras declarar ante Escalonilla.

La línea principal de la macrocausa que permanece activa se centra en la contratación de la consultora mexicana Neurona para las elecciones de abril de 2019 para unas labores de consultoría que, según el juez, nunca llegaron a realizarse. El magistrado mantiene en este punto, el único que la Fiscalía respalda investigar, que existen indicios de que se fabricaron unos contratos para pagar 363.000 euros a la compañía y desviar así ese dinero. Podemos repite, en cambio, que los trabajos abonados se hicieron y ha aportado vídeos elaborados por los empleados de la sociedad mexicana.

Pero, además de esta línea de investigación, se llegaron a abrir otras cinco ramificaciones secundarias. Cuatro de ellas se encuentran cerradas por falta de indicios: las que versaban sobre el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora; los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones generales de abril de 2019; los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede del partido; y los supuestos “sobresueldos”, a la que se acaba de dar carpetazo ahora.

Val y De Frutos percibieron dos complementos de 210,32 y 400 euros en la nómina por tareas de coordinación. Según Calvente, ese dinero extra se lo habían asignado “unilateralmente”, sin que constase en las tablas salariales del partido y sin autorización del Consejo de Coordinación de Podemos. Además, añadía, se superaba así el límite salarial fijado en el Código Ético. Pero Escalonilla descarta cualquier irregularidad. El juez apunta, en primer lugar, que ninguno de los dos imputados ocupa un cargo electo y, por tanto, no se les puede aplicar el “límite de tres salarios mínimos interprofesionales establecido en 2019″ como límite máximo de remuneración para los cargos de la fuerza política (todo lo que superase esa cantidad, era donado al partido). Por otra parte, el magistrado añade que, no solo se aplicaron complementos similares a otra media docena de empleados de la formación, sino que el Consejo los “aprobó” al supervisar las cuentas, al contrario de lo que mantenía el denunciante.

El exabogado de Podemos también achacaba a la gerente y el tesorero el cobro de sobresueldos en forma de gastos que pasaban sin control a la formación. Pero, de nuevo, el juez rechaza la existencia de ilegalidades al “comprobar” que fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y el Área de Gerencia; y al concluir que “no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas”.

Las líneas pendientes

La última línea de investigación del caso Neurona, archivada inicialmente por el juez y que la Audiencia Provincial obligó a retomar, trata sobre el supuesto desvío de dinero de la caja de solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales. En este punto, la Fiscalía descarta cualquier indicio de delito.

Paralelamente, el juez aprobó investigar por separado, en “procedimientos independientes”, otros tres hechos denunciados por la abogada Mónica Carmona, exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos y también enfrentada con la cúpula de la formación. Estas tres nuevas ramificaciones, que correrán a cargo de otros instructores, versan sobre el presunto cobro por Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, de las costas de procedimientos judiciales donde fue defendido por letrados del partido; por el supuesto uso como niñera de una asesora por parte de Irene Montero, ministra de Igualdad; y por las supuestas donaciones irregulares de la fuerza política a una entidad social y a la fundación Instituto 25-M, vinculada a la formación y que dirige Monedero.