El exgerente de Podemos niega la versión del denunciante que abrió el ‘caso Neurona’

La versión de José Manuel Calvente, el exabogado de Podemos que presentó la denuncia que dio lugar a la apertura del caso Neurona, ha sufrido un duro golpe. Pablo Manuel Fernández Alarcón, exgerente del partido, negó ante el juez las palabras que puso en su boca el exletrado de la formación cuando se plantó ante el magistrado Juan José Escalonilla para narrar toda la batería de supuestas irregularidades que desembocarían en esta macrocausa que persigue a la fuerza política de izquierdas. Calvente afirmó entonces que Fernández Alarcón le informó de las ilegalidades —“Me acordaré toda la vida cuando me dijo que estaban metiendo mano en la caja de todos y eso no lo podíamos permitir”, llegó a decir—. Pero el exgerente lo ha desmentido: “No he hecho este tipo de comentarios nunca en mi vida a nadie”.

La declaración de Fernández Alarcón ante el juez, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se produjo el pasado 21 de mayo. Durante el interrogatorio, varios de los abogados de las defensas y el propio juez sacaron a colación la versión inicial de Calvente, cuando mencionó al exgerente como fuente principal de las informaciones sobre supuestas irregularidades. Según relató el antiguo letrado del partido, Fernández Alarcón le había contado que los contratos firmados con la consultora mexicana Neurona eran “nulos” y que realmente tenían “como finalidad realizar pagos en otros países” o que sirvieran “para pagar a personas que en su día dieron dinero para la formación del partido”.

Una versión que niega Fernández Alarcón: “Este señor se refiere a una época en la que yo no era gerente, no trabajaba en Podemos y ni siquiera estaba en España”. “Yo, de ninguna manera, recuerdo haber dicho jamás eso a nadie [...] Yo no he sabido nada de Neurona hasta este año prácticamente”, apostilló. En la misma línea, el juez también recordó otras palabras de Calvente: “Dijo que usted le dijo que [Juan Carlos] Monedero, [cofundador de Podemos e imputado], era un comisionista”. A lo que el exgerente respondió tajante: “Yo no suelo hacer esos comentarios. No recuerdo haber dicho nada de eso”.

“No tengo conocimiento de ninguna subtrama corrupta. Si la había, a mí no se me informó porque la habría denunciado de forma inmediata”, continuó Fernández Alarcón ante el juez. El nombre del exgerente fue uno de los dos únicos que dio Calvente como fuente de las informaciones que le llevaba a tener “sospechas” de irregularidades en Podemos. El otro fue el de Mónica Carmona: otra abogada que ejercía en el partido, compañera del denunciante y enfrentada también con la cúpula.

La macrocausa

El caso Neurona arrancó en julio de 2020 y, a punto de cumplir un año de instrucción, se ha convertido en una auténtica montaña rusa donde se abren, cierran y reabren líneas de investigación. La parte principal versa sobre los contratos firmados por Podemos con Neurona para las elecciones generales de abril de 2019. En este punto de las pesquisas —el único donde la Fiscalía aprecia indicios de delito—, el juez sostiene que estos documentos se fabricaron ad hoc para pagar 363.000 euros a la consultora y desviar así el dinero. Según el instructor, Monedero habría ejercido como intermediario, pero este lo niega. Según el cofundador del partido, no tuvo relación con esa empresa para esos comicios, y entregó correos electrónicos y billetes de avión para avalar los trabajos que había realizado para ella antes de esa cita con las urnas.

El magistrado dio luz verde a otras cinco líneas de investigación secundarias. Tres de ellas están cerradas por falta de indicios: las que trataban sobre el presunto acceso sin permiso al disco duro de una trabajadora; los contratos firmados con la consultora ABD Europa para las elecciones generales de abril de 2019; y los supuestos sobrecostes en la reforma de la sede del partido. Las otras dos se reabrieron tras un primer carpetazo provisional: la de los supuestos “sobresueldos” a la gerente y al tesorero de Podemos; y la del supuesto desvío de dinero de la caja de solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales.

Las derivadas no acaban ahí. Escalonilla reenvió a diferentes juzgados otras tres pesquisas: el presunto cobro por parte de Pablo Iglesias de las costas de procedimientos judiciales en los que fue defendido por letrados del partido, que ya se ha archivado; el supuesto uso como niñera de una asesora por parte de Irene Montero; y las supuestas donaciones irregulares de la fuerza política a una entidad social.