La gerente y el tesorero de Podemos niegan que una asesora de Irene Montero trabajara como niñera

El caso niñera ha vivido este lunes un nuevo capítulo en la madrileña plaza de Castilla. El magistrado José María Escribano, responsable del juzgado de Instrucción número 46 de la capital, ha interrogado a la gerente y al tesorero de Podemos, Rocío Esther Val y Daniel de Frutos, citados como imputados. Según fuentes jurídicas, ambos han negado que Teresa Arévalo, actual asesora del Ministerio de Igualdad, trabajara como niñera para la responsable de dicha cartera, Irene Montero, como denunció una antigua abogada del partido (ahora enfrentada con la cúpula) que sostiene que esa supuesta actividad de Arévalo se costeaba con fondos de la formación. “No hay causa. Se sigue desmoronando la acusación falaz que se mantuvo desde un principio”, ha insistido Raúl Maíllo, letrado de De Frutos y de la fuerza política.

Las declaraciones de este lunes dan un nuevo impulso a la instrucción, que se encuentra todavía en una fase embrionaria tras abrirse el pasado abril, apenas unos días antes de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid. El juez José María Escribano ya interrogó la pasada semana a Teresa Arévalo, la asesora de Montero señalada por este proceso. La integrante de Podemos, actual asesora del Ministerio de Igualdad y antigua jefa de gabinete de la portavocía del partido en el grupo parlamentario, negó ante el magistrado cualquier irregularidad e insistió en que nunca cuidó de la menor de los tres hijos de la ministra y de Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, más allá de que pudiera sostenerla en brazos en momentos puntuales. Según el partido, la niña era entonces una lactante e iba siempre con su madre, por lo que otros compañeros la sujetaban durante breves periodos de tiempo cuando la política tenía que atender a los medios o estar en una sesión fotográfica.

El caso niñera nació como una derivada del caso Neurona, la investigación abierta por el juez Juan José Escalonilla por la supuesta contratación irregular de la consultora mexicana Neurona por parte de Podemos para los comicios generales de abril de 2019. En el marco de dichas pesquisas, una antigua abogada de la formación, Mónica Carmona, aseguró que Irene Montero recurrió a Arévalo para cuidar a su hija menor duranta aquella campaña electoral y, como presunta prueba, aportó una copia de los billetes de tren que le pagó el partido para acudir a un acto. Tras escucharla, Escalonilla acordó remitir la denuncia a reparto y, finalmente, esta recayó en Escribano.

El pasado miércoles, durante su declaración ante el juez, Arévalo se defendió. Negó que trabajara como niñera y repitió que, cuando acudió a los actos de campaña junto a Montero, lo hacía como jefa de gabinete de la entonces portavoz de la fuerza política en el Congreso y también como candidata. “Arévalo desarrolló sus funciones ordinarias como jefa de gabinete [del grupo parlamentario], dirigente del partido y como candidata en el viaje de campaña. Esperamos que el procedimiento concluya cuanto antes”, ha añadido Maíllo este lunes, tras el interrogatorio de la gerente y del tesorero, imputados en una causa abierta por un supuesto delito de administración desleal.

El magistrado decidió citar como imputados a Val y De Frutos después de que lo pidiera la Fiscalía. El ministerio público consideró adecuado escuchar su versión, ya que “fueron los que ordenaron el pago [del billete de tren] y, por lo tanto y en su garantía, deben ser oídos como investigados”. El ministerio público rechazó entonces que se imputara también a Pablo Iglesias: “[No se aprecia] ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea a su vez hija de Pablo Iglesias”.