La Audiencia reabre la investigación del asesinato del concejal popular Jesús María Pedrosa, uno de los crímenes de ETA sin resolver

El juez Alejandro Abascal, instructor de la Audiencia Nacional, ha reabierto la investigación sobre el asesinato de Jesús María Pedrosa, concejal del PP en Durango (Bizkaia), tiroteado hasta la muerte por ETA en junio de 2000. El magistrado ha admitido a trámite la querella presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), que se dirige contra diez antiguos jefes de la banda terrorista y que, además de centrarse en el asesinato del edil, pone el foco en la política de terror desplegada por la organización criminal en el País Vasco para “expulsar del territorio” a todos aquellos que no comulgaban con sus ideas.

Esta decisión del juez Abascal incide en la nueva tesis que se ha puesto sobre la mesa en la Audiencia Nacional en los últimos meses. Dignidad y Justicia mantiene que se puede condenar a los exdirigentes de ETA como “autores mediatos por dominio” de los atentados cometidos por sus subordinados —ya que los integrantes de la cúpula etarra, conocida como zuba, ejercían como una especie de inductores intelectuales de los crímenes, al tener el control absoluto de la banda—. Según el recuento de EL PAÍS, al menos se han reactivado ya ocho sumarios en esta línea y se investiga a un total de 23 antiguos jefes.

“ETA, desde principios de los años ochenta, se establece sobre la base de una jerarquía basada en una rígida disciplina, que al amparo de la clandestinidad de su cúpula o comité ejecutivo, asume todas las funciones directivas. De forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija”, explica el magistrado en la resolución dictada este lunes para reabrir la investigación sobre Pedrosa, archivada en 2017 y uno de los más de 300 crímenes de la banda terrorista sin resolver. En ese escrito, Abascal añade que el asesinato del concejal del PP se encuentra conectado con la campaña puesta en marcha por la organización criminal para la “expulsión forzada de población” del País Vasco “mediante coacciones y amenazas”.

Pedrosa, casado y con dos hijas, fue asesinado con 57 años. Eran poco más de las 13.20 del 4 de junio de 2000, cuando un pistolero de ETA se le acercó por detrás y le disparó en la nuca. El crimen se produjo en pleno centro de Durango, “con la calle abarrotada de gente”, según la web El mapa del terror, elaborada por la asociación de víctimas Covite. El concejal, que no llevaba escolta y que había sufrido innumerables amenazas, se dirigía a su casa tras tomar el aperitivo en un batzoki (sede social del PNV). Su cadáver quedó tendido en la acera hasta pasadas las cuatro de la tarde, cuando el juez ordenó su levantamiento.

Los tribunales nunca condenaron al autor material del crimen, ni se logró identificar a un segundo terrorista que recogió al pistolero con un vehículo para emprender la fuga.

Edil desde 1987, Pedrosa padeció innumerables amenazas. Su nombre apareció dentro de dianas y le llegaron a montar manifestaciones frente a su casa. En una ocasión, en 1998, subieron a la puerta de su piso y le dejaron una carta donde le acusaban de ser responsable de la dispersión de los presos de ETA, además de colgar un monigote con la leyenda: “Pedrosa, tú no eres inocente”. Pese a todo, el concejal renunció a tener protección y afirmaba que no “concebía” llevar escolta en su pueblo. Antes de su asesinato, en una entrevista en RNE, dijo: “No sé si voy a ir al cielo o al infierno. Procuraré ir al cielo. Lo que sí sé es que voy a ir desde Durango. Y con guardaespaldas o sin guardaespaldas, iremos todos los días al Ayuntamiento a hacerlo lo mejor que podamos en pro de todos los ciudadanos, que en definitiva han depositado en nosotros su confianza”.

La querella de Dignidad y Justicia incide en que ese acoso a Pedrosa formó parte de una campaña ideada y controlada desde la zuba, dirigida a aplicar una “política de expulsiones forzadas de distintos sectores de la población vasca no nacionalista, mediante coacciones y amenazas que progresivamente se iban ampliando e individualizando sobre los ciudadanos que ejercían resistencia cívica democrática ante ETA”. La denuncia pone el foco en diez exjefes, a los que investigará ahora Abascal: Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Mikel Albisu, Mikel Antza; María Soledad Iparraguirre, Anboto; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Asier Oyarzabal, Baltza; Vicente Goicoetxea, Willy; Ainhoa Mugica, Olga; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; Javier García Gaztelu, Txapote; y Juan Antonio Olarra, Jokin.

Según expone el magistrado en su resolución de este lunes, el atentado contra Pedrosa no fue solo un asesinato terrorista, sino que formó parte una “estrategia de terror continuada, indiscriminada y persistente”, que perseguía “alimentar un clima de amenaza”. Es más, Dignidad y Justicia recalca que fue un crimen “ejemplarizante de cara a otros muchos perseguidos por la banda terrorista”, “como consecuencia de la resistencia cívica y heroica del concejal del PP ante ETA y por su negativa a abandonar el País Vasco”. Por ello, el juez ha pedido informes a la Guardia Civil y Policía Nacional, e investiga posibles delitos de coacciones y amenazas terroristas, además del asesinato.