La Fiscalía plantea reformar las competencias de la Audiencia Nacional tras quedar “obsoletas”

“Ha llegado el momento”. Con estas palabras, la Fiscalía General del Estado ha expresado en su última memoria anual, publicada el jueves, la urgente necesidad de reformar las competencias de la Audiencia Nacional tras haber quedado “obsoletas” y “sobrepasadas por la realidad jurídica”. La cúpula del ministerio público reimpulsa así esta demanda al destacarla en el capítulo de propuestas de modificaciones legislativas, donde ya la incluyó en 2016 y 2013, sin que haya encontrado respuesta de las Cortes pese al tiempo transcurrido, y pese a la insistencia de la Fiscalía de la propia Audiencia Nacional y de la Fiscalía Antidroga por las dificultades que se topan para investigar el crimen organizado.

La Audiencia Nacional es un órgano de jurisdicción especial que solo asume investigaciones sobre algunos delitos (como el terrorismo) y en determinadas circunstancias. Esto ha supuesto en la práctica, según explican fuentes fiscales, que muchos crímenes cometidos por complejos grupos organizados (por ejemplo, de narcotráfico) se instruyan en pequeños juzgados que carecen de los medios suficientes o que se encuentran saturados. “Se percibe la necesidad de un órgano único y centralizado como eje de lucha contra [estos]”, subraya la Fiscalía General del Estado, encabezada por Álvaro García Ortiz, que señala a la Audiencia Nacional como el “órgano más adecuado” para dar una “respuesta penal más eficaz, rápida y especializada”.

“El paso del tiempo ha producido importantes cambios en todas las facetas de la vida, incluida la jurídica”, incide la memoria, que recalca que la “lucha contra la criminalidad organizada se ha convertido en un eje fundamental de las políticas de la Unión Europea”: para combatir el terrorismo nacional e internacional, las amenazas híbridas, la trata de seres humanos, la explotación sexual, la pornografía infantil, la delincuencia económica y la cibercriminalidad, entre otros. “Ha llegado, pues, el momento de redefinir las competencias [de la Audiencia Nacional] para convertirla en un órgano cada vez más especializado, no solo en terrorismo, sino también en delincuencia organizada económico-financiera de mayor gravedad y en crimen organizado nacional e internacional”.

También, apostilla la memoria, para que todos los casos de narcotráfico (y el blanqueo de capitales derivados de este delito) “realmente relevantes y complejos” acaben en la Audiencia Nacional. “Es decir, aquellos cometidos por estructuras criminales internacionales de alto impacto, asumiendo así [este órgano] las grandes causas transnacionales y no las interregionales de menor importancia”. Fuentes del ministerio público subrayan, por ejemplo, que no tiene sentido que, como ocurre actualmente, la Audiencia Nacional se quede con pesquisas sobre grupos de narcos que trafican en varias provincias de España, pero no con las investigaciones sobre organizaciones que operan en una sola provincia y en varios países del extranjeros.

“La delincuencia organizada dedicada al narcotráfico ha evolucionado, desarrollando una dimensión global, digital y económica sin precedentes, con alianzas entre estructuras criminales transnacionales que superan el actual modelo que atribuye la competencia a la Audiencia Nacional”, remacha la memoria, que plantea que este órgano asuma también todas las causas de corrupción policial vinculada con el tráfico de drogas. Una cuestión sobre la que se esfuerza en poner el foco la fiscal jefe de Antidroga, Rosa Ana Morán, sin mucho éxito hasta ahora: “No tengo la sensación de que la delincuencia organizada esté en el foco prioritario de las instituciones que deben responder, como el Parlamento o el Gobierno”, lamentaba en una entrevista.

La memoria de la Fiscalía General del Estado aborda muchos otros asuntos. Estos son algunos de ellos:

Se dispara la suspensión de juicios. El ministerio público critica la elevada cancelación de vistas en órganos de todo el país, que experimentó en 2022 un importante incremento y superó, incluso, los datos de 2020 —cuando se produjo la pandemia—. Las cifras de la Fiscalía apuntan que los juzgados de lo penal suspendieron, de media, el 53% de los señalamientos, frente al 35% de 2021 y al 46% de 2020. Esa evolución se repite en las audiencias provinciales, que cancelaron el 47% de los juicios el pasado año, frente al 32% de 2021 y al 41% de 2020. “Ha de reiterarse los perversos y perjudiciales efectos que entrañan, pues inciden directamente en la insatisfacción y molestias que genera en la ciudadanía [...] y conllevan la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas”, explica la memoria.

Prevenir la “captación” yihadista. El balance anual destaca que, con una ETA derrotada y una amenaza terrorista nacional prácticamente inexistente, la situación internacional ha provocado que la lucha antiterrorista se centre en “prevenir los procesos de captación, adoctrinamiento, radicalización, reclutamiento, adiestramiento, apoyo y cobertura a las células, grupos y personas que militan en el ideario yihadista”. En ese sentido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional afirma que “el principal vector de amenaza” del terrorismo de ETA reside en algunos colectivos juveniles del mundo abertzale, “especialmente activos”; y añade que se aprecia una reducción de los actos violentos vinculados al independentismo catalán y al procés.

España, principal productor de cannabis. La Fiscalía General del Estado muestra su preocupación por el hecho de que España se haya convertido en el primer productor de cannabis de la UE. Según subraya el ministerio público, además del peligro derivado del aumento de consumo “de una sustancia accesible”, se genera el riesgo de que se instalen en el país más organizaciones criminales extranjeras, que colaboren con las nacionales. Unos grupos que son “cada vez más violentos, como revela una mayor incautación de armas y el incremento de reyertas generadas por los robos de drogas entre organizaciones”, dice la memoria.

Criminalidad informática. Para la Fiscalía, resulta “incuestionable” que el desarrollo tecnológico abre la puerta a una realidad criminológica “abierta y versátil” que alcanza “a todo tipo de manifestaciones delictivas” y que para su abordaje exige el esfuerzo no solo de los operadores jurídicos y de los investigadores, sino también del poder legislativo y de la sociedad en su conjunto. Al igual que en años anteriores, el volumen más elevado de procedimientos judiciales por ciberdelitos corresponde a estafas y defraudaciones, que alcanzaron la cifra de 20.111, un 81,68% del total. Esta situación se viene constando año a año, y se va consolidando progresivamente, al elevarse en cada balance anual. La Fiscalía ve “revelador” que en el año 2019 las ciberestafas constituían el 65,52% de los delitos y se haya ido elevando hasta el 72,43% en el año 2020, al 75,50% en 2021 y el 81,68% en 2022.