La Fiscalía pide controlar la venta de armas blancas a menores tras apreciar una “explosión delictiva”

Para preparar su memoria anual, la Fiscalía General del Estado pide información a los fiscales delegados de cada especialidad y de cada provincia para sacar la foto más definida posible del trabajo de este órgano. Y, para la memoria de 2022, los fiscales de menores han expresado una preocupación “casi unánime”: el “incremento y auge de todo tipo de conductas cada vez más violentas” cometidas por niños y adolescentes. Lo han advertido así los fiscales de territorios tan dispares en tamaño y localización geográfica como son Madrid, Alicante, Sevilla, Islas Baleares, Cantabria, Ourense, Barcelona, Bizkaia o Málaga. Los investigadores hablan de una verdadera “explosión delictiva” y piden que se controle la venta de armas cortantes a los menores de edad.

El texto, presentado este jueves por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en el acto de apertura del año judicial, hace referencia, en este ámbito, al incremento de las infracciones de violencia intrafamiliar, de lesiones, de conductas contra la libertad sexual y al abuso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) con especial incidencia en el campo del acoso escolar”. Y señala, como “especialmente preocupante”, las cifras de infracciones de homicidio y asesinato, tanto consumados como en grado de tentativa: se han incrementado en un 14,77% respecto del 2021, hasta sumar 101 causas abiertas en España. Existe “una alarmante tónica ascendente” desde el año 2017, apunta la Fiscalía, que constata que se ha pasado de 50 causas en 2017, a 52 en 2018, 83 en 2019, 67 en 2020, 88 en el 2021... Superando el año pasado el centenar.

Con las cifras sobre la mesa, el ministerio público pide hacer “una reflexión profunda sobre la ausencia de importancia y banalización que los menores otorgan al empleo de medios y formas virulentas en su comportamiento social”, y vincula esta situación con “el auge de todo tipo de grupos y bandas juveniles violentas y de carácter identitario que están proliferando, no sólo en grandes urbes superpobladas, sino también en núcleos poblacionales medianos y pequeños”.

El texto califica como “significativo” un dato que aporta la fiscal delegada de Málaga sobre la existencia de grupos de adolescentes que usan las redes sociales “para concertar reuniones clandestinas en que se programan peleas ilegales que luego trascienden a gran número de jóvenes mediante internet”. “Ello evidencia una carencia total de estima y valoración de la integridad física propia y ajena, lo que ha de llevar a reflexionar sobre la carencia de los mínimos valores éticos y de convivencia que se está implantando en ciertos sectores juveniles”, advierte el ministerio público, que habla también con preocupación de “los brotes violentos cada vez mayores e íntimamente relacionados con las bandas juveniles”.

Los fiscales de los territorios más afectados consideran “imprescindible” abordar esta situación mediante “medidas educativas para que los jóvenes alcancen un nivel mínimo de madurez y autogestión personal que les aleje de influencias marginales”, y consideran “preocupante” la facilidad con la que los menores adquieren todo tipo de armas blancas. Para combatir más eficazmente esta “explosión delictiva”, proponen que se endurezcan los controles y las normas administrativas sobre la venta de este tipo de “elementos cortantes” a menores de edad y que se aumenten los efectivos policiales especializados.

La Fiscalía ha detectado también la “influencia negativa” en los menores del precoz consumo de contenidos pornográficos y de influencers que incitan a conductas autolíticas o de grave riesgo para la salud.

Violencia sexual

La memoria dedica un apartado específico a los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores. En 2022 las agresiones sexuales incoadas ascendieron a 974, lo que, alerta la Fiscalía, supone un “notabilísimo y preocupante” ascenso del 45,80% respecto del 2021, cuando se registraron 688 causas. El texto añade que “resulta alarmante” que la cifra de expedientes abiertos por este tipo penal se haya incrementado en un 116% desde 2017.

Las causas de este auge son “complejas”, según el ministerio público, que cree que confluyen varios factores. Varias secciones como la de Sevilla, Madrid, Barcelona, Murcia y Huelva consideran que el origen de esta “oleada de atentados a la libertad sexual” se encuentra en la carencia de una adecuada formación en materia ético-sexual y creen preciso “evitar que muchos niños y menores accedan a un visionado inapropiado y precoz de material pornográfico violento”. Se suma también “la ausencia de orientaciones educativas” que, aseguran, conduce a una “trivialización de su concepto de las relaciones sexuales normales”.

Otros aspectos

La memoria de la Fiscalía presentada este jueves aborda de soslayo los efectos de la ley del solo sí es sí, sin entrar en valoraciones. Sin embargo, Álvaro García Ortiz sí se ha explayado más sobre el tema en su discurso de la apertura del año judicial, donde ha defendido la actuación del ministerio público y los criterios fijados por la institución (a través de un decreto y una circular) para recurrir algunas reducciones de penas. “Fueron avalados y asumidos por la junta de fiscales de Sala”, ha apuntado el fiscal general tras haber afirmado: “Puede estar tranquila la ciudadanía, pues la acción de la Fiscalía, discutible y criticable, como es normal y natural en democracia, está sometida a filtros y controles, a balances en la toma de decisiones y a garantías en nuestra actuación individual. Las y los fiscales decidimos en situaciones de conflicto y adoptamos posturas procesales enfrentadas, en ocasiones, a otras partes. Por lo tanto, no nos escondemos, asumimos la crítica propia de quien se responsabiliza de sus decisiones, de quien ejerce su oficio y de quien somete su criterio a la decisión de los tribunales”.

Violencia digital contra las mujeres. Los fiscales continúan poniendo de manifiesto la proliferación del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como medio de comisión del delito. “El anonimato que permiten los medios tecnológicos favorece su uso, sintiéndose el autor con una mayor sensación de seguridad al cometerlo”, señala el texto. Junto a los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, además del sexting (inducción para el envío de material pornográfico), se detecta la comisión de otros como amenazas de difusión de datos íntimos, coacciones, acoso u hostigamiento, vejaciones e injurias.

La Fiscalía advierte de las dificultades para probar estos delitos, porque la obtención de una prueba contundente depende, en muchas ocasiones, de contar con datos de identificación de usuario y tráfico de contenidos, lo que obliga a librar oficios a Instagram, Facebook, Google o Telegram que, según se quejan los fiscales encargados de estos casos, “dilatan enormemente el procedimiento”. Por eso, salvo los casos más graves, se intenta construir la prueba a través de otros medios, como capturas de pantalla, presentación física en el juzgado del contenido de las comunicaciones, la declaración de la víctima y otros testigos. Algunos fiscales lamentan que las víctimas, a veces, son reticentes a entregar los dispositivos para su cotejo y análisis, o solo aportan pantallazos de los mensajes recibidos, que sin prueba pericial de su posible manipulación, abocan a sentencias absolutorias.

La violencia de género en el ámbito rural. La memoria considera “muy preocupante” la incidencia de los feminicidios en el ámbito rural. “El mayor enraizamiento de la cultura patriarcal en la sociedad rural determina un mayor grado de normalización y mayor dificultad en la percepción y reconocimiento de las conductas machistas abusivas y violentas, y también mayor dificultad para denunciar”, señala la Fiscalía de Violencia contra la Mujer. El informe señala otros factores de las poblaciones pequeñas, como la escasez de recursos o la dificultad para acceder a aquellos que existan por las distancias y deficiencias estructurales; la ausencia de anonimato, el miedo al estigma, a ser señaladas y culpabilizadas, el aislamiento…

Examinados uno a uno los feminicidios de 2022, 15 de ellos se cometieron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, lo que representa el 30%, y de las 5 mujeres que fueron asesinadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, solamente una de ellas había denunciado previamente (en poblaciones de 5.000 a 30.000 habitantes se produjeron cuatro asesinatos machistas y dos de las víctimas habían denunciado). La Fiscalía insta a tomar medidas “para que las desventajas derivadas de la dispersión geográfica no repercutan negativamente en las víctimas y lleguen a estas, en igualdad de condiciones”.

Más condenas por delitos de odio. La lucha contra el racismo y la homofobia ocupa un lugar destacado del debate público, sacudido en los últimos meses por episodios como los insultos al futbolista Vinicius Jr. durante un partido del Real Madrid contra el Valencia en el campo de Mestalla. Pese a que el ministerio público reconoce la dificultad para recopilar información exacta de las distintas fiscalías territoriales sobre delitos de odio, sí detalla que aprecia un aumento de las sentencias condenatorias, que han ascendido hasta 125 en 2022, frente a las 91 del año anterior. “Esto hace pensar en un avance en el ámbito jurídico traducido en un mayor rechazo hacia comportamientos que atacan los derechos y valores más esenciales de todo ser humano”, incide la memoria. Cerca de un 60% de dichos fallos son por actos de racismo, contra la orientación sexual y de género.

Alternativa a las devoluciones en caliente. La Fiscalía muestra su preocupación ante la posibilidad de que se estén vulnerando los derechos de los inmigrantes con las devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y Melilla, debido a la “extrema dificultad” de comprobar en los saltos masivos si hay menores de edad y potenciales solicitantes de asilo. Por ello, plantea que se “valore” optar por otras alternativas “más garantistas” para proceder con las expulsiones: por ejemplo, adoptar un protocolo similar al aplicado a los sin papeles que llegan en patera a las dos ciudades norteafricanas, trasladándolos de forma temporal a centros donde se pueda comprobar de “forma fiable” sus circunstancias personales y si procede la devolución o no.

En esta memoria, la Fiscalía General dedica un capítulo especial a la la situación de vulnerabilidad y las respuestas jurídicas que se dan al fenómeno de la migración. Entre otros aspectos, el ministerio público subraya que el 98% de las víctimas de trata son extranjeras: “Y más de las dos terceras partes se encuentran en situación administrativa irregular o son peticionarias de protección internacional”.