Vacas confinadas en Castilla y León por una orden que “hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante”

El enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Castilla y León a cuenta del control de la tuberculosis bovina en la comunidad ha provocado el confinamiento de miles de vacas. Todas las reses de las provincias con incidencia de la enfermedad (las que la padecen y las que no) no pueden moverse por orden ministerial para impedir que siga en vigor una normativa más flexible aprobada con anterioridad por la Junta, que relajaba el control sobre la tuberculosis. El Gobierno solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) una paralización cautelar de la medida para impedir la potencial expansión de la bacteria, petición atendida sin que la Junta se opusiera.

Las vacas siguen paralizadas hasta que la comunidad oficialice la resolución judicial y se vuelva a la legislación previa al 15 de mayo, fecha de aprobación del polémico plan de la Consejería de Agricultura. La rectificación se publicará hoy en el boletín oficial de la comunidad. El conflicto ha indignado a asociaciones agrarias y a veterinarios, mientras muchos ganaderos censuran lo taxativo de los controles sobre el ganado, al tiempo que afean su “politización”. El Colegio de Veterinarios de Salamanca manifiesta en un comunicado que se trataba de una orden, la autonómica, “que hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante”.

Las escenas del lunes ante la delegación territorial de la Junta en Salamanca, con decenas de ganaderos enfrentándose a la Policía mientras exigían mantener la flexibilización de los controles, desagradan a Manuel Gómez. Este salmantino de 64 años lleva 40 cuidando ganado en Alaraz (450 habitantes) y reprueba la confrontación, pero lo achaca a compañeros “quemados” por las pérdidas económicas que acarrea la estricta legislación europea —la Comisión Europea ordena a los países un estricto seguimiento de la tuberculosis bovina para que sea erradicada, con restricciones de movimiento y sacrificios obligatorios— aplicada en sus explotaciones.

Los casos de tuberculosis implican un seguimiento minucioso de los ejemplares y los condena al matadero para impedir su propagación, además de conllevar inspecciones frecuentes. Pero los afectados critican que muchas veces los positivos no son fehacientes. Gómez sugiere investigar una vacuna para evitar disgustos, mientras enseña su cabaña, de unos 100 rumiantes entre encinares charros, y lamenta el cariz político que ha tomado el caso. “Han utilizado el tema para ganar votos, prometieron relajar los controles, pero no se ha conseguido nada”, critica. Vox se comprometió en campaña electoral a flexibilizar la vigilancia, pese a las advertencias de los especialistas de la Junta, reacios a esa política.

Los ultras garantizaron, pese a la normativa europea, atenuar las taxativas órdenes, concebidas para erradicar esta bacteria en 2030 y que los ganaderos rechazan porque les resta beneficios, aunque afianza la salubridad animal. El vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), pregonaba que iría incluso a Bruselas a batallar por esta relajación de los controles, para mantener la enfermedad en unos límites y no atajarla por completo, tal y como esgrimen los ganaderos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha aceptado la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado y ni la Junta plantó oposición a la suspensión de su propio dictamen del 10 de mayo.

Según la ley nacional, de 1996, cuando se detecte esta bacteria, los animales irán al matadero, al tratarse de una enfermedad contagiosa a los humanos. Los nueve jefes de sección de Sanidad y Producción animal de las nueve provincias de Castilla y León rechazaron desde el principio este mandato de la Consejería de Agricultura por ser una “infracción manifiesta” de la normativa: “La vuelta de los animales a origen antes de realizarles pruebas puede facilitar la difusión de la enfermedad”. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, han censurado los ataques a los jefes de sección y han defendido su empeño de hacer cumplir la legislación europea. El sindicato veterinario de Castilla y León condena “la laxitud en el saneamiento ganadero” y censura que la consejería “hace retroceder los buenos resultados poniendo en peligro la mejora de la salud de las personas y de los animales”.

Salamanca es la provincia de España con más vacas y en 2022 alcanzó una tasa de tuberculosis del 4,47%, frente al 2,53% del año previo. La comunidad tiene una prevalencia media del 2,07%, con Palencia, Zamora, Soria y Segovia sin apenas incidencia y Burgos, León y Valladolid libres de esa enfermedad. La asociación Unión por la Ganadería, aglutinante de varios colectivos agrarios, pide el cese de los nueve jefes de sección, reacios desde el principio a la flexibilización, “por su posicionamiento contrario al colectivo ganadero, al que se deben y al que tendrían que salvaguardar, ya que es lo que justifica sus nóminas. No deben oponerse a una flexibilización de las campañas, pues se busca controlar las enfermedades porque no es posible la erradicación en determinados territorios”.

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Para ellos, el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas (Vox), y la directora de Producción Agrícola y Ganadera, Teresa Rodríguez, representan “valentía” por “impulsar un cambio, a pesar de los pésimos asesores”. El Colegio de Veterinarios de Salamanca se ha indignado ante estas pretensiones, pues despedir a esos profesionales acarrearía colocar a “títeres” movidos por “intereses partidistas” en apoyo a una orden “que hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante”. El gremio insiste en que no busca guerra con los ganaderos, sino preservar sus intereses ante una normativa “torpe”, “a las bravas” y que “da vergüenza leer”.

Esta supuesta valentía ha escandalizado al sindicato autonómico de veterinarios, autor de una carta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), donde pide paralizar el plan. “Poner en peligro la credibilidad sanitaria de un sector [...] supone un riesgo sin precedentes del que difícilmente saldremos indemnes”, avisan, pues la comunidad alberga casi 600.000 ejemplares, uno para cada cuatro habitantes, equivalente al 27% de las vacas nacionales. La polémica, para Jorge Hernández, responsable de vacuno de la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG) en Castilla y León, parte de que los ganaderos “se agarran al clavo ardiendo de la promesa electoral” y lamenta la pérdida de “estatus sanitario” en un territorio de alto prestigio del sector: “La Junta se salta la normativa a la torera por hacer populismo, es una utilización política”.