La justicia y el Gobierno impiden la relajación de controles de tuberculosis en las vacas de Castilla y León

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha atendido el recurso del Ministerio de Agricultura contra una normativa de Castilla y León que flexibiliza los controles de la tuberculosis bovina. El Gobierno ya limitó la semana pasada el movimiento del ganado de este territorio “para evitar poner en riesgo el nivel sanitario de la cabaña ganadera española y comunitaria”. La Abogacía del Estado fundamentó su petición en que la norma de la Junta infringe la normativa europea y nacional porque relaja la inspección y seguimiento de esta enfermedad contagiosa en las reses. Castilla y León, dirigida por PP y Vox en coalición, no se ha opuesto a la medida cautelar, por lo que acepta suspender su propia legislación inicialmente encaminada a flexibilizar el saneamiento ganadero.

Los ganaderos han reaccionado con indignación ante estos movimientos y en la mañana de este lunes han tenido que ser contenidos cuando intentaban tomar la delegación territorial de la Junta en Salamanca. Los antidisturbios han detenido a una persona tras la embestida de un grupo que empujó a agentes y vallas y lanzó huevos y bengalas. La convocatoria la ha efectuado la Unión por la Ganadería, una asociación que congrega a varios colectivos rurales salmantinos y reclamaba “el cese inmediato del jefe de Sanidad Animal de Salamanca, de la jefa de Sanidad Animal de Castilla y León y del director general de Sanidad del Ministerio”.

La controvertida orden autonómica, que emana de la Consejería de Agricultura, comandada por Gerardo Dueñas (Vox), mengua los requisitos exigidos para que una explotación ganadera afectada por la tuberculosis bovina pueda volver a la normalidad. Esta enfermedad es muy contagiosa y la Comisión Europea ordena a los países un estricto seguimiento para que sea erradicada. Esta tuberculosis es transmisible al ser humano y puede convertirse en un “problema de salud pública”, según el ministerio de Agricultura, liderado por Luis Planas. La normativa de Castilla y León, que deberá ser suspendida “a la mayor brevedad” según el dictamen judicial, rebajaba los controles para la concesión, mantenimiento, suspensión, retirada y recuperación del estatus de explotación libre de tuberculosis bovina. Así, propiciaría que animales potencialmente enfermos o cuya salud no quedara garantizada por proceder de entornos con presencia de esta bacteria pudieran acabar en otras provincias o naciones, extendiendo así la bacteria.

El ministerio emitió esa instrucción porque consideraba que la relajación de la vigilancia suponía “eximir a las explotaciones de las pruebas de movimiento obligatorias para evitar que la enfermedad se propague”, “permitir salidas desde explotaciones, con la calificación sanitaria suspendida o retirada, según la normativa comunitaria, a explotaciones calificadas como libres de la enfermedad” o “relajar los requisitos de las explotaciones afectadas por esta enfermedad animal infecciosa para la obtención de la calificación sanitaria de libre de tuberculosis bovina”. Solo León, Burgos y Valladolid se encuentran al margen, en Castilla y León, de esas instrucciones legales por considerarse lugares sin tuberculosis bovina. Estas tres provincias se unen a Asturias, Canarias, Galicia, Islas Baleares, Cataluña, Murcia y País Vasco como territorios donde no hay casos detectados de esa enfermedad animal.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recogió el pasado 15 de mayo la resolución de 10 de mayo de 2023 de la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, donde se explica la suavización de los exámenes a las ganaderías. El texto admite que la Comisión busca erradicar la enfermedad para 2030 y no superar el 0,1% de tasa de incidencia en un país. La Junta detalló entonces que en siete de las provincias hay menos de un 1% de casos y que solo Salamanca y Ávila, que aglutinan el 55% de la cabaña bovina autonómica, superan ese límite. Castilla y León es la comunidad española con más vacas, según un informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería en 2021. La autonomía contaba entonces con 589.699 rumiantes de este tipo, una vaca por cada cuatro habitantes, el 27% del total nacional.

La no oposición de la Junta a esta medida supone que acepta la suspensión de su propia normativa. El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), así lo anticipó hace unos días: “Queremos que finalice lo más rápidamente posible esa restricción [la limitación de movimiento bovino] establecida por la orden ministerial”. Carriedo rechazó en esa comparecencia la instrucción gubernamental, ahora ratificada por la justicia, amparó la medida en “defender los intereses de Castilla y León y atender al interés de la salud del ganado” y añadió que sería bueno para su comunidad impedir la orden ministerial de paralizar el movimiento de las vacas. El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), publicó al respecto un vídeo en 2022 con música épica y un ambiente bucólico de vacas en León acompañado del mensaje: “Los controles sanitarios son compatibles con el principio de proporcionalidad. No vamos a matar moscas a cañonazos”. Un año después, el Gobierno que codirige aprobó esa normativa rechazada por el Ejecutivo central y la justicia.