El Ayuntamiento de Barcelona ordena el cierre administrativo de varios clubes cannábicos

El Ayuntamiento de Barcelona ha empezado a clausurar administrativamente clubes cannábicos a través del cese de licencia, después de la sentencia de 2020 que derogó la normativa municipal que regulaba urbanísticamente estos locales, que viven en un difícil equilibrio. En la capital catalana existen más de 200 clubes, según datos que maneja el Consistorio, y en el registro de la Generalitat constan un millar de asociaciones dadas de alta en Cataluña. El Ayuntamiento ha propuesto el cese de varias asociaciones porque en ellas, afirma, “se desarrolla la actividad de consumidores de cannabis”.

El gobierno de la ciudad inició el año pasado una campaña de inspección a este tipo de locales, que desde 2016 se regían con una normativa municipal y que antes funcionaban como asociaciones inscritas en el registro de la Generalitat, donde comunicaban sus estatutos y eran inspeccionados antes de recibir el alta. A través de una carta, el Ayuntamiento les informó de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de junio de 2020 que anulaba la normativa municipal de las asociaciones cannábicas y advirtió de que solo se las podía considerar, y debían actuar, como un club social privado.

El Consistorio de la ciudad, inmerso en las elecciones municipales, no ha respondido a las reiteradas preguntas de este diario para conocer la cifra exacta de asociaciones con orden de cierre. Varios clubes ya han recibido la comunicación después de una inspección de los técnicos municipales y de la Guardia Urbana, según ha podido saber EL PAÍS. En las propuestas de cese, se incide en que se deben limitar a “proporcionar información, elaborar o difundir estudios, realizar propuestas, expresar opiniones sobre la materia, promover reuniones o seminarios” de la actividad que consta en sus estatutos de club privado. Y que “en ningún caso se permite la promoción del consumo del cannabis, su cultivo, la distribución” ni ninguna otra conducta que pueda suponer una infracción administrativa o penal.

La Federación de Asociaciones Cannábicas de Catalunya (CatFAC) asegura que en la campaña de inspección que se llevó a cabo el año pasado a los más de 200 clubes de Barcelona, a unos 80 se les abrió expediente administrativo, por motivos diversos. Esta entidad insiste en que las órdenes de cierre por el consumo colectivo en el interior del club solo se pueden deber a una interpretación equivocada por parte de los servicios técnicos de algunos distritos, que llevan a cabo las inspecciones junto a la Guardia Urbana. Los documentos consultados por este diario señalan que la clausura se debe a que en el local “se desarrolla la actividad de consumidores de cannabis”. Ninguno de los seis miembros federados a la CatFAC en Barcelona ni de las 36 asociaciones en toda Cataluña han recibido órdenes de cese.

Los afectados por el cierre, y también la CatFAC, insisten en que la sentencia del TSJC que anula la normativa municipal incide únicamente en la invasión de competencias estatales, no en la actividad concreta de una asociación cannábica. Fuentes del entorno de los clubes recuerdan que los requisitos de estos se han fijado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sostiene que hay que analizar caso a caso para constatar y demostrar si en ellos se está cometiendo un delito. “Son los tribunales quienes deciden si una asociación cumple o no con esos supuestos”, insisten fuentes cercanas a los clubes.

La CatFAC recuerda que el Parlamento catalán aprobó en febrero una resolución que defendía que las asociaciones cannábicas son de utilidad para reducir los riesgos y los daños derivados del consumo de cannabis, y reconocía el consumo compartido. Una decisión política impulsada por ERC, Junts per Catalunya, la CUP y En Comú Podem. “El consumo compartido es una cuestión atípica, no ilegal”, insiste Eric Asensio, de la CatFAC.

La Federación admite que las elecciones municipales han complicado la gestión de las consecuencias de la sentencia que anuló la normativa municipal de Barcelona. “Estamos reclamando un protocolo concreto de actuación”, cuenta Asensio, sobre las gestiones que han llevado a cabo con el Ayuntamiento de Barcelona. Mantuvieron algunas reuniones con el anterior equipo municipal liderado por Ada Colau, pero no lograron cerrar un compromiso concreto con el PSC, responsable del área de Seguridad. Y en febrero, Jaume Collboni dejó el equipo de gobierno.

En los programas electorales al Ayuntamiento de la ciudad de los cuatro partidos más votados, solo Xavier Trias (Junts per Catalunya) menciona los clubes cannábicos. Y ya avisa de que estudiarán “de acuerdo a la legislación aplicable y las recientes sentencias judiciales dictadas, limitar los clubes cannábicos para evitar problemas de salud pública y de convivencia”. También anuncia un “plan de choque para la erradicación” de las asociaciones ubicadas “en espacios donde alteran la convivencia”.

Las asociaciones cannábicas inciden en que la Generalitat ha celebrado incluso jornadas públicas junto a ellas. Hace un año, se convocó un encuentro titulado La reducción de riesgos del consumo de cannabis en el club o asociación. También destacan que el modelo catalán y del resto de España de clubes cannábicos está siendo ejemplo para otros países, como Alemania, que ha iniciado el camino para la despenalización del consumo.

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