El alto coste para la Policía de escuchar al crimen organizado cuando habla en otro idioma

El crimen organizado no habla un único idioma. Lo saben y lo sufren los agentes encargados de combatirlo. Y el Ministerio del Interior paga un alto coste, cada vez mayor, para superar esta dificultad. La Policía Nacional ha iniciado la licitación de un nuevo contrato para traducir al español las conversaciones en otras lenguas intervenidas por orden judicial en el transcurso de sus investigaciones contra la delincuencia y el terrorismo, después de que el adjudicado el pasado verano vaya a agotar su presupuesto dos meses antes de lo previsto. Según el expediente del nuevo concurso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Policía Nacional contempla gastar 11,9 millones de euros entre el próximo 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2024 para traducir cerca de 450.000 horas de grabación y que estas puedan ser utilizadas como prueba en procedimientos penales.

Esta cifra representa un gasto medio de 850.000 euros mensuales, lo que supone un incremento del 45% respecto al anterior contrato que ahora se agota de modo prematuro y en el que la previsión inicial fue desembolsar 583.300 euros al mes; y de un 88% respecto al de 2020, cuando el coste mensual previsto entonces era de 451.100 euros. La empresa que resulte adjudicataria deberá cubrir la traducción al español de “cualquier idioma oficial o dialectos más comunes”, incluidas las lenguas cooficiales de España y el lenguaje de signos (en el caso de videograbaciones), a un precio máximo de 26,62 euros la hora, IVA incluido (en el anterior contrato el importe era 22,99 euros).

Las compañías que aspiren al contrato deberán contar con, al menos, 10 traductores de árabe dialectal, seis de inglés, cuatro de rumano y otros tanto de francés, dos de chino mandarín y otros dos de urdu (lengua utilizada por los procedentes de Pakistán). También deberán contar, al menos, con un profesional para el euskera y otro para el catalán, así como para ruso, portugués, albanés, búlgaro, ucranio, georgiano, polaco y wolof (la que más se habla en Senegal). Cuando sean reclamados, la empresa se compromete a que un traductor con titulación se presente en la dependencia policial desde la que se le reclame en un tiempo máximo que oscila entre los 90 minutos y las cuatro horas, dependiendo del idioma para el que se le reclame y la distancia existente entre el lugar donde deba prestar el servicio y la capital de la provincia.

La Policía Nacional lleva desde 2008 contratando “empresas externas especializadas” para los servicios de traducción, interpretación y transcripción de escuchas telefónicas obtenidas en el transcurso de “investigaciones policiales por [los] delitos más graves”, según explica el nuevo expediente de licitación. Hasta aquel año, los agentes se valían de limitado personal laboral adscrito a la Dirección General de la Policía para estas funciones y de contrataciones puntuales o colaboradores, que se habían demostrado claramente insuficiente. En estos 15 años, el presupuesto para contratar empresas con tal fin se ha ido incrementando de manera continua desde los 2,6 millones del primer contrato, a pesar de lo cual ha sido habitual que la partida presupuestada inicialmente terminara siendo insuficiente para cubrir las necesidades de las unidades policiales, cuyas investigaciones aún depende en buena parte de las intervenciones telefónicas.

Es lo que ha ocurrido con el contrato actualmente en vigor, adjudicado el año pasado a una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por SeproTec y Ofilingua, y que contemplaba un gasto inicial de 10,5 millones para 18 meses (entre el 1 de junio del año pasado y el próximo 30 noviembre). A los pocos meses, el Ministerio del Interior ya tuvo que incrementar su cuantía en 780.000 euros al constatar que el importe previsto era claramente insuficiente tras haberse desembolsado solo en los tres primeros meses del contrato 2,1 millones. Pese a este incremento inicial, el dinero presupuestado se ha vuelto a revelar insuficiente y, por ello, la Dirección General de la Policía se ha visto obligada a licitar ahora, dos meses antes de lo previsto, el nuevo contrato ante el convencimiento de que con el dinero comprometido con el actual “no haya crédito suficiente para su finalización”.

La Policía justifica esta dificultad para ajustar el gasto en que la demanda de los servicios de traducción “es cambiante y no es posible prever la evolución territorial de la delincuencia organizada, que se encuentra condicionada por múltiples factores, tales como la evolución territorial del turismo que facilita el anonimato, la mayor presión policial, el cambio en las rutas internacionales del crimen organizado en modalidades delictivas tales como la trata de seres humanos o el tráfico de sustancias estupefacientes”. El documento recuerda que determinar “la duración de cada una de las investigaciones [policiales] concretas es imposible”.

La ejecución de los contratos hasta ahora adjudicados se ha visto envuelta en ocasiones en polémicas por el perfil de algunos de los traductores. Así, en 2008, el primer año que se licitó este servicio, la Policía detuvo al que le había enviado la empresa adjudicataria para realizar una traducción de portugués en el aeropuerto de Barajas (Madrid) al constatar que pesaban sobre él numerosos antecedentes y una orden de busca y captura. Seis años después, otros dos fueron arrestados acusados de extorsionar a un empresario que era investigado por la policía y cuyas conversaciones telefónicas eran traducidas por aquellos. La Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente juzgarlos.

Para minimizar el riesgo de que se vuelvan a producir casos como estos, los contratos incluyen ―también el licitado ahora― una cláusula de “reserva y custodia de información” por el que la empresa adjudicataria y los intérpretes se comprometen a no revelar “cualquier información dimanante del ámbito policial al que tengan acceso con motivo de la prestación del servicio” bajo la advertencia de que “en caso de romperse dicha confidencialidad incurrirían en delito perseguible de oficio”.