¿Se imaginan estar en casa tranquilamente y que lleguen cuatro policías con una orden de registro, le pongan el inmueble patas arribas y le acusen durante siete meses de un delito de distribución de pornografía infantil que ni usted, ni su esposa ni sus hijos han cometido? ¿Y que después de horas de registro se lleven cinco móviles, cuatro ordenadores, discos duros, memorias USB y dos tabletas para inspeccionarlos y que luego descubran que semejante operativo obedecía a una descomunal pifia policial y judicial?

Pues por esta pesadilla, y más cosas, ha pasado la familia de Francisco R., de 59 años y vecino de Madrid. Cuando por sorpresa la policía empezó a registrar cajones y armarios, sin apenas dar explicaciones porque el sumario era secreto, nadie de la familia entendía nada. El miedo y desconcierto les disciplinó ante las exigencias de los agentes, acompañados de la secretaria del Juzgado de Instrucción 14 de Madrid. Hasta que la madre, Josefina R., en medio del trajín policial, estalló: “¿Pero qué coño está pasando aquí…?”. Y lo que sucedía, aunque lo supieron muchos meses después, es que la policía había metido la pata al traducir al revés las fechas de una denuncia por pederastia llegada desde EE UU y los implicó a ellos por error.

La fecha del 10-11-2016, en el formato usual de EE UU, no es la del 10 de noviembre de 2016 (como sí se interpreta en formato español). Es la del 11 de octubre de 2016. Pero la policía tradujo mal esos datos y arrastró al fiscal y al juez que, a juzgar por la cadena de errores, posiblemente ni se leyeron la denuncia original en inglés procedente de EE UU que daba cuenta de que alguien desde España había subido fotos pornográficas de menores a Facebook. Se investigó la IP del ordenador desde el que se subieron los vídeos, pero en una fecha diferente a la real. La familia afectada llegó a tener esa IP, pero no en la fecha que interpretó la policía al traducir la denuncia. La IP de un ordenador, algo así como su DNI, no es estática. Cambia cada vez que este se cierra.

Así lo explica la familia afectada en la demanda por daños y perjuicios que ha interpuesto ante el Ministerio de Justicia, en la que pide 27.000 euros de indemnización: “Cuando [la policía española] solicitó al juzgado que expidiese mandamientos dirigidos a las compañías Telefónica de España S.A.U. y Microsoft Corporation, para conseguir la IP, no debería haber transcrito las fechas directamente en formato numérico USA (mes/día/año; a veces, año/mes/día), pero nunca día/mes/año, como habitualmente se realiza en España. Sin embargo, el rango de fechas solicitado al juzgado fue el 10/11/2016 (...), utilizando un formato de fechas español, lo que indujo al error al juzgado”. “Por tanto, y aun cuando no se tuviese conocimiento del formato usual de fechas expresadas en número utilizado en Estados Unidos (lo que es exigible a personas que utilizan datos provenientes de ese país en investigaciones policiales), el propio sentido común debiera haber alertado del formato en que se estaban expresando las fechas en dicho informe”, concluye la familia afectada.

Este baile de números tuvo consecuencias y acabó liando a los investigadores, y sumergiendo en un sinvivir a la familia de Francisco R., de 59 años, padre de dos hijos. La mañana que irrumpió la policía estaban todos en casa, menos el mayor de los hijos, Sergio, que se había ido muy temprano a Aranjuez para trabajar en una película. Ese día, 23 de noviembre de 2017, hacia las ocho de la mañana, un agente telefoneó a casa de Francisco. Le dijo que, a las 9.15, él y otros compañeros se iban a acercar a su casa porque querían mostrarles unas fotografías. No dio más detalles. En realidad, les vigilaban desde hacia varias semanas, ya que dos agentes habían intentado acceder a la vivienda con la artimaña de las fotos. Pero Josefina, la madre, les dijo que su marido no estaba en casa y que si no disponían de una orden judicial no les permitía pasar. Y se fueron.

El día del registro sí estaba Francisco en casa. Se presentaron media hora antes. A Francisco casi le pilló la indeseable visita en la ducha. Al llegar, ni fotos ni nada. Eran cuatro agentes y la secretaria del Juzgado de Instrucción 14 de Madrid. Exhibieron la orden judicial y empezaron a registrar la casa. Buscaban todos los dispositivos informáticos. Y empezaron a analizarlos allí mismo a medida que los encontraban o se los facilitaban las víctimas. Estupefactas.

La habitación del hijo menor, que precisamente ese día cumplía 18 años, estaba llena de pósteres del FC Barcelona. “Es un forofo”, señala su padre a EL PAÍS, aun enfadado por los comentarios que le hicieron a su hijo aquel día. “O sea, que eres del Barcelona, ¿no?”. “Sí, sí”, respondió el muchacho, asustado. Aún estaba en pijama. “Y qué, ¿también eres independentista?”.

Como iban pasando las horas y nada veían en los ordenadores, cerca de las 12 de la mañana la secretaria judicial comenzó a impacientarse con los agentes. Al ver ellos que faltaba en casa el hijo mayor, preguntaron por él. El padre les dijo que estaba en Aranjuez. “Pues nos vamos ahora mismo para allí”, dijeron. “Pues yo voy con ustedes”, exigió el padre, indignado.

Delante de los jefes y compañeros de trabajo, le decomisaron el móvil y su ordenador, le registraron el coche y se lo llevaron. “Qué, Sergio, ¿no tienes nada que contarnos? Mira que luego va a ser peor…”. Padre e hijo se miraban incrédulos. Sergio se encogía de hombros. No sabía qué decir ni de qué iba el asunto. Pero pasó mucha vergüenza. “¿A ver cómo puedes explicar, en un momento así, que viene la policía a por ti por un asunto de pornografía infantil...? ¿Qué dices a tus jefes? Da igual que seas inocente, al final la gente piensa, si está aquí la policía, será por algo”, señala Francisco, el padre. Incluso en casa resultaron inevitables miradas esquivas. “Da que pensar... te preguntas, a ver si alguien, sin querer, o como sea, ha subido esos vídeos... Pero siempre tuve claro que debía ser una equivocación. Y así se demostró: los análisis de los aparatos, tanto los que hicieron en casa el día del registro, como los de después en la policía, dieron negativos todos; nadie teníamos vídeos de niños ni de nada”, subraya Francisco.

Delante de jefes y compañeros

A Sergio también le intervinieron el ordenador, que contenía información sensible sobre la película en cuya grabación intervenía. El padre contrató un abogado y al mes, tras los infructuosos análisis policiales, logró recuperarlo. Pero el calvario no acabó ahí. El juez les abrió una causa que tardaría siete meses en cerrar.

Otra impotencia que sintió el padre es que la causa era secreta y resultaba imposible saber de que se les acusaba exactamente. Sabían que era algo de pornografía infantil, pero nada más. Cuando por fin se levantó el secreto supieron que todo empezó por una denuncia trasladada a los juzgados de Madrid, a través de la Embajada de EE UU, procedente del National Center for Missing and Exploited Children (Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados). Una organización de carácter privado que cuando aprecia en la Red casos de abusos sobre niños, lo denuncia ante el país desde el que se suben a Internet. El informe de esta organización alertaba “a las autoridades españolas de un usuario en España que, a través de la red social Facebook, había publicado cuatro archivos, tres de ellos de vídeo y una imagen, que muestran a menores con evidentes fines pornográficos”. Y que la dirección IP del monitor era gestionada por “Telefónica de España S.A.U.”. La denuncia pasó por tres unidades policiales españolas de élite antes de llegar al juzgado 14 de Madrid.

Fueron los abogados de la familia los que descubrieron el error tras tener acceso al sumario. Una vez archivado, el juzgado dio muchas vueltas antes de facilitarlo a la familia, que lo quería para demandar al Estado por el grave error padecido. Sobre todo Sergio, delante de sus compañeros de trabajo.

Aunque los análisis de los aparatos dieron todos resultado negativo, la causa estuvo abierta hasta el 8 de febrero de 2018. El Consejo del Poder Judicial reconoce en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS que la familia lleva razón, que se cometió un error judicial que ha causado un daño evidente que debe ser indemnizado. El caso está ahora en manos del Ministerio de Justicia, que es quien fija la cuantía cuando los jueces, o la policía a sus órdenes, se equivocan o cometen tropelías por una errática traducción con consecuencias.