El Congreso aprueba el tercer decreto anticrisis con la abstención de la derecha y de ERC

El Congreso ha aprobado este martes con holgura el tercer paquete de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania, sin la agitación y crispación habituales y sin que el Gobierno se haya visto forzado a negociaciones in extremis. La convalidación del decreto ha salido adelante con 175 votos a favor, 164 abstenciones (incluidas las del PP, Vox, Ciudadanos y ERC) y solo 7 votos en contra (Junts, CUP y Teruel Existe).

La oposición, con la excepción de Vox, ha reservado sus mayores dardos para el pleno posterior, en el que Pedro Sánchez ha comparecido a petición propia para dar cuenta de los últimos consejos europeos y de su respuesta al alza de precios. El ambiente preelectoral era aun así palpable en el hemiciclo esta mañana.

Quedan cuatro meses para la primera gran cita del año, las elecciones municipales y autonómicas de mayo (consideradas por los partidos casi una primera vuelta de las generales de diciembre), y la dirección del PP trata de reforzar el perfil institucional de Alberto Núñez Feijóo. El principal partido de la oposición ya se abstuvo en julio en la votación del segundo plan de respuesta a las secuelas de la invasión de Ucrania. Tres meses antes, en cambio, el Gobierno había salvado por la mínima (el apoyo de EH Bildu fue decisivo) el primer decreto anticrisis, que contó con la oposición de todo el arco parlamentario. En esta ocasión ambos partidos se han abstenido, al igual que Vox. El PNV y EH Bildu, en cambio, han emitido un voto positivo.

“Es difícil decir que no a estas medidas, que deberían concitar un acuerdo por patriotismo, salvo que las razones sean intentar hacer daño al Gobierno”, ha marcado el terreno el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, durante su defensa de la convalidación del plan. El Ejecutivo aprobó en el último Consejo de Ministros de 2022 el paquete de medidas: eliminación del IVA para productos de primera necesidad como la leche, el pan o los huevos; rebaja del 10% al 5% de este impuesto en la pasta y el aceite; prórroga de los alquileres que vayan a expirar y de la rebaja de los impuestos energéticos; bonificaciones del 30% al transporte público o un cheque de 200 euros para familias con ingresos inferiores a 27.000 euros anuales. El plan, con un impacto económico de más de 10.000 millones, entró en vigor el 1 de enero por un periodo de seis meses. Ahora, una vez convalidado, se tramitará como proyecto de ley, y por tanto está abierto a modificaciones.

“No vamos a votar en contra de un decreto con medidas del PP en el que el Gobierno ha rectificado tarde, mal y a rastras”, ha argumentado el diputado popular Jaime de Olano, que ha asegurado que el voto del PP habría sido favorable si el Gobierno hubiera ampliado la bajada del IVA a la carne, el pescado y las conservas y hubiera mantenido la bonificación del combustible a los autónomos (se mantiene a los transportistas y los trabajadores del sector primario). “Se han negado a aprobar medidas efectivas casualmente hasta la proximidad de las elecciones de mayo”, ha reprochado De Olano, en un tono mucho más comedido que el del portavoz de Vox: “Señor Bolaños, todos sabemos que usted de Economía no sabe nada”, ha arrancado Iván Espinosa de los Monteros. Aunque su partido se ha abstenido, ha acusado al Gobierno de “trilerismo político” al bajar el IVA pero aprobar, por otro lado, nuevos impuestos para reducir el uso de los envases de plástico de un solo uso. “Ya solo queda Vox, pero afortunadamente ya les queda menos tiempo”, ha cerrado su intervención, en una nueva demostración de la pugna que el partido ultra mantiene con el PP.

Muchos de los socios habituales del Gobierno, incluido Unidas Podemos, han expresado sonoras quejas por la supresión de los requisitos de tramitación de la declaración de impacto ambiental para instalaciones de energías renovables, una supresión también incluida en el decreto. El artículo 22 del texto establece que, “con carácter excepcional y transitorio”, los proyectos de energías renovables podrán excluirse del procedimiento de evaluación, siempre que no se ubiquen en espacios naturales protegidos.

“Las cosas hay que hacerlas bien: no se ayuda al sector de las renovables, se permite que los malos proyectos se cuelen, lo cual perjudica a los que hacen las cosas bien. La evaluación de impacto ambiental es una herramienta imprescindible”, ha advertido Juan López de Uralde (Unidas Podemos) al ala socialista del Ejecutivo. Tomás Guitarte, de Teruel Existe, lo ha definido como la “mayor regresión ambiental de la historia, que arrasará el territorio de la España vaciada y abrirá el camino a una burbuja de las renovables” en las zonas despobladas. “Este real decreto viene con un regalo envenenado: acortar los plazos de tramitación ambiental puede generar el efecto contrario y dificultar la aceptación social”, ha abundado Joan Baldoví (Compromís).

Las quejas por el recurrente empleo de la vía del real decreto —que implica someter a votación del Congreso, en bloque, medidas muy variopintas— han sido transversales: tanto de aliados del Ejecutivo como de las formaciones conservadoras. “El propósito de Sánchez es mantenerse en La Moncloa a costa de los españoles mientras gobierna a golpe de decretazo, con 135 reales decretos en la legislatura... Siempre pecan de lo mismo: traen un real decreto con medidas muy dispares que además son cosméticas y van a tener un leve impacto en la sociedad. La rebaja del IVA es ineficaz y puro electoralismo”, ha dicho María Carmen Martínez, de Ciudadanos. Pese a esas críticas, el partido liberal se ha abstenido, en la primera votación relevante desde la elección de su nueva dirección. “Es un real decreto con luces y sombras, con medidas correctas como las ayudas al transporte, como una bajada del IVA que no nos parece correcta porque beneficia de manera exponencial a los más ricos”, ha observado Oskar Matute (EH Bildu). “Nos traen otro real decreto de los que nos tienen acostumbrados. Lo almibarado de su arenga no nos la endulza ni a los diabéticos, nos sumamos a las reticencias”, le ha espetado Joan Capdevila (ERC) a Bolaños.

El Parlamento también ha convalidado —por 200 votos a favor y 146 abstenciones— el estatuto del artista, que establece una prestación por desempleo adaptada a la intermitencia de los empleos en el sector cultural, la compatibilidad de la pensión de jubilación con rendimientos por actividades artísticas y otras conexas, así como una cuota especial para autónomos de estos ámbitos laborales con ingresos inferiores a 3.000 euros. “Es una norma que garantiza y fortalece la senda del trabajo estable y de calidad que hemos iniciado. Y además es una norma que consagra uno de nuestros más valiosos patrimonios: el trabajo de las personas artistas. Estamos poniendo en valor su importante aportación, en términos económicos, pero también en valores y libertades”, ha esgrimido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.