Una semana de caos antiaborto en Castilla y León

El aborto ha vuelto a abrir brechas en la derecha. La Junta de Castilla y León, donde gobiernan en coalición PP y Vox, anunció el jueves 12 de enero unas medidas antiabortistas que el vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox), tildó de “imperativas” para los médicos. El revuelo, de dimensión nacional, ha provocado que el PP rebaje la iniciativa, la deje en manos de los facultativos y las mujeres y no aclare cómo ni cuándo entrará en vigor. El Gobierno ha intervenido con requerimientos mientras la Junta se queja de invasión competencial. Esta es la cronología de los hechos.

El anuncio. El jueves 12 de enero, termina el consejo de Gobierno de Castilla y León y junto al portavoz, Carlos Fernández Carriedo (PP), comparece Gallardo. Empieza Carriedo: “Son medidas puestas en conocimiento del Consejo de Gobierno, tanto por el vicepresidente como por la Consejería de Sanidad, que han trabajado conjuntamente en este ámbito, y cuya aplicación se va a poner en marcha en el ámbito sanitario”. El acta de la reunión, publicado una semana después, no recoge que se tratara esta cuestión. Gallardo recita el plan: se ofrecerá a las embarazadas escuchar el latido fetal, ecografías en 4D y atención psicológica preferente. Será “imperativo” para los médicos; las mujeres incrementarían su “implicación emocional” y decidirían “de forma más consciente” ante la “tragedia social del aborto”. El vicepresidente pregona: “Si conseguimos salvar una vida, habrá merecido la pena”. Carriedo calla. Sanidad emite una nota de prensa que detalla un acuerdo para “fomentar la natalidad” conforme al pacto PP-Vox.

El PP rebaja a Vox. Al día siguiente, ante el escándalo creciente, fuentes de Sanidad aseguran que las medidas no serían obligatorias. El vicepresidente responde “por supuesto” cuando se le pregunta si se reafirma. El consejero de Presidencia, Jesús Julio Carnero, incide en la “absoluta voluntariedad” de dichas medidas, mientras el portavoz del PP, Borja Sémper, desafía a Vox diciendo que no iban a “tragar con cualquier cosa” y que rectificarán las “políticas equivocadas”. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), sigue en silencio y el titular de Sanidad, Alejandro Vázquez, afirma a EL PAÍS que las medidas se remitirán a las gerencias hospitalarias, algo que nunca sucedió. Algunas de las medidas, admite, “no tienen mucho sentido” por la fase de la gestación en que se plantean a las mujeres, con o sin voluntad de abortar.

Aparece Mañueco. El presidente reaparece el 14 de enero y niega propósitos antiabortistas. “No soy quien tiene que analizar palabras ni intencionalidad. Los hechos son estos: libertad absoluta de la mujer para elegir, respeto absoluto a sus derechos, respeto absoluto a los derechos de los sanitarios”, zanja, adscribiendo las medidas a aumentar la natalidad y bajo prescripción médica. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tampoco había hablado mientras el Gobierno, el Ministerio de Igualdad y colectivos feministas clamaban contra Castilla y León.

Requerimiento del Gobierno. El 15 de enero, el Gobierno envía un requerimiento instando a la Junta a que detenga su protocolo. Mañueco contesta: “No se ha aprobado acuerdo alguno que limite los derechos de las mujeres ni de los sanitarios”. El presidente tacha de “intolerable” un “ataque basado en mentiras” para “generar alarma social”.

Declaración oficial. En una declaración institucional sin preguntas, Mañueco contradice el lunes a su consejero de Sanidad y a Gallardo: “No se obligará a nada a los médicos, ni se obligará a las mujeres embarazadas a nada”. Incide en la “libertad” de las mujeres y los doctores.

Vox amenaza. El martes, Vox amenaza al PP con “revisar” la alianza si detiene el protocolo. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, reclama “información fidedigna” porque considera que se han rebasado “líneas rojas”. El Ejecutivo central requiere a la Junta para que no adopte “actuaciones que vulneren la ley”. Feijóo dice que Castilla y León “no va a modificar el protocolo” mientras Sanidad de la comunidad insiste en que las medidas son para ayudar a las mujeres.

Se delega en los médicos. El portavoz vuelve a comparecer el jueves y afirma que la Junta inadmite el requerimiento del Gobierno porque el protocolo es “inexistente”. Dice que las medidas — “mejoras de las prestaciones en el ámbito sanitario”— se pondrán al alcance de los médicos para que ellos decidan si usarlas. Reconoce que pudo equivocarse al no desmentir a Gallardo cuando este dijo que serían obligatorias.

Tregua. El viernes, el Gobierno emite un comunicado asegurando que Castilla y León “ha acatado formalmente el requerimiento” y que la Junta les hizo saber que no se había acordado ningún nuevo protocolo. El Ejecutivo avisa de que sigue alerta. Mañueco censura la “sobreactuación” de Sánchez y se reivindica: “Quien fija la posición del Gobierno es el presidente”. “Usted me ve a mí la cara. Soy el presidente de la Junta, no hay debate”, proclama, al preguntarle por la insistencia de Gallardo sobre el protocolo. El vicepresidente, de momento, no ha dicho nada más.