El PSOE se apoya en los informes policiales para intentar reabrir la causa sobre el cohecho en los gobiernos de Aznar

El PSOE mueve ficha para intentar reabrir la causa sobre las donaciones realizadas por empresarios a la caja b del PP, supuestamente a cambio de adjudicaciones públicas, la última derivada del caso Gürtel que permanece en instrucción. La representación de Carmen Ninet y Cristina Moreno, dos exdiputadas socialistas, han presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que revoque la decisión del juez instructor Santiago Pedraz, que dio carpetazo a la investigación el pasado diciembre. La acusación popular se apoya principalmente en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que certificó sobrecostes millonarios y “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación” en obras bajo sospecha concedidas durante los gobiernos de José María Aznar.

Con el respaldo de la Fiscalía, el juez Pedraz concluyó que no existe “dato incriminatorio alguno” que permita seguir adelante con estas pesquisas, al no poder establecer una “relación” directa entre cada una de las adjudicaciones concedidas y las donaciones de los empresarios reflejadas en la contabilidad paralela que llevó el extesorero popular Luis Bárcenas durante casi 20 años —los bautizados como papeles de Bárcenas—. El magistrado y el ministerio público inciden en que no se puede atribuir un delito de cohecho sin probar ese nexo, además de destacar que el informe final del pasado noviembre de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, descartó irregularidades en las obras analizadas.

Sin embargo, la representación de las exdiputadas socialistas reprocha al instructor que no ha valorado “debidamente” los indicios que se le han puesto sobre la mesa, especialmente los informes de la UDEF —y otros de la IGAE, anteriores al último—, donde se “aprecian” indicios de “claras arbitrariedades” y de “singulares y graves irregularidades” en los trámites de los expedientes de contratación. En un documento firmado en julio de 2021 por el principal investigador del caso Gürtel, el inspector Manuel Morocho, la unidad policial subrayó que había hallado sobreprecios por encima del 20% en 14 obras, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.

Uno de los empresarios investigados, Alfonso García Pozuelo-Asins, que encabezó Constructora Hispánica, admitió en otro juicio de Gürtel el pago de mordidas al PP a cambio de obras. “Le entregué cosas para Castilla y León [a Francisco Correa, líder de la trama]”, dijo en la vista oral de Época I, que acabó con la primera condena al partido conservador por beneficiarse de la red corrupta. En su recurso, las exparlamentarias del PSOE también ponen su confesión sobre la mesa.

“Aun cuando no haya irregularidad formal en las adjudicaciones, estas actuaciones consistían, en ocasiones, en manejar los márgenes de discrecionalidad existente en las adjudicaciones de obra pública para decantar finalmente la balanza en la concesión de determinados contratos a favor de la empresa en que los responsables del PP se habían interesado en cada caso”, apunta el escrito de Ninet y Moreno, que añade: “No necesariamente debe establecerse un vínculo simétrico entre donación y adjudicación, pues algunas donaciones tienen como pretensión crear un estado favorable entre el partido y el donante sobre futuras acciones favorecedoras de adjudicaciones”.

Por ello, la acusación popular pide reabrir la causa y procesar a los investigados por delitos de tráfico de influencias y fraude a las Administraciones Públicas.