La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre el cohecho en los Gobiernos de Aznar

El juez Santiago Pedraz ha acordado poner punto final a la larga instrucción del caso Gürtel, la investigación nacida en 2007 en torno a Francisco Correa y que, casi tres lustros después, ya ha dejado tres condenas al PP por beneficiarse de la trama, que anidó en el seno del partido. El magistrado ha dado carpetazo a la última línea de las pesquisas que seguía abierta, centrada en el pago de mordidas de empresarios a la formación y que mantenía bajo sospecha 23 adjudicaciones por casi 600 millones de euros de los Gobiernos de José María Aznar. En línea con la Fiscalía, el juez concluye que, pese a las pruebas practicadas, no se ha podido establecer “relación” entre los abonos reflejados en los papeles de Bárcenas y los contratos otorgados.

Esta decisión del magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, se produce después de que recibiera el 4 de noviembre un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de Hacienda, que descartó irregularidades en las obras analizadas. Sin embargo, las conclusiones de este organismo chocan con las de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que certificó sobrecostes millonarios y “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación”.

Pedraz hace suyas las palabras de la Fiscalía Anticorrupción; que, al pedir el archivo de estas pesquisas, expuso que “la relevancia penal” de los hechos investigados no reside en el mero reflejo de donaciones de empresarios en los papeles de Bárcenas ―la contabilidad b que mantuvo el extesorero popular Luis Bárcenas durante años—. Sino en que se pueda “acreditar” que estas entregas de dinero fueron el “medio para conseguir o facilitar contratos públicos”, lo que “revelaría la existencia de los delitos de cohecho”. Un extremo que, en su opinión, no se ha logrado.

“Pese a la intensa investigación (y dilatada: iniciada en 2013, archivada en 2015 y reabierta en 2017), que hizo que se examinasen los expedientes de contratación de todas las empresas, no existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido aquellos hechos”, apunta el juez instructor. “No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical... que aporte dato incriminatario alguno; como tampoco [se desprende] de los múltiples informes de la UDEF, interventores de la Fiscalía e IGAE”, remacha el magistrado de la Audiencia. El archivo se puede recurrir.

Pedraz se apoya, entre otros elementos, en el último informe de la Intervención General del Estado, donde se especificaba que no se encontraron “incumplimientos de la normativa aplicable” en las obras bajo sospecha de la era Aznar. “En el mismo se analiza la forma de contratación, las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero en ninguno de ellos se concluye arbitrariedad o irregularidad alguna”, expone el juez en su escrito de sobreseimiento, emitido este mismo lunes, donde incide: “Y lo que no arrojan es elemento alguno que permita la conexión de dichos contratos con las pretendidas donaciones de los denominados papeles de Bárcenas”.

Las conclusiones del instructor se apoyan, también, en que las mesas de contratación de todas los adjudicaciones estaban formadas por funcionarios públicos, y en que la dirección facultativa o asistencia técnica de cada una era distinta al resto.

Estas pesquisas, centradas en el cohecho, son una derivada de la línea de investigación de los papeles de Bárcenas, que es a su vez una derivada del caso Gürtel. Tras cerrarse en 2015 ante la imposibilidad de vincular las donaciones con obras concretas, el juez José de la Mata las reabrió en 2017 después de que el empresario Alfonso García Pozuelo, condenado por la trama de corrupción, admitiese en uno de los juicios el pago de mordidas al PP. Un punto que confirmó también Correa. Esos testimonios hicieron que se practicaran diligencias para comprobar si las anotaciones de la contabilidad b del entonces tesorero del PP constituían un “soporte documental contable” de transacciones reales que reflejaran contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran adjudicaciones de obras públicas a los pagadores.

Durante la instrucción, en verano de 2021, un informe de la UDEF, señalaba decenas de irregularidades que provocaron sobrecostes millonarios. El documento policial analiza los 23 contratos bajo sospecha y concluye que 18 de ellos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...], ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%. En opinión del agente, hay elementos “objetivos, subjetivos y temporales” que evidencian el nexo entre las donaciones y la concesión de adjudicaciones.