La Fiscalía pide archivar la investigación sobre el cohecho en los Gobiernos de Aznar

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que ponga punto y final a la última línea de investigación del caso Gürtel que sigue abierta en la Audiencia Nacional, que mantiene bajo sospecha 23 adjudicaciones por casi 600 millones de euros de los Gobiernos de José María Aznar (PP). Según confirman fuentes jurídicas, el ministerio público ha tomado esta iniciativa después de que el magistrado pidiera opinión a las partes sobre la causa, a raíz de recibir un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que descartaba irregularidades, en contraste con las conclusiones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que certificó sobrecostes millonarios y “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación”.

La decisión sobre el archivo se encuentra ahora en manos de Pedraz, que sustituyó en 2020 al juez José de la Mata al frente del Juzgado Central 5 de Instrucción. De la Mata reabrió en 2017 esta investigación, una derivada de la parte de Gürtel centrada en los papeles de Bárcenas ―la contabilidad b que mantuvo el extesorero Luis Bárcenas del PP durante años―, donde se ha tratado de recabar pruebas que demuestren el cohecho y la relación entre la concesión de contratos públicos y las donaciones de empresarios. El propio Pedraz impulsó las pesquisas hace dos años tras recibir un informe de la UDEF, que da por acreditada esta vinculación: se aprecia “una correlación”.

En un amplio informe de verano de 2021, la Policía iba mucho más allá y documentó decenas de “irregularidades” que provocaron sobrecostes millonarios en buena parte de 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica, encabezada por Alfonso García Pozuelo, condenado en otras líneas de investigación de Gürtel. Según reflejan los papeles de Bárcenas, este empresario realizó al menos nueve entregas por un total de 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido —de hecho, en un juicio él mismo admitió el pago de mordidas al PP a cambio de obras—.

Pedraz resaltó en varios autos que existen indicios de que se creó en la formación conservadora “un sistema para obtener fondos ilícitamente para el partido” a cambio de “movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores”. Los empresarios entregaban presuntamente dinero a la caja b a cambio de que Bárcenas, entre otros, les facilitaran “contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”. “En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación”, recalcó el magistrado. El propio extesorero declaró en estas pesquisas que el PP obtuvo mordidas, aunque no concretó cuáles, y señaló a los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los Gobiernos de Aznar como conocedores de la trama.

Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con las del informe de la IGAE, dependiente de Hacienda, que envió al juez el pasado 4 de noviembre su informe final sobre la causa. En este documento, el organismo no apreciaba irregularidades relevantes en los proyectos y afirmaba en líneas generales que las adjudicaciones se movieron dentro de lo legal. Estas conclusiones cayeron como un jarro de agua fría sobre las acusaciones. De hecho, con ese informe sobre la mesa, fuentes de varias de ellas ven muy complicado que Pedraz no acabe dando carpetazo al caso.

Pero, antes de tomar esa decisión, el magistrado pidió a la Fiscalía y al resto de partes su opinión sobre qué hacer ahora con este caso: si archiva la instrucción o envía al banquillo a alguien. Anticorrupción ya se ha pronunciado para poner punto final a una causa que arrancó hace casi una década.