El juez Pedraz impulsa la investigación de los 600 millones en obras adjudicados por el Gobierno de Aznar

El magistrado Santiago Pedraz, que asume temporalmente el caso de los papeles de Bárcenas, sobre la caja b del PP, ha consultado a la Fiscalía sobre la nueva línea de investigación propuesta por la Policía Nacional, que el pasado 24 de noviembre planteó indagar en 23 adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de José María Aznar por valor de casi 600 millones de euros. Los agentes tratan de recabar pruebas que demuestren el cohecho y la relación entre la concesión de contratos públicos y las donaciones de empresarios a la contabilidad paralela del partido que mantenía el extesorero Luis Bárcenas, actualmente en prisión.

El 26 de noviembre, dos días después de recibir el informe policial, Pedraz, que sustituye interinamente al juez José de la Mata tras su salida de la Audiencia Nacional, lo reenvió a la Fiscalía para que lo analice. La investigación ha dado un salto mayúsculo al poner bajo sospecha la Administración central durante el último Gobierno de Aznar (2000-2004), cuando gozaba de mayoría absoluta en el Parlamento. El magistrado quiere recabar la visión del ministerio público sobre estas adjudicaciones concedidas a Constructora Hispánica, una empresa encabezada por Alfonso García Pozuelo, condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I.

Hace apenas dos semanas, la Fiscalía ya respaldó que se investigaran otros expedientes por valor de 23 millones otorgados por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid a Degremont, otra de las sociedades señaladas. El juez también ha pedido la opinión a la Abogacía del Estado antes de decidir si da luz verde a la solicitud de la UDEF sobre los contratos tramitados por al menos cinco ministerios del Ejecutivo de Aznar.

Desde que se reactivaron las pesquisas en 2017 tras la aparición de nuevos indicios y confesiones, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía se había centrado en adjudicaciones concedidas principalmente en la Comunidad de Madrid a Degremont, una compañía del sector de las depuradoras encabezada por Rafael Palencia. Pero en su informe del 24 de noviembre fija ahora también el foco en Alfonso García Pozuelo, a cuya compañía se le dieron en el periodo bajo sospecha 224 contratos de la Administración central por más de 1.000 millones de euros. También, “231 contratos de órganos públicos gobernados por el PP” por más de 1.400 millones, según los investigadores.

En dicho documento policial, que la Fiscalía tiene ya sobre la mesa, la Policía repasa toda una serie de indicios que le empujan a ahondar en esta línea. En primer lugar, durante el juicio de Época I, García Pozuelo llegó a confesar que pagó al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón. Según añadió el constructor, sabía que había dinero que era para “organismos centrales”. Un término que a continuación, en la misma vista, aclaró Correa, intermediario entre los empresarios y, entre otros, el extesorero popular Luis Bárcenas: “Eran obras de la Administración central [...] En las que yo esas, sí las gestionaba con Luis Bárcenas”.

En segundo lugar, la UDEF recuerda que el nombre de García Pozuelo aparece hasta en nueve ocasiones en los papeles de Bárcenas entre 1998 y 2006 con aportaciones de entre 12.000 y 60.000 euros, que suman más de 258.000 euros. Así que concluye: “Es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de Francisco Correa o directamente a Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas recibidas por Constructora Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP”.

Cinco ministerios

“Las entregas de dinero realizadas entre 2002 y 2006 son coetáneas con los procesos de tramitación de los expedientes de contratación de los que resultó adjudicatario”, explica la Policía al juez, que deberá ahora, una vez que escuche a Fiscalía y a la Abogacía, decidir si da luz verde a recabar toda la documentación sobre esas 23 concesiones del Gobierno de Aznar. Toda una batería de proyectos que incluyen la construcción de cinco carreteras, otorgadas por Fomento (actual Ministerio de Transporte); y cuatro tramos de tren de alta velocidad, de Adif. También se ponen bajo sospecha obras de Interior, Defensa, Medio Ambiente (actual Ministerio de Transición Ecológica) y Educación.

El avance de estas pesquisas supone un quebradero de cabeza para el PP y se produce, además, cuando faltan menos de dos meses para que arranque otro juicio contra el partido por Gürtel: sobre la parte de la investigación de los papeles de Bárcenas relativa a la reforma de la sede de la calle Génova. En esa vista oral, que empieza el 8 de febrero, la formación conservadora se sentará en el banquillo como persona jurídica como responsable civil subsidiario. Aznar está llamado a declarar en este juicio como testigo.