El exjuez Fernando Presencia sigue recaudando fondos pese a las órdenes de bloqueo de la Audiencia Nacional

Fernando Presencia, juez expulsado de la carrera por prevaricación y condenado a cárcel por denuncias falsas, sigue con su campaña para conseguir dinero, pese a las órdenes de bloqueo y embargo de sus cuentas dictadas por la Audiencia Nacional. El tribunal lo investiga por encabezar una supuesta “organización criminal” dedicada a estafar mediante la presentación de querellas por corrupción contra cargos públicos y altas instituciones del Estado, basadas en presuntas pruebas fabricadas ad hoc para engañar a los ciudadanos. Para ello, según el sumario, la trama se vale de la Asociación contra la Corrupción y la Defensa de la Acción Pública (Acodap), registrada en 2018 por el propio Presencia y liderada desde entonces por él.

El magistrado Joaquín Gadea, que abrió una investigación contra el exjuez en junio de 2022 tras recibir una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia, ordenó este 20 de diciembre el bloqueo de 16 cuentas bancarias vinculadas a Acodap y Presencia —en las que figuran como titulares, autorizados y representantes—, así como el embargo preventivo de sus bienes para cubrir los 188.722 euros que, según la Guardia Civil, habrían recaudado de donantes con “el falso precepto de la lucha contra la corrupción”, cuando realmente tenían por objetivo el “lucro” personal. Pero, apenas unos días después, la trama ha reactivado su campaña de captación de fondos. “Le pese a quien le pese”, dice en un mensaje difundido en sus canales de comunicación y redes.

Acodap y Presencia han facilitado a sus seguidores una cuenta bancaria “provisional”, de Caixabank, para que continúen con sus “colaboraciones económicas”; además de instar a que prosigan haciéndoles transferencias a través de Bizum (para lo que facilitan un número de teléfono vinculado a la asociación), de la aplicación de mensajería Telegram y de la plataforma de crowdfunding Teaming. “No podemos bajar los brazos. Nuestro deber es continuar con la labor de seguir denunciando corrupción. Este es el número de cuenta provisional para poder seguir recibiendo todas vuestras donaciones. Rogamos se anote en el concepto del ingreso: ‘Ayuda a Acodap’ o ‘ayuda al juez Fernando Presencia”, aconsejan.

Según explicó Gadea en su auto, el imputado y sus colaboradores —que también difunden diferentes teorías de la conspiración— han convertido Acodap en un verdadero “instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse”. En opinión de los investigadores, la dinámica está clara: la trama presenta en los tribunales continuas denuncias falsas que promocionan, buscando repercusión “bajo el falso precepto de la lucha contra la corrupción“, y después piden a sus seguidores que le den dinero para continuar con su labor.

Presencia se encuentra actualmente al borde de entrar en la cárcel por otra causa. En noviembre, el Tribunal Supremo confirmó la pena de 34 meses de prisión que se le impuso en un juzgado de Talavera de la Reina (Toledo) por delitos de denuncia falsa y calumnias contra el fiscal jefe de la ciudad, Ángel Demetrio de la Cruz, al que acusó de corrupción sin pruebas. Además, el alto tribunal también lo ha condenado dos veces en firme por prevaricación, por beneficiar a sus amigos con decisiones que tomaba en el juzgado que encabezaba en el municipio castellanomanchego.

El destino de los fondos

En su resolución del 20 de diciembre, Gadea se muestra tajante: “Los indicios reunidos hasta el momento permiten constatar que Acodap sería en realidad el medio corrupto por el que, al parecer, se enriquecerían sus miembros y parientes, empezando por su presidente, Fernando Presencia, quien una vez separado de la carrera judicial carecía de ingreso alguno”. El antiguo magistrado de Talavera se encuentra además inmerso en un proceso de desahucio.

Según los informes de la Guardia Civil, la trama recaudó más de 185.000 euros en 2021 y 2022, los cuales habrían acabado en poder de sus integrantes. De hecho, Gadea destaca que Presencia habría utilizado más de 30.000 euros para gastos de “índole privado”, haciendo “pagos con tarjeta” por más de 22.500 euros o “disposiciones en cajero” por más de 11.000. Las pesquisas señalan que dos parientes del exjuez percibieron también más de 7.000 euros, y que otros imputados “recibieron” igualmente importantes sumas: entre otros, mencionan a Alberto Royuela (27.200 euros); Lidia Reina (15.174); y Álex Diges (5.850).

Solo a través de Teaming, Acodap ha recaudado cerca de 6.000 euros, según los datos de la propia plataforma, que reflejan cerca de 900 euros mensuales de ingresos en el último periodo de 2022.

El “carácter falsario”

Pese a que los implicados niegan las imputaciones, la instrucción de la Audiencia mantiene que las “mendaces denuncias” de corrupción que presentan contra altas instituciones del Estado se enmarcan dentro del engaño “que tan altos rendimientos les estaría dando”. Son “un paso indispensable” y el “componente necesario” de su “lucrativa actividad”, según Gadea, que ya destacó en septiembre el “carácter falsario” de la “documentación económica y bancaria” que los sospechosos incorporan a sus querellas y que constituyen las supuestas pruebas de sus acusaciones.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha analizado dichos papeles y ha puesto sobre la mesa su convicción de que se fabrican ad hoc. “A los denunciados se les acusa (casi siempre) de titularizar cuentas y depósitos bancarios en el extranjero, en base a documentos que indiciariamente habrían sido manipulados”, subraya el magistrado instructor. Así, conforme a los datos de los agentes, expone que pese a que esos documentos reflejan supuestos movimientos de dinero “principalmente en jurisdicciones en las que existe el secreto bancario”, en “todos aparecen los nombres de sus [presuntos] titulares, datos que no deberían aparecer en la documentación bancaria de los países en los que existe el secreto bancario, precisamente pare preservar este”: “En varios de los depósitos figura incluso el DNI del titular”.

“Además de lo anterior, otro indicio es que la documentación bancaria aportada figura en castellano, la lengua de los investigados, pese a que casi todas las entidades bancarias están situadas en países en los que el castellano no es el idioma oficial. Por ejemplo, en la Isla de Man es el inglés; en Andorra es el catalán; en Luxemburgo, el alemán, el francés y el luxemburgués; y en Jersey, el inglés y el francés. Se trata de un llamativo indicio que apunta tanto hacia el carácter mendaz de esta documentación como a su autoría por los denunciados”, añade un auto del sumario. A su vez, Gadea destaca que, si se observan cronológicamente las querellas, estas se han ido dirigiendo contra personas que le han salido al paso a Presencia: por ejemplo, se presentaron contra los funcionarios que tramitan su desahucio o los jueces que tienen que resolver sus casos.