El comisario europeo de Justicia lamenta de nuevo el retraso en la renovación del Poder Judicial

El comisario europeo de Justicia, el belga Didier Reynders, ha lamentado este miércoles la paralización de las negociaciones para renovar el Consejo Judicial del Poder Judicial (CGPJ), en el marco de la grave crisis institucional desatada en España tras la decisión del Tribunal Constitucional de frenar la tramitación parlamentaria de una reforma legal presentada por vía de urgencia por el Gobierno para renovar el tribunal de garantías.

“Lamento escuchar que en España se han suspendido las negociaciones sobre la renovación del CGPJ, que lleva trabajando de forma interina desde diciembre de 2018″, ha dicho Reynders en una serie de tuits, en los que ha recordado la “bien conocida” posición de la Comisión Europea en este sentido, formulada nuevamente en el informe sobre el Estado de derecho en España presentado el pasado julio: “Proceder con la renovación del CGPJ como cuestión prioritaria e, inmediatamente después de la renovación, iniciar un proceso para adaptar el nombramiento de sus jueces teniendo en cuenta los estándares europeos”.

El mensaje de Reynders no se desmarca de sus comentarios sobre la situación del órgano judicial español de los últimos meses, en el marco de sus fracasados intentos por desbloquear la parálisis de la renovación del CGPJ, que lo llevó incluso a finales de septiembre a realizar una visita a España para intentar mediar, en la que no obtuvo ningún resultado.

El martes, el pleno del CGPJ fracasó en su intento de nombrar a los dos magistrados que le compete designar para el Constitucional, al no conseguir la mayoría para ninguno de los candidatos propuestos. La frustrada votación se produjo un día después de que el TC paralizara, por una cuestión de procedimiento, la tramitación parlamentaria de dos enmiendas con las que el Gobierno pretendía desbloquear la renovación del tribunal de garantías.

De puertas afuera, la Comisión Europea se ha mostrado muy cauta a la hora de valorar las disputas político-jurídicas en España, remitiéndose a la máxima de Bruselas de no comentar decisiones judiciales. Oficialmente, lo único que ha hecho el Ejecutivo europeo tras la decisión del Constitucional es recordar a todas las partes la necesidad de acatar dichas decisiones. “Esperamos que todas las autoridades y actores nacionales actúen de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos a nivel nacional”, dijo el martes el portavoz para justicia de la Comisión, Christian Wigand. Lejos de los micrófonos, no obstante, fuentes comunitarias, que han seguido con atención la nueva disputa española, se han encargado de recalcar que hay estándares europeos que hay que cumplir a la hora de emprender una reforma judicial de calado, y que estos incluyen consultar a todas las partes implicadas antes de presentarla a tramitación.

El comisario Reynders no ha entrado tampoco en valoraciones sobre el Constitucional, sino que se ha limitado a recordar que Bruselas “sigue llamando a todas las partes involucradas a hacer lo necesario para la implementación exitosa de la recomendación” de la Comisión, que se centra en la renovación del CGPJ.