Bruselas reitera la importancia de las consultas previas en reformas de calado como la del Constitucional

La Comisión Europea se ha mostrado este martes públicamente muy cauta ante la crisis generada en España con la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial sobre su propia renovación aprobada en el Congreso y se ha limitado a instar a todas las partes a “cumplir las reglas”, esto es, acatar las decisiones. “Esperamos que todas las autoridades y actores nacionales actúen de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos a nivel nacional”, ha dicho el portavoz de la Comisión de Justicia, Christian Wigand. Fuentes comunitarias han recalcado, no obstante, que existen estándares europeos para emprender reformas judiciales importantes y que estos requieren consultar a todas las partes implicadas, desde los órganos de jueces a los fiscales, o, incluso en ocasiones, a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, antes de presentarlas a tramitación.

Bruselas lleva años insistiendo en la necesidad de que España cumpla su recomendación de “renovar el Consejo General del Poder Judicial como cuestión prioritaria” para, “inmediatamente” después, “adaptar el proceso de designación de sus jueces de acuerdo con estándares europeos”. Así lo reiteró en el informe sobre el Estado de derecho en España en verano, tal como ha venido insistiendo desde entonces el propio comisario de Justicia, Didier Reynders, que visitó España a finales de septiembre para intentar desbloquear la paralización de la renovación del Poder Judicial que resultó infructuosa. Pese a los múltiples fracasos en los intentos de solucionar la situación, esa demanda, ha dicho Wigand, se mantiene.

El portavoz de la Comisión de Justicia ha indicado además que el Ejecutivo europeo no quiere ni puede comentar sobre decisiones judiciales ni, de hecho, sobre propuestas de ley en marcha. Pero ha asegurado que Bruselas “sigue muy de cerca la situación” en España y que “está al tanto” de la decisión del Constitucional. Aunque no han querido pronunciarse sobre el caso concreto español, fuentes comunitarias han recordado que, en el pasado, Bruselas ha recriminado a otros países que “aceleraran” reformas en el ámbito judicial sin consultar previamente a todas las partes. Citan en este contexto a países como Rumania o Polonia.

En el caso rumano, en su informe del 13 de julio, la Comisión reiteraba su “preocupación” ante las “frecuentes enmiendas de la legislación y el amplio uso de los procedimientos acelerados y normas de emergencia” por parte del Gobierno. Estos, además, no eran sometidos “necesariamente a un control constitucional preliminar ni llevados ante el Tribunal Constitucional, salvo por un número limitado de actores institucionales”. También Polonia recibía una llamada de atención en ese informe por “seguir adoptando frecuentemente reformas significativas evitando procedimientos que requieren consultas adecuadas”, especialmente las consultas públicas, lo que “impide a partes interesadas enviar sus opiniones sobre la legislación propuesta”. Las mismas fuentes comunitarias han subrayado que le corresponde al Constitucional “dirimir”, en todo caso, cualquier duda o queja sobre la tramitación de una reforma como la española.