La polémica por el nivel B2 del euskera salpica a la Policía Local en Euskadi

El euskera vuelve a enfrentar a la justicia con los políticos. Un juzgado de Vitoria ha anulado por “discriminatoria” la exigencia del perfil lingüístico B2 de euskera en una convocatoria para acceder a la bolsa de interinos de la Policía Local de Euskadi, a la que acuden los ayuntamientos vascos cuando tienen que cubrir plazas vacantes de agentes municipales. En otra decisión judicial reciente, el Tribunal Supremo no había admitido a trámite el recurso que presentó el Ayuntamiento de Irún (Gipuzkoa) contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia vasco (TSJPV) que declaró nula una convocatoria de este consistorio, que exigía el conocimiento del euskera a los agentes de la Policía municipal.

La sentencia dictada ahora por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria, que va a ser recurrida por el Gobierno vasco, se suma a otras decisiones judiciales que han puesto en solfa la exigencia del conocimiento del euskera para acceder a puestos de las administraciones vascas. El último fallo sostiene que pedir el nivel de euskera B2 (conocimiento avanzado) “contradice frontalmente los principios básicos de acceso a la función pública”, porque impide acceder a la bolsa de trabajo “a todo aquel que no pueda acreditar dicho nivel”.

En agosto de 2021 el Gobierno vasco convocó un proceso de selección para la creación de una bolsa unificada de agentes interinos de Policía Local del País Vasco, convocatoria a la que no podían presentarse personas que no pudieran acreditar el nivel intermedio alto de euskera B2 (el cuarto de entre seis niveles). El sindicato recurrió dicha convocatoria ante los tribunales al considerar que esa obligación impide el acceso a una plaza de policía local a quienes no han obtenido el pertinente título lingüístico. “El euskera debe contar como mérito, no como requisito”, opina el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza.

El Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu ha recibido con sorpresa y rechazado frontalmente la decisión del juzgado. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, a la vez consejero de Cultura y Política Lingüística, ha afirmado que la sentencia “hace abstracción” de la legislación vigente desde la aprobación en 1982 de la Ley de Normalización del Euskera. Esta normativa autonómica, ha dicho Zupiria, trata de facilitar la “convivencia” de euskera y el castellano, las dos lenguas oficiales en esta comunidad autónoma. Y ha añadido que la mencionada ley obliga a las administraciones a “atender a la ciudadanía vasca en cualquiera de las dos lenguas oficiales que elija”, de tal forma que los ciudadanos tienen el derecho a “elegir la lengua en la que quieren ser atendidos” por las administraciones vascas. El consejero ha ido más allá al asegurar que “cada vez más ciudadanos” piden ser atendidos en euskera.

En la descripción que el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE en sus siglas en euskera) hace de los niveles de enseñanza del euskera a personas adultas, se explica que el grado B2 da capacidad “en contextos cotidianos” para ser “capaz de interactuar con fluidez con amigos, compañeros de trabajo, y vascoparlantes, para ofrecer información, pedir opiniones, defender su punto de vista, etc., expresándose con fluidez y eficacia, distinguiendo los aspectos significativos de los detalles de la información que ha de transmitir”.

Involución

El PNV y EH Bildu también han reaccionado muy molestos con el contenido de la sentencia. El colectivo de defensa del euskera Kontseilua ya advirtió hace algo más de un año de la “involución” que está sufriendo el euskera en los tribunales. El Superior vasco declaró en 2021 nula una resolución del Ayuntamiento de Irún (Gipuzkoa), gobernado por el PSE-EE y Podemos, que en 2017 dio luz verde a la convocatoria de 12 plazas de agentes de la Policía Local que exigía el conocimiento del euskera.

Meses después, en septiembre de 2021, el TSJPV estimó un recurso presentado por Vox contra varios artículos de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (2016) sobre el uso del euskera en la administración vasca. El alto tribunal vasco elevó al Constitucional sus dudas acerca del artículo 6.2 de la citada normativa, que permite a los ayuntamientos redactar sus documentos de funcionamiento (convocatorias, órdenes del día, mociones, acuerdos, actas…) solo en euskera, excepto en el caso de que algún miembro de la entidad local alegue desconocimiento de este idioma. Para la formación de extrema derecha, esta disposición legal supone una “imposición” del euskera sobre el castellano.

Asimismo, el Tribunal Supremo declaró nulo en 2020 un requisito recogido en una ordenanza del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) que imponía la obligación de utilizar el euskera en las actividades dirigidas exclusivamente a menores de 16 años para acogerse a las subvenciones previstas en la normativa municipal.

La polémica sobre el uso y exigencia del euskera ha seguido en el tiempo. Se reprodujo recientemente cuando, en febrero pasado, un juzgado anuló el despido de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Llodio que no pudo acreditar un perfil lingüístico PL3 de euskera. En la sentencia, la magistrada argumentaba que no se había acreditado la falta de capacidad de la empleada despedida. En aquel fallo, señalaba que el aprendizaje de esta lengua presenta “extraordinarias dificultades” y que “la lengua vasca es el quinto idioma más difícil del mundo”.