El Gobierno se prepara para cualquier escenario de boicot en el Poder Judicial, pero confía en que Lesmes consiga renovar el Constitucional

El Gobierno está siguiendo al minuto la evolución de las negociaciones y los movimientos internos en el Consejo General del Poder Judicial. En La Moncloa dan por hecho que Alberto Núñez Feijóo, pese a lo insostenible de la situación y las quejas y amenazas de dimisión de un hombre elegido por el PP como Carlos Lesmes, está decidido a no renovar el CGPJ en lo que queda de legislatura. Pero esa no es ahora la batalla principal. El Ejecutivo está dispuesto a desbloquear esa negociación en cualquier momento, ante el más mínimo gesto del PP, porque es algo que está tan trabajado ya, después de tres negociaciones casi cerradas, que se podría pactar en dos horas. Pero ahora mismo no hay llamadas entre el Gobierno y el PP porque ninguno de los dos está concentrado en eso. Ahora la batalla es la renovación del Tribunal Constitucional, que es un asunto en el que Gobierno tiene muchas más garantías de éxito que en la del CGPJ, donde como se ha visto el PP puede bloquear durante cuatro años sin problemas.

El Ejecutivo, más allá de las protestas de rigor frente al PP por incumplir la Constitución, se está manteniendo en un discreto segundo plano estos días. No tiene intención de aparecer presionando a los vocales del CGPJ para apremiarles a renovar el Tribunal Constitucional. El Gobierno ha recibido un mensaje muy claro de Lesmes, que él mismo ha hecho público esta semana: él cree que es imprescindible renovar el Constitucional ya —van tres meses de retraso— y cumplir la ley que reformó el Congreso y les da de plazo hasta el 13 de septiembre. El Gobierno ha tenido muchas tensiones con Lesmes, un hombre muy cercano al PP, en los últimos años. Incluso llegó a presionarle para que dimitiera y así desbloqueara la situación. Pero ahora confía en que realmente está dispuesto a renovar el Constitucional como se ha hecho siempre: con un pacto para que haya un progresista y un conservador designados por el CGPJ, que, combinados con los dos progresistas que nombrará el Gobierno inmediatamente después, cambiarán la mayoría de conservadora a progresista para nueve años, como ha sucedido siempre: los gobiernos conservadores nombran a dos jueces conservadores cuando les toca —lo hizo Rajoy— y los progresistas hacen lo mismo con su sector.

Sin embargo, el Ejecutivo está preparado para cualquier escenario, dado que el grupo de vocales rebeldes, los más cercanos al PP, parece dispuesto a todo para boicotear la renovación. El escenario más complejo sería el de una especie de tamayazo. Esto es, que los conservadores hicieran una jugada interna, en la que tendrían que contar con todo su bloque y al menos un progresista, para nombrar a dos jueces conservadores. Eso impediría que cambie la mayoría en el Constitucional. Pero sería un escándalo, porque en 40 años el CGPJ siempre ha nombrado un juez de cada tendencia con un acuerdo interno. Esta vez ese “pucherazo”, como lo llaman en el Ejecutivo, es muy difícil no solo porque el bloque progresista parece unido, sino porque el conservador está dividido y Lesmes está decidido a la renovación como siempre se hizo, con uno de cada tendencia, y además cuenta con el apoyo de al menos otros dos conservadores, o esos son al menos los cálculos que manejan dentro del CGPJ y en el Ejecutivo.

Otro escenario mucho más factible es que los conservadores rebeldes bloqueen durante semanas la renovación. El Ejecutivo tiene contemplados todos los escenarios de ruptura, y tiene preparadas alternativas para todos ellos, aunque de momento no parece dispuesto a desvelar sus cartas. De hecho, la última jugada la hizo de forma sorpresiva, esto es el cambio en la ley en julio para permitir que el CGPJ recuperara su capacidad de nombrar jueces, pero solo para la renovación del Constitucional. En cualquier caso, ese no es el escenario en este momento, porque el plan A es esperar a que Lesmes promueva esta renovación en tiempo y forma, o al menos cerca de la fecha límite del 13 de septiembre, que ya parece casi descartada.

Mientras, el PP rebajó este jueves el tono de sus declaraciones públicas sobre el Poder Judicial, un día después del rapapolvo de Lesmes, aunque no se movió de su última posición y de la exigencia de que el Gobierno renuncie a la renovación del Tribunal Constitucional, que en paralelo está boicoteando con un grupo de vocales conservadores en el consejo. A pesar de seguir atrincherados en esa postura, los populares hicieron énfasis en mostrar su “buena disposición” e “inequívoca voluntad de llegar a acuerdos”, y subrayaron que las reformas que plantean para la justicia no tienen por qué ir vinculadas a la renovación del CGPJ.

La secretaria general, Cuca Gamarra, defendió en el Congreso que el PP podría separar la renovación de las reformas, después de que Lesmes hubiera abroncado a los populares por condicionar una cosa con la otra. “Nuestra voluntad es inequívoca en la renovación y en la reforma de la justicia”, dijo Gamarra en el Congreso. “Nunca nos hemos mostrado contrarios a no condicionar la renovación a las reformas que estamos planteando, sino a poder abordarlas de manera separada”, añadió, aunque nunca hasta ahora habían sido tan claros al respecto y lo que traslucía de sus declaraciones públicas era más bien lo contrario. Fuentes del partido precisaron después que no había habido nuevos movimientos.