El sector conservador del Poder Judicial logra dilatar la renovación del Tribunal Constitucional

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consiguió este jueves su propósito de dilatar el proceso de elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde nombrar al órgano de gobierno de los jueces. Lo logró al precio de incumplir la ley impulsada por el Gobierno y aprobada por el Parlamento para que el Consejo recuperase la competencia sobre dichas designaciones. Esta reforma legal fijaba el 13 de septiembre como fecha límite para llevar a cabo los nombramientos. Pero tanto los vocales conservadores como los progresistas coinciden en estimar que ya no será posible, dado que este jueves no pudo cerrarse una previsión de calendario. Se intentó, pero fue en vano.

El eje de la discusión fue el conjunto de reglas del proceso de elección de los candidatos y las posteriores votaciones. Para tratar de agilizar el debate, el pleno se suspendió durante más de una hora y tres de los vocales se reunieron en un despacho con el fin de ultimar esas normas. José María Macías, Wenceslao Olea y Álvaro Cuesta llegaron a un acuerdo que supone una clara concesión al sector conservador, que siempre ha puesto el acento en la importancia de fijar por escrito las pautas de procedimiento, con el argumento de que esta es la única forma de prevenir que las decisiones que se adopten se ajustarán a las normas y hábitos del Consejo, de modo que no puedan ser luego impugnadas con perspectivas de éxito.

En todo caso, conservadores y progresistas coinciden en estimar que es mínima la posibilidad de que dichas reglas de procedimiento den lugar a sorpresas en las votaciones. A estos efectos es clave el papel que pueda jugar el presidente del Consejo de Poder Judicial y del Supremo, Carlos Lesmes, quien ha buscado apoyos entre los vocales conservadores para que dejen de arrastrar los pies en este proceso y propongan a un candidato de su perfil. Tras el pleno de ayer, Lesmes almorzó con José María Macías, muy crítico con las reformas que el Gobierno ha impulsado para limitar primero las competencias del Consejo y aumentarlas después, en este último caso para permitir la renovación del Constitucional. El objetivo de Lesmes —subrayan fuentes del Consejo— es que esta renovación quede acordada durante el presente mes de septiembre. Su posible dimisión —anunciada el pasado martes— no se produciría antes de dejar resuelto este capítulo.

El acuerdo sobre las reglas de juego de este proceso, aprobadas este jueves por unanimidad, constituye el primer paso para lograrlo. El texto prevé que se acuda a un nuevo pleno cuando haya acuerdo para proponer a dos candidatos, uno de cada sector. Pero permite al propio tiempo que antes de iniciarse las votaciones cualquier vocal pueda defender otra u otras candidaturas. Fuentes de ambos grupos descartan que esta previsión —susceptible de introducir aspirantes sorpresa al Constitucional— implique una rendija por la que puedan colarse intentos de adulterar el pacto previo que se haya alcanzado sobre los candidatos, ya que en caso de existir un acuerdo, el nuevo nombre no obtendría los 12 votos necesarios para ser designado.

Ambas partes sostienen que se trata más bien de garantizar la libertad de voto de los vocales, en modo alguno sujetos a una especie de mandato imperativo. Una vez regulada la posibilidad de presentar candidatos a título individual, queda preservada la libertad de voto de los miembros del pleno, sin que ello haya de representar necesariamente un riesgo para los acuerdos que se hayan alcanzado entre conservadores y progresistas. Los vocales que se ciñan a los candidatos previamente pactados lo harán por ser esta su libre determinación y sin coartar el criterio de quienes eventualmente quieran defender otra opción.

Rafael Mozo, Roser Bach y Álvaro Cuesta formarán la representación progresista en la negociación que se va a abrir para la elección de los dos magistrados que le corresponde nombrar al Poder Judicial. El sector conservador designará a otros tres vocales. El diferente ritmo con el que ambos grupos encaran este proceso quedó en evidencia ayer en todo tipo de detalles. Esta diversidad de estrategias fue reconocida por uno de los vocales del grupo conservador al afirmar que “ellos quieren hacerlo deprisa, nosotros queremos hacerlo bien”.

Pero en otras fases del pleno se puso de manifiesto que la inclinación normativista de los conservadores no deriva solo de un posible perfeccionismo jurídico, sino de una propensión dilatoria más que aparente. Desde dicho grupo se propuso, por ejemplo, que se encargara al gabinete técnico del Consejo del Poder Judicial la confección de un dictamen sobre la corrección y encaje legal del límite de tres meses que la ley concede al órgano de gobierno de los jueces para acordar dichos nombramientos. Al sector conservador esta previsión siempre le pareció equivalente a un yugo injustificado y cuestionable. No obstante, la propuesta de que se elaborase dicho dictamen se rechazó por innecesaria, máxime teniendo en cuenta que ambos grupos coinciden en que la fecha límite del próximo día 13 se va a rebasar.