Un nuevo informe de la Guardia Civil apunta a cuatro exjefes de ETA como responsables últimos del asesinato de Miguel Ángel Blanco

Miguel Ángel Blanco tenía 29 años cuando, en la noche del 12 de julio de 1997, el comando Donosti lo llevó a las afueras de Lasarte (Gipuzkoa) y le descerrajó dos tiros en la cabeza. ETA cumplía así con su amenaza y, tras mantener durante 48 horas secuestrado al edil del PP de Ermua (Bizkaia), acabó con su vida de una forma cruel: mientras José Luis Geresta Mújica, Ttotto, lo sujetaba —le ataron las manos con un cable eléctrico—; Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, le disparaba por la espalda. De nada valió el clamor de las miles de personas que se lanzaron a la calle para pedir a la banda que parase un atentado que conmocionó al país y cuya investigación sigue. Casi 25 años después.

A pocos días del aniversario del crimen, la Guardia Civil acaba de finalizar un informe que señala a cuatro exjefes del grupo terrorista por controlar y no frenar el asesinato: Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería; Mikel Albisu, Mikel Antza; José Javier Arizcuren, Kantauri, procesado ya como inductor del crimen; y María Soledad Iparraguirre, Anboto. Este nuevo documento policial, fechado el 20 de junio y que ya se encuentra sobre la mesa del juez Manuel García-Castellón, confirma las tesis del magistrado. El instructor, que dirigió la investigación del asesinato hace 25 años, decidió reabrir el sumario el pasado marzo tras una denuncia de la asociación Dignidad y Justicia para averiguar si nueve antiguos dirigentes de ETA participaron en la decisión de perpetrar el atentado, y también si pudieron impedirlo. Es decir, si cometieron un delito por “omisión”.

El instituto armado, al igual que el instructor y la asociación denunciante, mantienen que la banda era una organización “piramidal, jerárquica y militar”, regida por una cúpula que controlaba con mano de hierro a sus miembros y que cumplía una función “decisiva y necesaria para materializar cualquier acción terrorista”. “Máxime una de la relevancia, impacto y repercusión como el secuestro de Blanco, bajo la amenaza de que, si no se respondía a las exigencias planteadas por ETA en un breve espacio de tiempo (48 horas), sería asesinado”, remacha el informe, al que tuvo acceso EL PAÍS. Un documento que, según avanzan sus autores al principio, trata de demostrar que el “comité ejecutivo” necesariamente “ideó, planificó, coordinó, facilitó los medios necesarios y dio la orden final” del asesinato.

La Guardia Civil recalca que “el respeto y la obediencia que todo militante de ETA guardaba hacia el máximo órgano de dirección, evitaba la comisión de determinados atentados, principalmente los que podían suponer un gran impacto o repercusión política y social, sin la orden o aprobación expresa de los dirigentes de ETA”. Por ello, concluye que el comando que perpetró el asesinato de Blanco solo lo pudo cometer “en cumplimiento de una orden directa y expresa de la citada estructura dirigente”. “Los autores [materiales] no actuaron por su cuenta y riesgo, sino que cumplieron de forma precisa la orden del comité ejecutivo de ETA, primero de secuestrar al político y después de asesinarle”, añade. En este sentido, el documento policial insiste en que “se estima como altamente improbable, inimaginable y prácticamente fuera de cualquier razonamiento lógico” que aquella decisión fuera tomada por el comando por sí solo.

Sobre la implicación de todos los miembros de la cúpula, la Guardia Civil apunta que un atentado de estas características “no fue fruto de una decisión tomada por algún miembro concreto o aislado del comité ejecutivo”: “Requirió del consenso, de la toma de una decisión, adoptada de forma colegiada, por todos los integrantes del zuba [una de las denominaciones utilizadas en el seno de ETA para referirse a su dirección de su máximo órgano]. El alcance, la repercusión y las consecuencias de una acción terrorista como la cometida contra Blanco así lo requería”.

“Pudieron evitarlo”

El informe de la Guardia Civil desprende una contundencia brutal. Según los investigadores, durante el secuestro de Blanco se produjo tal “clamor social”, que resulta “imposible” que los jefes de ETA “no tuviesen conocimiento del mismo” y no “pudiesen cambiar su decisión primaria de asesinarle si no se cumplían sus exigencias”. “Por ello, se estima con claridad que el comité ejecutivo no dio la orden de poner en libertad [al edil], habiendo podido hacerlo, ya que todos ellos tenían el pleno dominio sobre el modo de proceder de los integrantes del comando Donosti”, dice el documento, que prosigue: “El asesinato pudo ser evitado simplemente con haber dado, directamente o indirectamente a través de un enlace, una orden clara y concreta a los integrantes del comando para poner en libertad al concejal”.

A lo largo de su informe, de más de 200 páginas, la Guardia Civil detalla la documentación y técnicas de “inteligencia” usadas para sus pesquisas. Los investigadores explican las “características estructurales” y el modus operandi de la banda; especifican las “distintas actividades necesarias para cometer un atentado” y el enorme poder del comité ejecutivo dentro de ETA; enumeran papeles internos que ponen de manifiesto “la existencia, a partir de 1993, de una nueva estrategia terrorista tendente a tratar de desestabilizar al Estado español con atentados de especial magnitud y relevancia”; y establecen paralelismos entre el asesinato de Blanco y otros crímenes de la organización.

Los agentes analizan, por ejemplo, más de 150 comunicaciones públicas de ETA guardadas en 14 discos compactos de almacenaje informático intervenidos en la vivienda donde fue detenido Mikel Albisu, difundidas por la organización entre enero de 1992 y diciembre de 2003. Según los investigadores, 27 de esos documentos se encuentran fechados en el periodo en el que los terroristas mantuvieron secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, liberado por las fuerzas de seguridad el 1 de julio de 1997 —este viernes se cumplen 25 años de esa fecha— tras 532 días de cautiverio. Una exitosa intervención policial que el comité ejecutivo decidió “contrarrestar” mediante el secuestro de Blanco, concluye el informe.

Cerco a las cúpulas de la banda

El juez ha retomado la causa de Miguel Ángel Blanco tras una denuncia de Dignidad y Justicia, firmada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez y dirigida contra el comité ejecutivo de la organización terrorista. El magistrado reabrió la causa contra los nueve terroristas que mencionaba la asociación: Iñaki de Rentería; Mikel Antza; Kantauri; Anboto; Juan Carlos Iglesias, Gadafi; Asier Oyarzabal, Baltza; Vicente Goicoetxea, Willy; Jokin Echevarria Lagisquet; y Carlos Ibarguren, Nervios.

Sin embargo, la Guardia Civil centra este nuevo informe en cuatro de ellos: Kantauri, quien presuntamente era entonces el máximo responsable del aparato militar y de los llamados comandos ilegales o liberados (formados por etarras fichados por la Policía); Mikel Antza, conocido también por los alias de Kala y Chupachús, al que se señala como jefe del aparato político y, por tanto, último responsable de la reivindicación del atentado; Iñaki de Rentería, al frente en aquel momento del aparato logístico; y Anboto, integrada también en el aparato militar como responsable de los comandos legales (formados por terroristas no fichados). De todos ellos, solo Kantauri y Anboto siguen en prisión. Antza e Iñaki de Rentería hace tiempo que están libres.

En el caso de Kantauri, los agentes analizan 25 documentos —declaraciones de etarras detenidos, sentencias y documentos internos de la banda, entre otros— para corroborar que en julio de 1997 formaba parte del comité ejecutivo. En el caso de Antza, recuperan 16 que inciden en su integración en la cúpula etarra, mientras que para apuntar a su pareja, Anboto, y a Iñaki de Rentería, enumeran ocho y cinco, respectivamente.

La Audiencia ya condenó en su día a tres personas por este crimen: a Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, que apretó el gatillo; a su pareja, Irantzu Gallastegi, Amaia, que también participó en la ejecución del atentado; y a Ibón Muñoa, exedil de Herri Batasuna en Eibar (Gipuzkoa), que trabajaba cerca de donde lo hacía el concejal del PP y que facilitó la información a los anteriores. A Ttotto nunca se lo llegó a juzgar: su cadáver se encontró en 1999 con un tiro en la sien. Los forenses concluyeron que se suicidó.

En total, en los últimos meses, la Audiencia Nacional ha reimpulsado seis sumarios que estrechan el cerco sobre 23 exdirigentes de ETA. Además de por el atentado contra el edil popular, se les investiga como autores mediatos (una especie de inductores que tenían el control absoluto) de los asesinatos del concejal popular Gregorio Ordóñez; el atentado contra el magistrado Francisco Querol, donde perdió la vida el juez y otras tres personas; el ataque contra la T-4 del aeropuerto de Barajas, con dos muertos; el coche bomba colocado en 2002 junto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que dejó dos fallecidos —una de los dos, una niña de seis años—; y el asesinato de dos policías en Sangüesa (Navarra) en 2003.