La negativa de la Generalitat a aplicar el 25% del castellano en las aulas reabre la batalla judicial

El rechazo de la Generalitat a aplicar al menos un 25% de las horas lectivas en castellano (una materia troncal adicional) en las escuelas catalanas ha reabierto una batalla política y judicial. Y añade más incertidumbre a una legislatura convulsa e imprevisible. Por un lado, porque enrarece las complicadas relaciones de los socialistas con ERC, un socio fundamental para La Moncloa. Mientras, la derecha competía entre sí con anuncios que iban desde recurrir al Tribunal Constitucional a exigir la suspensión de la autonomía de Cataluña como en 2017.

La decisión del Govern de no acatar la sentencia, dictando unas instrucciones para que los 4.500 centros educativos garanticen el uso y la presencia de las dos lenguas cooficiales, pero sin fijar ningún porcentaje —sí recogen que los proyectos lingüísticos deberán garantizar el “uso curricular y educativo” de ambas—, ha originado un escenario inédito. La Generalitat alegó una “imposibilidad legal” ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para ejecutar la resolución justo el día en que terminaba el plazo para cumplirla. La justicia declaró firme el fallo en enero y dio dos meses al Govern para aplicarlo. Los plazos se fueron dilatando sin que al final se haya logrado un acuerdo transversal entre soberanistas, PSC y comunes para pactar una nueva ley sobre el uso de las lenguas.

El gabinete jurídico de la Generalitat esgrime ahora que, al haber un nuevo marco jurídico, provocado tras la aprobación el lunes por el Ejecutivo catalán del decreto ley con el que pretende sortear la sentencia, está exento de tener que establecer un porcentaje fijo de castellano en las aulas. “Lo que hacemos es legislar y dar respuesta a la nueva normativa” que fija el decreto ley, justificó el consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, que rehusó hablar de desobediencia a la resolución judicial. Los letrados recuerdan un caso similar, en Navarra, en donde el Tribunal Supremo amparó en 2006 el cambio legal posterior a una sentencia como razón para aceptar la imposibilidad de aplicación. Será el Superior de Cataluña el que ha de aceptar si da por buena esa jurisprudencia y si acepta la solución propuesta por el Govern.

En una posición muy incómoda, el Gobierno insistió el martes en que las sentencias deben cumplirse, tras conocer las instrucciones que la Generalitat envió a los colegios para validar el decreto lingüístico en el que no se fijan porcentajes. “Sobre su uso [de las lenguas] y la dirección que encomiendan los tribunales, han de cumplirse las sentencias y todas las Administraciones debemos cumplir con los mandatos de los jueces”, afirmó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Fuentes gubernamentales sostienen que el Govern tendrá que acatar la resolución: de lo contrario estarían prevaricando. La Moncloa no contempla por el momento dar ningún paso y aguardará a que la vía contencioso-administrativa continúe y los magistrados diriman si el decreto ley aprobado por la Generalitat se ajusta a la legalidad.

El Govern argumenta en su petición al TSJC, amparada dentro de los mecanismos de suspensión e inejecución de sentencias de lo contencioso-administrativo, cómo el nuevo marco legal que fija que no se pueden aplicar “parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza o el uso de lenguas” choca con el anterior, en el que se inscribía la sentencia. Ahora será el tribunal el encargado, en un periodo de tiempo sin determinar, si acepta la petición de la Generalitat o insiste en que se debe aplicar su mandato del 25% de tiempo lectivo en castellano para así garantizar la vehicularidad de esa lengua. Fuentes del Gobierno apuntan que el Govern tendrá que responder a la Alta Inspección de Educación y creen que el Tribunal Superior pedirá explicaciones. Las fuentes consultadas recuerdan que el Gobierno estudia todas las normativas autonómicas e inciden en que la Abogacía del Estado no ha intervenido aún a la espera de lo que dictaminen los tribunales.

Aparte del decreto ley, ERC, Junts, En Comú Podem y PSC intentaban pactar en el Parlament una proposición de ley sobre lenguas que fija al catalán como la lengua “normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje” y apuesta por el castellano como “lengua curricular”, según lo que determine cada centro en su proyecto lingüístico. Su aprobación está retrasada a la espera de un dictamen del Consell de Garantías Estatutarias. Sin embargo, los socialistas se desmarcan del decreto, al que su portavoz, Alícia Romero, no ve “coherente” ni en “consonancia” con el pacto parlamentario. En principio, la convalidación del decreto saldrá adelante en el Parlament con el apoyo de Esquerra, Junts y de los comunes.

Mientras la alianza entre progresistas y nacionalistas se fractura, la derecha agitó el fantasma del artículo 155 en Cataluña, aunque el partido mayoritario del bloque, el PP de Alberto Núñez Feijóo, se queda de momento en un escalón inferior: la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Generalitat. Feijóo confirmó el martes que el PP se sumará al recurso al Tribunal Constitucional de Ciudadanos ante el “órdago de una comunidad [Cataluña] al Estado”. El partido de Inés Arrimadas se había adelantado en el anuncio de la iniciativa y había pedido a los populares que se adhirieran a ella, pero Ciudadanos también reclama al Gobierno que aplique ya el artículo 155, igual que Vox. El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, instó a hacerlo de manera “sostenida, permanente y contundente” hasta que se garantice el cumplimiento de la legalidad en Cataluña. Abascal plantea incluso la detención del conseller de Educación catalán.

El presidente del PP defendió el recurso al Constitucional para “proteger los derechos de las familias catalanas a conocer y a usar una de las lenguas cooficiales”, y cargó contra los socialistas catalanes por respaldar la proposición de ley que actualmente está en trámite en el Parlament sobre el uso de las lenguas en la escuela catalana. “Es muy triste que en el siglo XXI un Gobierno [el catalán] esté en clara ilegalidad y tenga el apoyo del PSC”, se quejó. Los líderes de la derecha utilizaron expresiones similares para referirse a este asunto. Si Feijóo habló de “órdago al Estado”, Abascal habló de “enésimo desafío” al Estado de Derecho. Edmundo Bal, de Ciudadanos, comparó el decreto del Govern con lo sucedido en el desafío secesionista de 2017. La norma es una “patente desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional, como sucedió en octubre de 2017″, dijo Bal.

En ese clima de incendio retórico, Feijóo se muestra, sin embargo, algo incómodo: solo habló del tema a preguntas de los periodistas, no antes, y lo hizo insistiendo al mismo tiempo en que él apuesta por un “bilingüismo cordial” en Cataluña. El líder popular, un político procedente de Galicia que defiende y habla en gallego, trata de recuperar terreno en la política catalana con un giro catalanista y de reivindicación de las nacionalidades. Así lo hizo en el Cercle de Economía hace unas semanas hablando de la “nacionalidad catalana”, con gran escándalo para parte de la derecha.

La forma en la que Feijóo confirmó que el PP se sumará al recurso de Ciudadanos también daba pistas de esa incomodidad. “Si inevitablemente nos convocan ante la necesidad de recurrir ante el Constitucional”, observó, “ya le hemos trasladado a Ciudadanos que cuente, si quiere, y creo que sí quiere, con un recurso de constitucionalidad”. Inmediatamente después, Feijóo insistió en la coexistencia armónica de las distintas lenguas del Estado. “El bilingüismo cordial es nuestra seña de identidad y la vamos a implantar en Cataluña. El catalán y el castellano pueden convivir perfectamente”, afirmó.

Con información de Camilo S. Baquero