El Gobierno aprueba un plan de 50 millones para Andalucía antes del inicio de la campaña electoral

El Gobierno insiste en que las sentencias judiciales deben cumplirse tras las instrucciones que la Generalitat de Cataluña ha enviado este martes a los colegios para validar el decreto lingüístico en el que no establece la enseñanza del castellano en un 25% en las aulas de la comunidad autónoma. “Sobre su uso [de las lenguas] y la dirección que encomiendan los tribunales, han de cumplirse las sentencias y todas las Administraciones debemos cumplir con los mandatos de los jueces”, ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Fuentes gubernamentales sostienen que el Govern va a tener que cumplir la ley, ya que de lo contrario estarían prevaricando. La Moncloa no contempla por el momento dar ningún paso y aguardará a que la justicia se pronuncie y dirima si el decreto ley aprobado por la Generalitat el lunes se ajusta a la legalidad.

La portavoz del Ejecutivo ha abogado por que la “lengua nunca sea motivo de discordia” y no forme parte de la “lucha partidista”.

El Consejo de Ministros ha estado marcado por las elecciones andaluzas. A solo tres días del inicio de la campaña, y con todas las encuestas muy desfavorables para la izquierda, el Gobierno ha aprobado un plan de 50 millones de euros para combatir el desempleo en la comunidad más poblada de España. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha justificado la partida, en la antesala de unos comicios en los que el PP aspira a revalidar la presidencia de la Junta, que logró por primera vez en 2018, resaltando que los registros de desempleo (19,4% en marzo) superaban en casi seis puntos a la media estatal (13,6%). Andalucía es la segunda comunidad con la mayor tasa de paro, según la Encuesta de Población Activa, por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta (29,2%) y Melilla (22,1%) y de Canarias (20,3%). La dirigente de Unidas Podemos resaltó además que el paro juvenil en la comunidad donde la derecha pretende trasladar en la votación del 19 de junio la sensación de un cambio de ciclo político supera en casi seis puntos al nacional (29,6% en marzo).

Además del plan de empleo para Andalucía, el Gobierno ha aprobado en las últimas semanas otras partidas para Canarias (42 millones) y Extremadura (15 millones) “siguiendo la misma secuencia temporal que en 2021″, según fuentes del Ministerio de Trabajo. Díaz ha aprovechado para desgranar las líneas maestras del PERTE de Economía Social y de los Cuidados de 800 millones hasta 2026, que ya presentó con Pedro Sánchez el viernes, y ha reivindicado la “transformación profunda y silenciosa de un Gobierno que trabaja frente al ruido de la oposición”.

El contexto político del anuncio del Gobierno coincide con los prolegómenos de las elecciones andaluzas en las que el PP aspira a retener la Junta con un Ejecutivo en solitario y, por tanto, sin Vox. Los populares superarían en escaños al bloque de la izquierda, según una encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, superaría en 15 puntos al PSOE y no necesitaría a la ultraderecha para gobernar, según el último sondeo preelectoral del Centro de Estudios Andaluces (Centra), conocido como el CIS andaluz y dependiente de la Consejería de la Presidencia.

El coordinador general del PP y consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo, ha afeado el “electoralismo” del Gobierno al “anunciar ahora un plan de empleo que ya estaba aprobado a finales del pasado año en los Presupuestos Generales del Estado”. “Si ese plan de empleo electoral llega igual que los fondos europeos a Andalucía, cuando lo haga Alberto Núñez Feijóo ya será el presidente del Gobierno de España”, ha ironizado. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado al PSOE de “intentar comprar votos con dinero público después de esquilmar a Andalucía durante 40 años de corrupción, enchufismo y paro”.

Unidas Podemos y la OTAN

Los socios de Gobierno se han afanado en rebajar la tensión tras los últimos desencuentros y crisis reiteradas en la coalición. Los representantes del PSOE y de Unidas Podemos se han esforzado en cerrar el último frente interno a raíz de la conmemoración del 40º aniversario del ingreso de España en la OTAN, al que no asistió ningún dirigente de Unidas Podemos. La vicepresidenta Díaz ha insistido en que no lo hizo por una cuestión médica, pero no ha aclarado si asistirá a la cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid a finales de junio. “Cuando se conozcan las agendas, les informaremos”, ha dicho.

Posteriormente, fuentes de su departamento han indicado que asistirá a los eventos de la cumbre de la OTAN si así es requerida. A este respecto, la portavoz del Gobierno ha destacado la “trascendencia histórica” de la reunión que tendrá lugar en Madrid. La vicepresidenta sí se ha desmarcado de forma clara de Podemos, que el lunes criticó al Gobierno por haber aprobado la concesión de 37 millones de euros “a dedo” para la celebración de la cumbre de la OTAN en el Consejo de Ministros del pasado 26 de abril. “El expediente está a disposición de la sociedad y cumple con todos los requisitos de la legalidad”, ha sentenciado Díaz.

El ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, también ha eludido pronunciarse sobre su presencia en la cita de la Alianza Atlántica de dentro de un mes, pero también ha sido contundente en el cierre de filas con el Ejecutivo. “Conocen perfectamente la opinión sobre esta materia de mi fuerza política, su genealogía e historia. Es evidente y no es ninguna sorpresa, pero recuerdo el compromiso absoluto e inquebrantable de IU con el acuerdo del Gobierno de coalición. Estoy absolutamente cómodo desarrollando el acuerdo de coalición”, ha asegurado. Ni Díaz ni Garzón forman parte de Podemos, que aun formando parte del Ejecutivo ha querido expresar su rechazo al refuerzo del papel de España dentro de la OTAN.