Sánchez y Robles fueron atacados con Pegasus en los meses de la crisis con Marruecos y los indultos a los presos del ‘procés’
Las supuestas infecciones de los teléfonos del presidente y de la ministra de Defensa se produjeron en mayo y junio de 2021
El escándalo del supuesto espionaje a políticos y dirigentes en España con el virus Pegasus ha dado este lunes una vuelta de tuerca inesperada al anunciar el Gobierno que los teléfonos institucionales y encriptados de Pedro Sánchez y Margarita Robles también habían sido infectados por el programa de origen israelí con el que supuestamente se atacó los dispositivos de más de 60 independentistas catalanes. En su comparecencia ante los medios, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha detallado que el móvil del presidente del Gobierno registró dos “intrusiones”, en mayo y junio de 2021, mientras que el terminal de la ministra de Defensa sufrió “una intervención” en junio de ese mismo año. En esos meses el Gobierno se enfrentaba a dos momentos críticos de la legislatura: la crisis con Marruecos por la inmigración irregular y la concesión del indulto a presos del procés.
El 17 mayo de 2021, el primer mes en el que se tiene constancia de un supuesto ataque con Pegasus al teléfono de Sánchez, cerca de 8.000 inmigrantes ―muchos de ellos menores de edad― entraron de manera irregular en Ceuta ante la pasividad de la Gendarmería marroquí y desencadenaron una crisis migratoria y política inéditas con el país africano. Sánchez se vio entonces obligado a suspender su agenda internacional y desplazarse a la ciudad autónoma, donde se desplegaron varias unidades del Ejército de Tierra para ayudar en las labores de control a una Guardia Civil y una Policía Nacional desbordadas.
En aquel momento se vinculó la laxa actitud de las fuerzas de seguridad marroquí en la frontera con la decisión del Gobierno español de acoger al líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, de 72 años, aquejado de covid-19. La información sobre la llegada de Gali desde Argelia a España y su posterior ingreso en un hospital de Logroño con una identidad falsa fue filtrada desde Rabat, aunque nunca se supo cómo pudo obtener esa información. En aquel momento nadie mencionó el programa Pegasus, pero la organización no gubernamental Amnistía Internacional ya había acusado en junio de 2020 a Marruecos de usarlo para espiar a Omar Radi, un periodista crítico con el régimen.
Meses después de conocerse la llegada de Gali a España y de la crisis migratoria, el consorcio de periodistas Forbidden Stories y Amnistía Internacional denunciaban que los servicios secretos marroquíes habían utilizado Pegasus para espiar, entre otros, el móvil del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Aquellas informaciones apuntaban a la existencia de cerca de 50.000 teléfonos potencialmente infectados por los servicios marroquíes de inteligencia mediante el programa de la empresa israelí. Marruecos negó siempre haber contratado Pegasus.
Indultos del ‘procés’
También en mayo de 2021, coincidiendo con la llegada de Pere Aragonès a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno puso en marcha el mecanismo para conceder los indultos a los nueve condenados por el procés que seguían en prisión, una decisión con un evidente coste político. En aquellos momentos, el Ejecutivo central buscaba la argumentación para adoptar la medida, que finalmente se hizo por razones de “utilidad pública”: es decir, que el indulto era positivo para el interés general porque podía ayudar a resolver el conflicto en Cataluña. La medida fue finalmente aprobada en la reunión el Consejo de Ministros del 22 de junio, mes en el que tanto el teléfono de Sánchez como el de Robles fueron infectados por Pegasus. Entonces, se situaba a la titular de Defensa como la integrante del Ejecutivo más alejada de esta decisión, aunque finalmente la apoyó.
El informe que ha destapado el espionaje a los móviles de Sánchez y Robles ha sido elaborado por el Centro Criptológico Nacional (CCN) ―el organismo dependiente del CNI que garantiza la seguridad de las comunicaciones de los altos cargos― y de él se concluye que las intromisiones “son ajenas a los organismos estatales y no cuentan con autorización judicial”. “Por eso las calificamos de ilícitas y externas”, ha subrayado Bolaños. El ministro de Presidencia no ha concretado más sobre la autoría. Tampoco lo hace la Abogacía del Estado en la denuncia que ha presentado por la mañana en la Audiencia Nacional para que se investiguen los hechos.
Los independentistas fueron espiados cinco meses antes
El supuesto espionaje con Pegasus a los independentistas catalanes, desvelado el 18 de abril por el informe de Citizen Lab (el grupo de seguridad de la Universidad de Toronto, en Canadá), se produjo también en diversos momentos clave para el movimiento secesionista. No obstante, solo uno, el que sufrió el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, fue durante el desafío que concluyó con la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. El resto de los ataques se desató a lo largo de 2019 y 2020 (terminaron cinco meses antes de que los sufrieran Pedro Sánchez y Margarita Robles). Para entonces, los líderes del procés ya habían sido neutralizados por la vía judicial y el embate al Estado amainaba.
No obstante, otras fechas en las que se produjeron intentos de intromisión son significativas. Así, el expresidente de la Generalitat Quim Torra sufrió ocho ataques, todos ellos entre abril y julio de 2020. En aquel momento aún estaba al frente del Govern, pero la Junta Electoral Central le había retirado unos meses antes su acta de
diputado en el Parlament tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un año y medio de inhabilitación por desobediencia por negarse a retirar del balcón del Palau de la Generalitat un cartel a favor de los políticos independentistas presos. En el momento de la supuesta intromisión, la oposición reclamaba un adelanto electoral.
El abogado Gonzalo Boye —defensor del propio Torra y de Carles Puigdemont, entre otros dirigentes independentistas—, sufrió 18 intentos de infección entre enero y mayo de 2020, y uno más con éxito el 30 de octubre del mismo año. En esos meses, Boye ejerció de abogado del exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, y mantuvo numerosos
encuentros presenciales y por videoconferencia con líderes independentistas catalanes, entre ellos el huido Puigdemont. Además, tres días antes del último ataque, uno de sus clientes, Josep Lluis Alay, jefe de la oficina del expresidente catalán, fue arrestado en la Operación Volhov, en la que se investiga el supuesto desvío de fondos públicos para los gastos de Puigdemont en Bélgica.
Más confusa es la supuesta motivación del ataque, el 2 de diciembre de 2020, al móvil del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. Aunque un día después de la infección su partido votó a favor de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, la formación vasca ya había anunciado con anterioridad que los apoyaría.
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